Ese día, Manuel Antonio Noriega se convirtió en el “líder máximo de la lucha de liberación nacional”: la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento le designó Jefe de Gobierno y Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa, y declaró el “estado de guerra” en la República de Panamá, “mientras dure la agresión desatada contra el pueblo panameño por el gobierno de los Estados Unidos”.
De ese modo, a Noriega se le otorgaron “poderes extraordinarios de urgencia”, y se le facultó para emprender acciones para hacer frente “a la agresión”; coordinar la labor de la administración pública; nombrar ministros, viceministros, directores y jefes de la Fuerza Pública; coordinar con el Presidente de la República –que decorativamente seguía siendo Francisco Rodríguez- las relaciones exteriores del país; negociar contratos, acuerdos internacionales y convenios; ordenar instrucciones judiciales; convocar y asistir con derecho a voz y voto al Consejo de Gabinete, a la Asamblea y a los consejos y juntas comunales… En definitiva, a tomar decisiones “sobre cualquier materia o circunstancia”, según consta en la Resolución No. 10 aprobada el 15 de diciembre de 1989 por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento.
La Asamblea decretó que los poderes dados a Noriega cesarán, una vez terminen los “actos de agresión externa e interna contra el país”.
La última vez que se otorgaron poderes similares fue a Omar Torrijos, entre los años 1972 y 1976, previó a la negociación de los tratados canaleros Torrijos-Carter. Entonces la relación con Estados Unidos era muy diferente a la de ahora.
En la Resolución No. 10 se anotó que Panamá “vive en un real estado de guerra, bajo el acoso permanente del gobierno de Estados Unidos de América, cuyos soldados no solamente violan a diario la integridad de los tratados Torrijos-Carter, utilizando el territorio panameño para lanzar acciones bélicas a todos los Estados vecinos, sino que pisotean nuestros derechos soberanos”.
Las relaciones con Estados Unidos se tensaron desde que el 4 de febrero de 1988 un jurado de Miami acusó a Noriega de tener vínculos con el narcotráfico. Un mes después, el Gobierno estadounidense adoptó sanciones diplomáticas y económicas, que incluyen la suspensión de pagos de derechos del Canal al gobierno panameño y el congelamiento de cuentas bancarias en bancos de Estados Unidos. Lo último fue la designación de Fernando Manfredo –entonces subadministrador- como administrador del Canal a partir de enero de 1990, en detrimento de Tomás Gabriel Altamirano Duque, el candidato propuesto por los militares. También se prohibió que barcos de bandera panameña atracaran en puertos estadounidenses, a partir de febrero de 1990. Washington descalificó la nominación de Altamirano Duque, por considerar que era propuesto por un gobierno ilegítimo instaurado como consecuencia de la anulación de las elecciones del 7 de mayo.
La oposición panameña, en tanto, advertía que con Noriega empoderado, el país se encaminaba a una dictadura fascista.
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