La industria panameña enfrenta un escenario de grandes retos: generar más empleos formales, atraer inversión extranjera y recuperar la competitividad en medio de crecientes exigencias regulatorias.
La seguridad jurídica, se ha convertido en un factor decisivo para garantizar la confianza de los inversionistas y evitar episodios como el paro laboral que asumieron los trabajadores de Chiquita Brands, que dejó a más de seis mil personas sin ingresos.
En este contexto, Rosmer Jurado, presidente electo del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), compartió en entrevista con La Prensa su visión sobre la necesidad de reglas claras, menos trámites y mayor estabilidad para que el sector pueda seguir siendo motor de crecimiento económico.
Jurado destacó que la industria manufacturera en Panamá genera 4,204 millones de dólares en valor agregado según cifras de 2023, representando 4.26% del producto interno bruto.
Alrededor del 53% del PIB manufacturero proviene del sector de alimentos.
Además, refirió que según un estudio hecho por Indesa, la industria manufacturera es el tercer empleador de la economía nacional, con 152,603 empleos, y en los últimos años se han incorporado 27 mil personas.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector industrial y en qué se enfocarán?
El sector industrial panameño tiene muchísimas oportunidades. Una de nuestras metas es generar más empleos formales, porque nuestra industria requiere personal capacitado en habilidades técnicas y eso implica entrenamiento, buenos salarios y estabilidad. Queremos también fortalecer nuestra capacidad tecnológica y humana, y al mismo tiempo que la industria sea un generador de riqueza a través del comercio exterior.
Siempre hemos dicho que Panamá no puede limitarse a un mercado de apenas cuatro millones de habitantes. Tenemos que pensar en exportar más, en abrirnos a otros mercados, porque allí está la oportunidad de crecimiento para la industria.
¿Qué condiciones necesita el sector para poder generar esos empleos y atraer inversión?
Lo que pedimos son reglas claras. El empresario panameño está listo para invertir, pero los trámites se convierten en un obstáculo. Por ejemplo, obtener un permiso de construcción o una autorización para ampliar una planta puede tardar uno o dos años. Eso desincentiva las inversiones y retrasa la generación de empleos.
Lo que le pedimos al Estado es muy sencillo: que nos deje trabajar dentro de la ley, pero que agilice los procesos. Necesitamos certeza en los tiempos y en los costos de inversión, porque un proyecto no es lo mismo si arranca en seis meses que si tarda dos años. Esa diferencia puede marcar que un inversionista decida apostar por Panamá o no.
En la Asamblea Nacional se han presentado iniciativas que generan dudas sobre la seguridad jurídica. ¿Cuál es la posición del SIP frente a estas propuestas?
Hemos alzado nuestra voz en contra de esas prácticas. No podemos ser competitivos si cada semana aparecen ‘leyes creativas’ que cargan al sector privado con más costos. Eso encarece la operación, reduce la productividad y nos hace menos atractivos frente a otros países.
La productividad en Panamá ya viene disminuyendo, igual que en otros países de la región. Lo que necesitamos es estabilidad, no improvisación. El sector privado no puede ser la caja a la que siempre se recurre para nuevas cargas fiscales. Hay alternativas: mejorar la recaudación, reducir el gasto innecesario del Estado y apostar a la eficiencia. El sector privado es quien genera riqueza y empleo; sin reglas claras y seguridad jurídica no podremos atraer inversión extranjera ni fortalecer la industria nacional.
Este año se vivió un bloqueo en Bocas del Toro que detuvo operaciones de Chiquita. ¿Qué lecciones dejó este episodio?
Lo que pasó con Chiquita nos dejó una lección muy clara: con la seguridad jurídica no se juega. Más de seis mil trabajadores se quedaron sin ingresos y ya se reflejan impactos en las exportaciones. Esa actividad económica representaba casi un 19% del sector y cayó a 10.7%.
Fue lamentable, porque una zona entera, que depende de esa actividad, sufrió las consecuencias. Aplaudimos que se haya alcanzado un acuerdo para que la empresa retome operaciones en 2026, pero es fundamental que ese acuerdo sea sostenible en el tiempo. No podemos volver a caer en la misma situación.
¿Cómo proyecta el futuro de la industria manufacturera en Panamá?
Tenemos expectativas de crecimiento. Las grandes obras que se están planteando, tanto por el Canal de Panamá como por el gobierno central, generarán mayor circulante en la economía, y eso es algo que hoy hace falta. Con más liquidez en el mercado, podremos hacer inversiones, ampliar plantas y contratar más personal.
Además, estamos convencidos de que debemos atraer empresas extranjeras que añadan valor en Panamá. Queremos que utilicen nuestra plataforma logística, que es una de las más competitivas de la región, para producir aquí y exportar al mundo. Eso ayudará no solo a crecer como industria, sino también a reducir la informalidad, que es un gran reto social.
