El gobierno panameño remarcó que colaborará con cualquier proceso judicial derivado de las investigaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el centenar de medios convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que revelan la participación de la firma de abogados Mossack Fonseca en complejos entramados a través de sociedades offshore, para supuestas actividades irregulares.
“Panamá apoya firmemente la decisión de los gobiernos de investigar a sus ciudadanos, en caso de que los mismos sean sospechosos de actividades criminales, incluyendo la evasión fiscal”, indicó el vicecanciller –y actual canciller encargado- Luis Miguel Hincapié, en una nota dirigida el pasado martes 5 de abril a Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.
“Ese debe ser el enfoque de la OCDE, no las leyes particulares de Panamá, que no son ni menos transparentes ni más secretas que las de otros centros financieros importantes”, agregó.
Autoridades del Reino Unido, Bélgica, Francia, Australia, Nueva Zelanda, España, Suecia, India, México, Costa Rica y Panamá ya anunciaron la apertura de investigaciones sobre las personas y las empresas mencionadas en las investigaciones del ICIJ.
Para Hincapié, la OCDE, "en su afán de presionar a Panamá a doblegarse ante su estándar de intercambio automático de información", tilda al país como una jurisdicción que permite una "cultura de secretismo", una insinuación falsa "fácilmente demostrable".
"Cabe aclarar que no hay un solo aspecto de la cultura o leyes panameñas que haya dado lugar a las supuestas malas prácticas en los informes publicados por el ICIJ", recalca el vicecanciller en la carta al secretario general de la OCDE.
Gurría se refirió a Panamá como “el último gran reducto que sigue permitiendo ocultar fondos offshore”, y que por esa razón, la OCDE había llamado la atención a Panamá en varias oportunidades.
El gobierno panameño, a través del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, también anunció que se aplicarían medidas de retorsión a aquellas jurisdicciones que incluyan a Panamá en sus listas de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El año pasado, Panamá actualizó su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Las reformas abarcaron la aprobación de siete nuevas leyes, que incluye la regulación de sectores no financieros -como las firmas de abogados- y la creación de un régimen de custodia de acciones al portador.
Como resultado de los cambios legales, el país salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
