Tras cuatro años de constante caída, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón (ZLC) parecen haber tocado fondo.
La única opción para sus usuarios es adaptarse a una nueva ecuación, sin la incógnita de qué revelarán sus dos constantes predominantes. Emerger.
Estas constantes son los mercados de Colombia y Venezuela, históricos motores del comercio del recinto.
La disputa comercial con el primero por un arancel mixto a la importación de calzados y textiles podría resolverse hacia el cierre del año; y los empresarios no esperan que el segundo pague su deuda en el corto plazo, monto que la Gerencia de la ZLC depuró hasta los $41 millones.
De mantenerse la tendencia de las cifras acumuladas al mes de agosto, lapso en el que las reexportaciones se contrajeron un 8% frente al mismo lapso de 2015, el año 2016 podría cerrar tablas” en este renglón. Y se confirmaría que la actividad encontró su suelo.
“Mi deseo sería ver que las cifras de 2016 nos reflejara tablas (en reexportación) con 2015, lo que indicaría que tocamos fondo y que los usuarios se están acomodando a la nueva realidad tras Venezuela y Colombia”, explica el gerente del recinto comerical, Surse Pierpoint.
Cifras preliminares de la ZLC revelan que en los primeros ocho meses del año, las ventas de la ZLC cerraron en $6 mil 755 millones, casi $600 millones menos que los $7 mil 350 millones del mismo período en 2015.
En tanto, las importaciones decayeron un 13%, al pasar de $7 mil 34 millones a $6 mil 117 millones. Al sumar las reexportaciones y la importaciones, la actividad en la ZLC entre enero y agosto fue por $12 mil 872 millones, un 11% menos que los $14 mil 384 millones un año atrás.
Al margen de que entre los años 2012 y 2015 el comercio con los mercados colombiano y venezolano se redujo en un 22.4% y 56.4% respectivamente, ambos se mantienen como socios fundamentales para las cerca de mil 500 empresas en la ZLC que se dedican a la compra y venta de mercancía.
Sin contar las ventas hacia Puerto Rico, que se concentran en productos farmacéuticos de alto valor, entre enero y agosto de este año Colombia figura como el principal socio, con $811 millones. Le sigue Panamá con $613 millones; Costa Rica con $447 millones; Venezuela con $410 millones; y República Dominicana con $327 millones. Más abajo quedan Guatemala, Estados Unidos, Chile, Honduras y Ecuador.
“Los usuarios se están acomodando a la nueva realidad. Ya no hay bonanza con Venezuela. No sé cuándo Colombia va a levantar las restricciones. ¿Me siento a llorar o me pongo creativo? Me voy a Cicaragua, Cuba... empiezo a ver qué pasa en Perú; miro qué puedo hacer en México. Cada uno ve qué hace”, analiza Pierpoint.
USUARIOS PIDEN MENOS COSTOS
Lo desea la Gerencia de la ZLC, para retomar el camino hacia la superficie, y lo confirma la Asociación de Usuarios, para denunciar la falta de oxígeno que aqueja a las empresas: “Hemos tocado fondo, sin duda”, subraya su presidenta, Usha Mayani.
Las empresas que conforman el gremio que lidera Mayani representan el 90% del comercio de la ZLC, que es la compra y venta. Sin embargo, estas son pequeñas empresas que facturan menos de $10 millones al año, y son, a su vez, las que padecen más las turbulencias comerciales globales y regionales.
En medio de la crisis, entre 2013 y 2015, la AU que presidía entonces Marco Téllez -predecesor de Mayani- anunció que en dos años se habían perdido 9 mil 200 empleos. Aunque ambos han reconocido al comercio mundial como uno de los factores de los despidos, le atribuyen también un rol fundamental a las decisiones de administraciones gubernamentales.
“Este tipo de cosas persisten si el Gobierno mantiene una serie de costos operativos, y al final eso va a seguir afectando. No solamente la ZLC tiene que ajustarse a la nueva realidad”, destaca Mayani.
Después de varios meses de negociaciones, entre diciembre de 2015 y marzo de este año el Gobierno redujo el costo de la clave de operación a la mitad; la tasa de aseo en un 50% y 33% en la de seguridad; se ajustó de $150 a $25 el cobro por entrada de contenedor; y se decretó un pago único de $15 por el formulario de declaración de movimiento comercial.
Estas reducciones suponen un sacrificio fiscal al erario público de $27 millones. A finales de marzo, y antes de abandonar la Presidencia de la AU, Téllez solicitó un ajuste del 50% en la tasa del terraje.
Desde el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se confirmó entonces que la petición se estaba considerando. Ahora, Mayani toma el lugar de su predecesor e insiste en que se ejecute la reducción, a fin de amortiguar el golpe cuando se toque fondo y lograr oxigenar a las empresas en la transición hacia la nueva realidad de la ZLC.