En su revista El Mosquito, el poeta Ricardo Miró, solía dedicarle punzantes versos a lo que él calificaba como el corrupto gobierno de Florencio Arosemena (1928-1931). Los defensores del gobierno de Arosemena respondieron con sus propios influencers creando la publicación Kangarú, para contraatacar las populares diatribas del bardo panameño. La pelea arreció cuando Miró intensificó sus denuncias por la incapacidad manifiesta del gobierno de Arosemena para enfrentar una terrible epidemia de viruela que azotaba al país.
Casi un siglo después los cuestionamientos a los políticos del gobierno de turno, por vía de los nuevos medios digitales, ha despertado un furor que amenaza con restringir la libertad de expresión de todos los panameños. Intentar silenciar a un comunicador, o acallar a un medio de información particular es el comienzo de una tiranía.
En gran parte del siglo XX, Panamá careció del pleno ejercicio de la libertad de expresión. Aunque ocasionalmente existían gobiernos tolerantes a casi todas las vertientes de opinión. Fue muy común que se persiguiera a los comunicadores y activistas de corte progresista, organizadores sindicales y expresiones nacionalistas.
Con el golpe de 1968, que llevó al cierre de periódicos y radioemisoras, se creó una confusa y ambigua prensa estatal que desarrollaba el doble rol de defensa del gobierno militar, y de cobertura de la realidad nacional. No fue hasta el veranillo democrático de finales de la década de 1970, que aparecieron los medios impresos: Ya, La Prensa, Alternativa de Miguel Antonio Bernal y varios medios radiales independientes como Radio Mundial y Radio Libre. Es preciso recordar ese activismo que el académico Bernal hacía por la libertad de expresión y los derechos humanos de todos los panameños, desafiando con protestas la llegada del Sha de Irán a Panamá, acudiendo a la calle a producir Alternativa en vivo, en la escuela República de Venezuela, por haber sido censurado por el gobierno de entonces, y mil otras acciones que combinaban el periodismo con la lucha por las libertades, incluso a costa de un riesgo permanente a su vida.
Con la restauración de la democracia de 1989, siguieron vigentes normas restrictivas de la libertad de expresión, tales como la limitación del ejercicio del periodismo, las leyes que castigaban penalmente la calumnia y la injuria, y distintas otras formas de censura como el favoritismo en la repartición de anuncios y propaganda estatal, y la limitación de acceso a la información pública, en manos de los servidores del Estado.
Cambio de contexto jurídico
En 1985 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una influyente opinión consultiva la OC-5/85 en la que determinó que la colegiación obligatoria de los periodistas violaba la libertad de expresión, al igual que el requisito de educación formal en la carrera de periodismo. En aquel momento la Corte dijo que: “El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Panamá decidió el 24 de junio de 1994, en una reñida votación de 5 votos a favor y cuatro en contra, que la colegiación obligatoria establecida para los abogados (y por ende para todas las profesiones), era inconstitucional. De esta forma la Corte panameña se ponía a tono con las tendencias más recientes de los derechos humanos.
El camino de la libertad de expresión y del derecho a la información sigue teniendo grandes escollos. Aunque existe una Ley 6 del 2002 que promueve la Transparencia y el Acceso a la Información, es común que los servidores públicos la incumplan sin mayor consecuencia. Igualmente la Ley 22 del 2005 le impide a los funcionarios, o quienes administran fondos públicos, el querellar por calumnia o injuria, pero nuevas formas penales, como los delitos de violencia de género, o los reclamos civiles por daños y perjuicios, siguen sirviendo de mecanismos de hostigamiento y acoso contra los periodistas, medios de comunicación, y los críticos sociales.
Nueva tecnología con viejos problemas
Con la llegada de una doble revolución en la tecnología de telecomunicaciones, se combinaron la telefonía celular y el internet. Literalmente cada celular se convirtió en una cámara de televisión, y cada cuenta de red social se transformó en un despacho de un corresponsal o en un ejercicio de opinión sin filtro. Los medios tradicionales han intentado darle cabida a este nuevo ejercicio de expresión con espacios como “Reportero ciudadano” o “El Periodista eres Tú”.
Sin embargo estos espacios no han sido suficientes para una nueva generación de jóvenes con una visión distinta de los asuntos públicos y con mayores exigencias hacia los gobernantes y las empresas.
Ese activismo comunicacional, o periodismo de acción, enfrenta dos mundos distintos como concepciones muy diferentes del poder. Aquel viejo paradigma del periodista estatua que debía observar la comisión de un delito, o la realización de una atrocidad sin actuar, ya fue superado.
La censura sigue disfrazándose de distintas formas, por ejemplo, el diputado Javier Sucre presentó un anteproyecto de ley para sancionar a los que graben y divulguen imágenes de accidentes, riñas o eventos que bien pueden ser de interés público. Hoy en día sin las imágenes de celulares no se conocerían muchas de las atrocidades y abusos de las autoridades.
Sin embargo, la propuesta de Sucre no está sola. El Estado panameño ya practica la censura ampliamente. Por ejemplo, una jueza de garantías ordenó al periodista Rolando Rodríguez y a La Prensa dejar de publicar la imagen del abogado Janio Lescure y continuar investigando el supuesto acto de corrupción que Lescure había presuntamente expuesto en una conversación grabada en España.
Por otra parte, el Ministerio Público le impuso al periodista Mauricio Valenzuela una medida cautelar que equivale a censura, la que consiste en no acercarse a la diputada Zulay Rodríguez o publicar sobre ella, porque se invocó la protección contra una supuesta violencia de género.
El periodismo panameño está vivo en las redes sociales, en los programas radiales, noticieros televisivos, sitios de internet y en las páginas de heroicos periódicos. La persecución y el ataque a las opiniones críticas son realidades que hasta Ricardo Miró conoció. Esa es la lucha que merece esta patria tan pequeña para que todos sus hijos e hijas sean personas libres.
