El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planea presentar la próxima semana a la Asamblea Nacional el anteproyecto que modificará la Ley 58 de 2002, que contempla las medidas de retorsión que puede tomar el país en caso de que otros Estados apliquen acciones discriminatorias.
Para hacerlo, el MEF debe esperar a que la resolución del Consejo de Gabinete del pasado martes sea publicada en Gaceta Oficial.
La propuesta de Gabinete surge tres días después de que Colombia decidiera prorrogar por cuatro meses -hasta noviembre- un arancel mixto a la importación de calzados y textiles desde la Zona Libre de Colón (ZLC). Esto, a pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya falló dos veces en su contra, y catalogó la medida como “violatoria”.
En sus fallos, el organismo desechó los argumentos de Colombia de que el arancel mixto aspira a combatir el lavado de dinero y el contrabando. Sin embargo, la ministra de Comercio de Colombia, María Claudia Lacouture, insistió ayer a la revista Semana en que la medida lucha en efecto contra el comercio ilícito, y defendió la extensión de su vigencia.
RECHAZO PANAMEÑO
Ante la postura de Colombia, el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, subrayó que el gobierno panameño “rechaza firmemente” que se haya prorrogado la medida, y lamentó “que los esfuerzos que hicieron ambos países no pudieran lograr un acuerdo para desmantelar la medida”.
Recordó además que Panamá ha denunciado a Colombia ante la OMC en tres ocasiones (2006, 2007 y 2013), y que, a excepción de la primera vez, cuando ambos países lograron un acuerdo en el período de consultas, el istmo ganó las disputas: “En todas las ocasiones Colombia ha presentado medidas dilatorias para acatar el fallo”.
Y el escenario que plantea Arosemena se repite en esta ocasión. Por ello, el Consejo de Gabinete aprobó por decreto incrementar los aranceles a sus topes máximos permitidos a la importación de cuatro rubros: flores (de 15% a 30%); prendas de vestir (10-15% a 30%); Hulla bituminosa -mineral similar al carbón- (de 0% a 15%) y cemento sin pulverizar (de 0% a 30%).
Estas tarifas estarán vigentes desde el 16 de agosto al 31 de diciembre de 2016, y solo aplicarán a los países con los que Panamá no tiene un acuerdo comercial vigente.
En este sentido, aclaró que el decreto no impactará a los empresarios de la ZLC, pues los productos que ingresan allí y se reexportan están exentos de impuestos de importación y exportación.
'YA NO NOS SENTIMOS SOLOS'
Justamente los empresarios de la ZLC son los que han sufrido los efectos de la medida colombiana. Cifras estimadas advierten que el impacto desde 2013 hasta la fecha es de aproximadamente $300 millones.
Ante las resoluciones del Consejo de Gabinete, la Asociación de Usuarios de la ZLC celebró ayer la decisión del Gobierno de modificar la Ley 58, pero reconoce que preocupa los tiempos que podría demorar el proceso de aprobación en la Asamblea Nacional.
En este sentido, respaldan la decisión del Consejo de Gabinete de incrementar por decreto los aranceles mencionados. “Ya no nos sentimos solos, y vemos con buenos ojos que el Gobierno se está levantando contra Colombia para defender los intereses del país”, dijo la presidente del gremio, Usha Mayani. “El decreto es más inmediato e importante, porque mientras lo otro se da, esto demuestra que Panamá se puede defender. Es un importante primer paso y aplaudimos tremendamente al Gobierno”, agregó.
APOYAN MODIFICACIÓN
El exministro de Comercio, y actual diputado de Cambio Democrático, Raúl Hernández, dijo estar de acuerdo con que se reforme la ley que contempla medidas de retorsión. “Es inaceptable que el gobierno de Colombia se esté burlando de Panamá de la forma como lo está haciendo. Cuando fui ministro, ellos querían que nosotros le diéramos toda la información de la Zona Libre de Colón, incluyendo quiénes eran los clientes, los suplidores, y toda las facturaciones que se hacían. Esto era entrometerse en los asuntos internos de nuestro país”, contó.
Por su parte, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Roberto Troncoso, mencionó que la actual ley que contempla la retorsión “es pura retórica y no tiene ningún contenido”, y recordó que “venimos diciéndole al [Órgano] Ejecutivo que hay que reforzarla. Sugerimos que había que hacerle reformas a esa ley para darle forma, para que tenga músculo, para decirle a estos países que discriminan contra nosotros, que también podemos adoptar medidas de retorsión con el mismo tratamiento que nos dan”.
(Con información de Eduardo Mendoza)
