En un contexto económico retador, Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, detalla las estrategias destinadas a contener el crecimiento de la deuda, proteger la calificación crediticia y asegurar la estabilidad económica de Panamá en los próximos años.
En entrevista con La Prensa, afirmó que la meta es reducir el déficit, moderar el gasto y atraer inversión extranjera. Con un plan fiscal de largo plazo, el gobierno busca frenar el aumento de la deuda y preservar el grado de inversión internacional.
Chapman también analiza el peso creciente de los subsidios y beneficios estatales, advirtiendo que, sin reformas, estos pondrán en riesgo las finanzas públicas. Propone una revisión técnica para garantizar que la ayuda llegue únicamente a quienes realmente la necesitan.
¿Este presupuesto qué desafíos trae para el año 2026? ¿Las premisas principales del crecimiento económico y déficit fiscal son realizables?
Sí, se pueden cumplir. El presupuesto descansa sobre premisas clave, tanto globales como locales. A nivel internacional: un entorno de paz, una economía global en crecimiento, un comercio mundial en expansión, tasas de interés con tendencia a la baja e inflación baja. A nivel local: mantener la estabilidad macroeconómica y lograr un crecimiento del 5% nominal y 4% real.
Si comparamos el presupuesto con el año anterior y descontamos tres factores extraordinarios —el incremento del servicio de la deuda (que se cuadruplicó en los últimos cuatro años), el nuevo aporte del Tesoro al Seguro Social para garantizar las pensiones, y los aumentos automáticos de salarios por ley—, el gasto prácticamente no crece (menos de 1%). Esto lo convierte en un presupuesto prudente, no austero, pero sí enfocado en lograr, por primera vez en 14 años, un superávit primario, es decir, un saldo positivo antes del pago de intereses. Ese superávit es fundamental dentro del plan estratégico de gobierno para ordenar progresivamente las finanzas y reducir el crecimiento de la deuda hacia finales de la década.
¿Cuánto se prevé pagar en intereses en el presupuesto?
Aproximadamente 3,600 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo rubro más importante después de Educación. Este monto supera incluso lo asignado a Salud o a Obras Públicas. Es un reflejo del incremento excesivo de deuda, pero también de la presión ciudadana para que el Estado gaste más, otorgue subsidios, incentivos y excepciones. Esta dinámica, comparada por el ministro con una “droga” adictiva, no es sostenible y exige tomar medidas de prudencia fiscal.
¿Han logrado la meta de reducción del gasto y de la planilla estatal?
Sí. La planilla estatal se redujo en 4,088 personas y el monto del pago de la planilla total también disminuyó. Puede parecer poco, pero en términos de finanzas públicas es relevante. Como ejemplo, Ecuador acordó con el FMI reducir su planilla en 5,000 personas teniendo una nómina que es el doble de la de Panamá; nuestro país logró un recorte proporcionalmente mayor sin un acuerdo con el Fondo, lo que demuestra disciplina fiscal y voluntad de ajuste ordenado.
Sobre los aumentos automáticos por ley que significan gastos por 300 millones de dólares, ¿planea el Ejecutivo reformar esta política?
Lo ideal sería reformarla. Sin embargo, para hacerlo se necesita apoyo ciudadano y respaldo de la Asamblea Nacional.
Algunos ministerios reflejan baja ejecución presupuestaria. ¿La circular del MEF pidiendo acelerar pagos implica un cierre fiscal anticipado?
No. El cierre sigue siendo el 31 de diciembre. La circular busca una administración más exigente del presupuesto para maximizar la ejecución antes de fin de año y reducir al mínimo las cuentas por pagar. El objetivo es romper con la costumbre histórica de acumular deudas al final del ejercicio fiscal, lo que genera ineficiencia y problemas de flujo de caja.
¿A cuánto ascienden hoy las deudas del Estado con el sector privado?
Siempre existen deudas dentro de un ciclo normal de pagos (30, 60 o 90 días). Sin embargo, al inicio de la actual administración se heredaron cuentas atrasadas por varios años, incluso de gestiones previas, que sumaban cerca de 800 millones de dólares. Estas se pagaron para evitar la quiebra de pequeñas empresas. El plan es que ese nivel de acumulación no se repita, manteniendo las obligaciones dentro de plazos operativos normales, lo que también permitirá negociar mejores precios y condiciones con los proveedores.
