La directiva de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) manifestó ayer su preocupación por la inacción del Gobierno panameño ante las medidas discriminatorias de Colombia.
Esto, en referencia a la reciente extensión del arancel mixto colombiano a la importación de calzados y textiles hasta noviembre de este año, el cual tenía vigencia hasta hoy. La decisión de Colombia atenta contra los dos fallos favorables a Panamá de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A la nueva presidenta del gremio empresarial de la ZLC, Usha Mayani, no le sorprende que Colombia haya tomado la decisión de extender la medida, pues entiende que es “la táctica de dilatación” que ha adoptado este país contra Panamá en la última década.
Usha Mayani
Presidenta de la Asociación de Usuarios de la ZLC.
Pero su mayor preocupación, continúa, radica en que mientras Panamá estudia qué medida de retorsión aplicará, Colombia actúa y defiende sus intereses: “Es una decepción muy grande para la empresa privada en ZLC”.
La empresaria manifiesta que “Colombia está actuando y Panamá sigue pensando qué va a hacer (...). Desde que salió el fallo favorable, (el Gobierno) debería haber pensado en qué medidas de retorsión se podrían tomar en el caso de que Colombia decidiera continuar con el arancel”.
Mayani espera que el asunto de las medidas de retorsión que se podrían aplicar se trate el lunes, cuando se reúna la junta directiva de la ZLC.
El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, quien en las últimas semanas se ha reunido con los usuarios de la ZLC y otros gremios empresariales para analizar las medidas de retorsión que se podrían tomar, indicó que hay varias alternativas para ejecutar. Empero, aún no se ha confirmado cuáles serán.
Cifras estimadas de la administración de ZLC advierten que el impacto de la medida colombiana desde marzo de 2013 hasta hoy es de aproximadamente $350 millones ($325 millones en calzados y unos $25 millones en textiles).
Severo Sousa, vicepresidente de la Asociación de Usuarios, considera que Panamá debe hacer las demandas por daños y perjuicios que correspondan y que “ya es hora de que Colombia entienda que esto cuesta y que le cueste, para ver si de esa forma se somete un poco más a cumplir con los acuerdos de los cuales es signatario”.
Asimismo, advierte que “Colombia está desconociendo la autoridad de la OMC; desconoce sus acuerdos ante la OMC”, y que “la OMC debe ser más firme en exigirle a Colombia que cumpla cuanto antes”.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) indicó que divulgaría en un comunicado sus consideraciones ante la decisión de Colombia, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
NUEVA PRÓRROGA
La ministra de Comercio de Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó al diario El Espectador que su país decidió extender la vigencia de la medida el pasado miércoles 27, cuatro días antes de su vencimiento.
Colombia argumenta que la medida es necesaria para combatir el comercio ilícito y el blanqueo de capitales, y que la extensión de su vigencia se debe a que aún no hay consenso entre el Gobierno y los gremios empresariales sobre qué alternativa se aplicará para suplir la que la OMC ya consideró como “violatoria”.
El 7 de junio, el Órgano de Apelación del organismo dijo que Colombia no probó que este arancel mixto no era necesario para combatir el comercio ilícito. Técnicos de Panamá y Colombia se encuentran en un proceso ante la OMC para llegar a un acuerdo de cara al fallo. Lacouture dijo que si no se logra, “la OMC establecerá un árbitro para que se defina el procedimiento a seguir para cumplir lo establecido por ellos”, señaló Lacouture. El plazo que tiene este árbitro, explicó la ministra, es de seis meses.
El 30 de marzo de este año, en medio del proceso de apelación, Colombia ya había extendido la vigencia del arancel.
