Cuando su investigación sobre corrupción y sobornos en Petrobras las llevó a los más altos niveles de la compañía petrolera estatal, las autoridades brasileñas supieron que estaban ante algo grande.
Pero nadie podía adivinar hasta dónde llegaría el rastro de la corrupción fuera de Petrobras… hasta ahora. La semana pasada, agentes federales que investigaban la confabulación detuvieron al senador Delcidio do Amaral, aliado clave de la presidenta Dilma Rousseff, junto a André Esteves, el multimillonario y heterodoxo financista que dirigía BTG Pactual, el mayor banco privado de inversión de Latinoamérica.
Oferta de coimas, intento de interferir con testimonios y conspiración para ayudar a un delincuente convicto a huir del país son los delitos de los que se los acusa, y que no estarían fuera de lugar en una telenovela en horario estelar.
Los brasileños conocen el libreto. El jefe de la mayor empresa constructora del país ya está tras las rejas por presunto fraude contractual y corrupción relacionada con el escándalo de Petrobras.
Entre los otros reclusos está un puñado de directivos de empresa e integrantes de grupos de interés que fueron condenados o están siendo juzgados por formar un cartel –un club VIP, lo llamó un ejecutivo– para manipular contratos gubernamentales y controlar las políticas públicas.
El economista brasileño Sergio Lazzarini llamó la atención a esta promiscuidad en su libro de 2010 sobre la forma en que los ejecutivos empresariales y sus patrocinadores políticos se habían vuelto interdependientes en una confabulación de larga data para hacerse de poder y privilegios dominando las instituciones públicas y arrinconando al mercado con créditos subsidiados.
Lo nuevo es hasta dónde al parecer está dispuesta a ir la camarilla del capitalismo mafioso para permanecer en la cima.
Conforme los fiscales ampliaban las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras, los ejecutivos e integrantes de grupos de interés encarcelados empezaron a salpicar a otros funcionarios. Uno de los que hablaron fue Néstor Cervero, exdirector de Petrobras sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero y corrupción, a quien presionaron los fiscales para que señalara culpables más importantes a cambio de una reducción de su sentencia. Cervero era el testigo soñado de un fiscal.
La policía sospechaba que había ayudado a Amaral a financiar su campaña política con dinero sucio del gigante petrolero. Y el propio Cervero les había dicho a los investigadores que Esteves, supuestamente había pagado sobornos para obtener la concesión de una cadena de estaciones de gasolina.
Para prevenir mayores daños, el banquero y legislador acorralado tenía al parecer un plan: a cambio del silencio de Cervero, Amaral le prometió al hijo de su compinche –que es abogado– que convencería a la Corte Suprema de liberar al exejecutivo de la petrolera. Amaral lo ayudaría entonces a huir al Paraguay, y luego a España, donde Cervero cuenta con la doble ciudadanía.
Aquí intervino Esteves, quien se supone ofreció pagar la factura de la tramoya: cerca de $1 millón en dinero no declarado y un estipendio mensual de cerca de $13 mil para la familia de Cervero.
El hijo de Cervero aceptó, pero grabó el plan en un teléfono celular oculto. Más tarde, cuando el arreglo fracasó, entregó a la policía la grabación completa de una hora y media.
El juez de la Corte Suprema Teori Zavascki ordenó de inmediato poner presos tanto al legislador como al banquero. Lo que desconcertó a los leales al gobierno fue que ni Amaral ni Esteves habían aparecido con anterioridad en la larga lista de sospechosos del escándalo de Petrobras elaborada por la fiscalía.
Sus arrestos sugieren no solo que la investigación está lejos de haberse completada sino también que el daño podría ser mucho más grave.
Durante los últimos trece años, Amaral se desempeñó como consejero de confianza del Partido de los Trabajadores, que está en el poder, apagando incendios tanto para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como, más recientemente, para Rousseff.
Su detención sume en el caos la agenda legislativa del gobierno, incluyendo un ajuste fiscal archivado que es vital para restaurar la credibilidad del gobierno –y de Rousseff– y evitarle a un Brasil hundido en la recesión, una nueva rebaja de las agencias de calificación crediticia.
Esteves, por su parte, era reverenciado no sólo como genio financiero sino también como generoso donante de campaña: BTG Pactual puso cerca de $2.5 millones para la reelección de Rousseff.
Tan entrelazadas están la imagen de Esteves y la marca del banco, que su arresto hizo que las acciones de BTG Pactual se desplomaran –habían caído 35% hasta el lunes– y despertó temores de un eventual colapso, cuyos efectos se extenderían a todo el sector financiero.
Esteves renunció a su puesto de titular del banco el lunes, mientras los ejecutivos de la institución evaluaban la venta de activos para reducir pérdidas. Estos son los peligros del capitalismo al estilo brasileño: cuando los secuaces caen, el sistema se estremece.
El juez federal Sergio Moro, que tiene a su cargo la causa del escándalo de Petrobras, puede haber tenido esto en mente cuando comparó la campaña para desterrar la corrupción con la imagen evangélica de Juan el Bautista "predicando en el desierto".
No podrá obtener argumentos de Murilo Ferreira, el respetado ejecutivo del sector minero que en marzo fue elegido para presidir la junta directiva de Petrobras y transformar su cultura empresarial, pero que pronto se encontró con una muralla y finalmente renunció el lunes.
Tal vez, la analogía de Moro resulte pesimista. Cuando se conoció la noticia del plan de Amaral y Esteves para manipular a la Corte Suprema, el tribunal completo votó en forma unánime por mantener el arresto de Amaral, con lo cual este se convirtió en el primer senador en funciones en ser encarcelado.
Y cuando el senado se reunió para opinar sobre ese fallo sin precedentes, los legisladores, excompañeros de Amaral, evaluaron la posibilidad de mantener su veredicto en secreto, pero temiendo represalias del público, pronto acordaron dar a conocer el resultado de la votación. Este fue de 59 a 13 para mantener en prisión a Amaral.
