El Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Estos dos estamentos son claves en la estructura que se gesta para reforzar la lucha contra el lavado de capitales.
Estos movimientos surgen luego de que en junio de este año el Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluyera a Panamá en una lista de territorios con debilidades en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El Decreto Ejecutivo 947 reorganiza la UAF. No obstante, esta seguirá adscrita al Ministerio de Presidencia, a pesar de que el Gobierno había dicho que sacaría la UAF de esa institución luego de los cuestionamientos por la falta de autonomía y por la filtración de investigaciones que afectaron al presidente de la República, Juan Carlos Varela.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, confirmó que la UAF se mantendrá en Presidencia, pero con “independencia y autonomía”. El ministro dijo que en las recomendaciones del Gafi no se especifica a qué entidad debe estar adscrita la UAF. Argumentó además que tomando en cuenta el trabajo hecho en los últimos seis meses, “que ha sido halagado por distintos organismos internacionales, se decidió mantener el estatus para poder seguir demostrando los avances”.
Sobre la reorganización misma de la entidad, De La Guardia apuntó que se derogaron todos los decretos que en su momento estaban vigentes y se incluyó todo lo referente a la UAF en un solo decreto. Se creó, además, la figura del subdirector y se listó el perfil que deben tener tanto el director como el subdirector.
El abogado Carlos Barsallo coincidió con el ministro en que las recomendaciones no señalan dónde debe estar la UAF. “Sí son más específicas en las características que debe tener, como la autonomía y un carácter técnico”, añadió.
Barsallo, que destacó la importancia de dotar a la entidad de analistas, dijo que se esperaba que quedara fuera del Ministerio de la Presidencia y recordó que las superintendencias de Bancos y de Valores mejoraron una vez que salieron de los ministerios de los que dependían. Para Barsallo, no se debe depender de las personas que están en cada momento en las entidades, sino de reglas permanentes.
Comisión de alto nivel
A través del Decreto Ejecutivo 948, el Gobierno reorganiza la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
De La Guardia, que preside la comisión en calidad de ministro de Economía y Finanzas, dijo que con la reorganización se busca incluir “únicamente a las instituciones más relevantes en materia de prevención, tomando en cuenta que este es un comité para asesorar al Ejecutivo en materia de prevención y tomar decisiones a nivel político”.
Además del titular de Economía o su viceministro, la comisión está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de la Presidencia, el presidente del Consejo de Coordinación Financiera —que es el superintendente de Bancos—, el procurador general de la Nación y el director de la UAF.
Barsallo apuntó que la estructura le parece positiva, pero insistió en la ejecutoria, “que es de lo que siempre se adolece. Decretos nunca nos han faltado”. La situación actual, recordó, es similar a la vivida en el año 2000, “cuando se hicieron decretos, leyes y toda una estructura que, dijimos, era la necesaria. 14 años después estamos haciendo estructura y decretos. Esto no es en sí ni bueno ni malo, pero sí insuficiente”.
Para el abogado, la estructura creada no cambiará nada si no se utiliza de manera eficaz y efectiva. “El único documento que necesitaría tenerse a mano es una sentencia condenatoria en firme que incluya a todos los que sean encontrados responsables de blanqueo de capitales, incluyendo al banco, y otros profesionales, además del delincuente primario”.
En la actualidad, con los casos de corrupción que se están revelando sobre funcionarios del gobierno anterior, el sistema está ante una prueba de fuego para determinar si los cambios en el marco legal se terminan reflejando en una lucha efectiva contra el lavado.
