En medio de tensas relaciones comerciales con Colombia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará hoy a la Asamblea Nacional el proyecto para ampliar el alcance de la Ley 58 de 2012, que contempla las medidas de retorsión que puede tomar el país contra Estados que apliquen medidas discriminatorias.
“Se trata de una ley que ha sido consultada con diversos sectores por más de un año y que nos permitirá salvaguardar mejor a Panamá y defendernos mejor de las medidas discriminatorias que han sido adoptadas por otros países en los últimos años y que pudieran surgir eventualmente en el futuro”, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, en un comunicado difundido ayer.
La nueva legislación facultará al Ejecutivo para utilizar varios mecanismos de retorsión: medidas arancelarias, migratorias o laborales. Estas disposiciones serán aplicables a los Estados que discriminan o implican una lesión a los intereses económicos o comerciales de Panamá, derivadas principalmente del incumplimiento de acuerdos o tratados vigentes de carácter fiscal o comercial.
En este sentido, uno de estos países es Colombia. En octubre de 2014, el país sudamericano incluyó mediante decreto a Panamá en su lista de paraísos fiscales, junto con naciones como Barbados, Emiratos Árabes o Kuwait. La razón: la ausencia hasta entonces de un acuerdo fiscal entre ambos.
Otro flagelo en la relación entre Panamá y Colombia -y que aún sigue sin resolverse- se había iniciado en 2013, cuando las autoridades colombianas aplicaron, también por decreto, un arancel mixto a la importación de textiles y calzados desde la Zona Libre de Colón (ZLC).
Esto motivó que Panamá iniciase en junio de 2013 una disputa comercial con su vecino ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En medio de las consultas al respecto, las autoridades panameñas resolvieron suspender la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) con Colombia.
En noviembre de 2015, la OMC falló a favor de Panamá y decretó que el arancel excedía los límites arancelarios aplicables. Colombia apeló el fallo en enero de este año, y en medio de esta instancia resolvió extender por cuatro meses la vigencia de la medida, que ha impactado a las finanzas de la ZLC.
El 7 de junio pasado, el Órgano de Apelaciones de la OMC volvió a fallar a favor de Panamá. Pese a ello, Colombia extendió una vez más el arancel mixto el pasado 29 de julio hasta noviembre, argumentando que para entonces habrá elaborado una nueva medida que le permita proteger sus industrias del comercio ilícito, el lavado de activos y la subfacturación.
DECRETO Y ANTEPROYECTO
Ante la presión de los empresarios de la ZLC al Gobierno panameño de tomar medidas de retorsión y la negativa de Colombia de acatar los dos fallos en su contra, el Consejo de Gabinete aprobó el 2 de agosto el proyecto de ley que se presentará hoy en la Asamblea Nacional.
Asimismo, decretó que a partir del 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre se incrementarán los aranceles a sus topes máximos permitidos a la importación de cuatro rubros: flores (de 15% a 30%); prendas de vestir (10-15% a 30%); carbón mineral (de 0% a 15%) y cemento sin pulverizar (de 0% a 30%). Esto aplica solo para los países con los que Panamá no tiene un acuerdo comercial suscrito.
El Consejo de Gabinete tendrá la responsabilidad de determinar las medidas que se aplican a un Estado que discrimine contra Panamá.
De La Guardia precisó en el comunicado que el proyecto de ley contempla incrementar sustancialmente los impuestos a los dividendos y a las remesas que envían desde Panamá ciudadanos de esos países, regalías e intereses. Además, se mantienen las restricciones a las contrataciones con el Estado y al otorgamiento de nuevas licencias o concesiones a las empresas originarias de esos países, así como cualquier otra medida que crea conveniente el Consejo de Gabinete y que sea cónsona con el derecho internacional.