¿Cómo avanza la lucha contra la evasión fiscal y cuánto se ha logrado recaudar?
Hasta junio, la recaudación de impuestos y aduanas creció más del 7%, revirtiendo la tendencia negativa de años anteriores. Esto se logró gracias a una mejor gestión, uso de tecnología, más inspectores en la calle y medidas innovadoras como la lotería fiscal, que busca cambiar la cultura tributaria del país. No hay planes de aumentar impuestos por el momento.
¿Qué pasa con los subsidios y beneficios estatales?
El gasto en subsidios equivale casi a lo que el Canal de Panamá aporta al Tesoro. Algunos subsidios son esenciales para los sectores más vulnerables, pero otros podrían estar beneficiando a personas que no los necesitan. El gobierno está realizando un análisis técnico para determinar si los recursos se están asignando de la forma más eficiente, aunque aún no hay conclusiones.
Panamá está a un escalón de perder el grado de inversión. ¿Se ha evitado?
Hasta el momento, sí. Mantener el grado de inversión es un logro importante que muchas veces los panameños damos por sentado, como si las cosas ocurrieran “por arte de magia”. Llevamos más de un año de gestión y, pese a que se había perdido la calificación de riesgo de una de las calificadoras por casi año y medio antes, hemos logrado conservar las otras dos.
Este resultado ha sido reconocido y aplaudido internacionalmente, aunque quizá no hemos hecho suficiente divulgación en el país para que se entienda su relevancia. Mantener la calificación ha permitido reducir la prima de riesgo, lo que se traduce en menores tasas de interés y, por lo tanto, un menor costo de financiamiento no solo para el Estado, sino también para el sector privado. Esto beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las familias panameñas que acceden a créditos.
Panamá no ha emitido bonos este año, pero sí ha usado otras fuentes de financiamiento. ¿Por qué?
Actualmente se consiguen costos más bajos con créditos bilaterales y financiamiento en el mercado local. Emitir bonos globales a mediano o largo plazo con las tasas actuales no sería estratégico, dado que hay consenso en que los intereses bajarán. Algunas operaciones se han hecho en otras monedas, como euros, porque incluso con el costo de cobertura cambiaria resultan más baratas que en dólares.
Tras salir de las listas del GAFI y de la UE, ¿se ha recuperado la confianza internacional?
Sí. Panamá ha recuperado reputación y credibilidad, lo que atrae inversión extranjera de calidad. Ya se observa el regreso de bancos europeos y el interés de multinacionales de primer orden. Este logro, fruto de años de trabajo y persistencia, es fundamental para generar empleo y crecimiento.
¿Cuál es su postura sobre ajustes salariales en el Tribunal Electal y la propuesta de la compensación de las jubilaciones en la Corte Suprema de Justicia, que solo fue suspendida y no eliminada?
La postura sigue siendo la misma que he comunicado públicamente desde el inicio. Primero lo hice de forma directa y privada, conversando con varios magistrados de la Corte Suprema y también con autoridades del Tribunal Electoral sobre ajustes salariales y también cuando se produjo el aumento salarial de 4,000 dólares en la Corte. En ese momento, tuve una conversación telefónica con la magistrada presidenta para expresar mi opinión.
Entiendo que vivimos en un Estado con tres poderes y que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Electoral tienen autonomía legal, por lo que el Órgano Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en sus decisiones. Sin embargo, cuando me consultaron, di mi opinión no solo como ministro, sino como ciudadano preocupado, elaborando una argumentación lo más persuasiva posible sobre la inconveniencia de estas medidas para el país, para las finanzas públicas y para el entorno político y social.
En el caso del programa de retiro o compensación de jubilaciones, tan pronto me enteré de la propuesta, escribí a la presidenta de la Corte y más tarde conversamos por teléfono. Le reiteré mi postura, aunque reconozco que ellos tienen plena autonomía para decidir. Mi recomendación ha sido clara: evitar este tipo de incrementos en el contexto fiscal actual, porque generan presiones adicionales sobre el presupuesto y no son bien vistos por la ciudadanía, sobre todo en un momento en que el gobierno busca prudencia y disciplina en el gasto.
