La firma de un memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y la Superintendencia Financiera de Colombia ha generado inconformidad entre algunos gremios empresariales, que están solicitando la remoción del cargo del superintendente de seguros, José Joaquín Riesen.
El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), del que forman parte la Asociación de Abogados Internacionales, la Asociación Bancaria de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Bolsa de Valores de Panamá, entre otros, advirtió de los efectos que ha tenido el memorando en una carta remitida al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Basados en el alcance del acuerdo, funcionarios del regulador colombiano inspeccionaron una empresa de seguros establecida en Panamá. En la diligencia, los funcionarios colombianos “no solo pidieron información técnica sino que entraron a solicitar información de pólizas específicas de clientes de la empresa así como copia de las actas de junta directiva y de accionistas entre otra documentación”, relata la misiva.
El Cosip, que en otras ocasiones ha rechazado las peticiones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sobre el intercambio de información, señala que el memorando contraviene la estrategia nacional para “no permitir que funcionarios extranjeros realicen inspecciones de cualquier índole dentro del territorio nacional para no debilitar así la soberanía nacional”.
Esa estrategia se ejecuta a través de la Comisión de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales (Candsif), en la que la Superintendencia de Seguros tiene un puesto principal.
La ley que regula el sector de seguros, en tanto, faculta al superintendente para “promover la celebración de convenios, acuerdos de cooperación e intercambios de información con otros organismos nacionales e internacionales, que puedan fomentar el mejoramiento de las actividades supervisadas”.
Gian Castillero, asesor de la Cancillería de la República, dijo que en los sectores de banca, seguros y valores es habitual la firma de este tipo de convenios con el fin de poder supervisar a empresas que tienen presencia en el extranjero. “Se hacen para poder verificar la salud tanto estructural como financiera de las empresas y evitar riesgos en el sistema... Son herramientas útiles no solo para países extranjeros, sino para la administración panameña cuando es el regulador de origen de entidades que tienen presencia en el exterior”, acotó.
También señala el Cosip que el memorando “se negoció y firmó a espaldas de la industria de seguros, del Candsif y del resto del país”.
Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Panameña de Aseguradores, —gremio que no forma parte del Cosip— dijo que antes de celebrarse el convenio “no se nos pidió opinión sobre el particular”. Detalló que conocieron del mismo posteriormente a través del propio superintendente y que como gremio no se había establecido ninguna posición, ni a favor ni en contra, sobre el memorando. Esta semana, luego de que circulara la carta del Cosip, varios representantes del gremio fueron invitados a una reunión por el superintendente en la que este expuso su posición.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que envío la carta del Cosip al Candsif, donde fue discutido el asunto. Apuntó además que el Ministerio de Economía y Finanzas no es competente para evaluar la remoción del superintendente.
En el seno del Candsif se acordó que cuando en el futuro se firmen acuerdos de este tipo, se hará más énfasis en la divulgación para que todos los miembros de la comisión estén al tanto y se determine si pudieran tener incidencia con otras negociaciones.
Consultado sobre un eventual choque entre el memorando firmado por la Superintendencia de Seguros y la negociación entre Panamá y Colombia de un acuerdo para el intercambio de información, Castillero negó cualquier afectación por tratarse de materias diferentes. El abogado concluyó que no cree que se haya tomado ninguna medida que justifique la remoción del cargo del superintendente, quien ayer, a pesar de los intentos de este diario, no ofreció su versión.
