Marc Harris, el financista estadounidense que levantó en Panamá un imperio dedicado a actividades propias del mercado bursátil sin contar con alguna licencia o permiso expedido por una autoridad reguladora, recuperó su libertad.
Documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, informan que en agosto pasado la condena de Harris fue reducida por “circunstancias” no reveladas.
Según el sitio en internet OffShore Alert, fue excarcelado el 15 de agosto y está obligado a fijar su residencia en Connecticut, pero podrá desplazarse a Florida, Massachusetts, Nueva York y Rhode Island sin autorización judicial.
En noviembre de 2003, en un juicio celebrado en Fort Lauderdale, Florida, un jurado de 14 personas halló a Harris culpable de 16 cargos de lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración para defraudar.
En mayo de 2004, el juez James Cohn lo sentenció a 17 años de prisión y al pago de $26.9 millones en multas. Tenía 38 años de edad.
Harris podía acceder a una rebaja de pena al cumplir el 85% de esta, lo que ocurriría en 2017. OffShore Alert atribuye la liberación anticipada del exconvicto a problemas de salud, “físicos y mentales”.
OffShore Alert fue la primera publicación que alertó sobre las actividades irregulares de The Harris Organisation en Panamá. Le atribuía un “agujero negro” de $25 millones en el manejo de las cuentas de sus clientes, la mayoría ciudadanos estadounidenses.
Desde sus amplias oficinas en avenida Balboa, Harris operó al margen de cualquier regulación. Decía haberse nacionalizado panameño, pero un agente del
Internal Revenue Services (IRS) declaró en el juicio, en Fort Lauderdale, que no se habían encontrado evidencias de que Harris renunciara a su nacionalidad estadounidense.
En el año 2000, la comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea presentó una denuncia contra el entonces procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, por supuesta infracción de deberes y abuso de autoridad por no atender una asistencia judicial del estadounidense Federal Bureau of Investigation (FBI) dirigida a la hoy extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), entonces bajo el paraguas del Ministerio Público.
En dicha solicitud, el FBI requería colaboración para investigar los vínculos de Harris con dos narcotraficantes confesos, quienes indicaron que invertían sus dineros en The Harris Organisation. Sossa instruyó expresamente al entonces director de la PTJ, Alejandro Moncada Luna –destituido como magistrado, condenado y encarcelado en el centro penitenciario El Renacer desde el año pasado, por otro proceso– que ignorara la asistencia del FBI.
Eventualmente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó un sobreseimiento provisional a favor de Sossa y este, poco después, fue autorizado para destituir a Moncada Luna como director de la PTJ.
En cuanto a Harris, finalmente, en junio de 2003, fue arrestado en Managua, Nicaragua, y deportado a Estados Unidos, en un operativo organizado por el IRS y la Policía del país centroamericano. La acción lo pilló por sorpresa en un semáforo de la capital nicaragüense, donde llegó con su esposa, nacida en Nicaragua.
Durante el juicio en Fort Lauderdale, el fiscal Gregory Tortella señaló que las pruebas presentadas demuestran que The Harris Organisation estableció y manejó compañías offshore y fideicomisos para que ciudadanos estadounidenses evadieran impuestos.
La evasión se extendió al negocio del gas refrigerante R-12, un negocio que Harris también manejó desde Panamá, con sus socios Aurelio y Joseph Vigna, ambos arrestados en Panamá y deportados en el año 2000. Con los Vigna, Harris evadió $5.9 millones.
Con Harris encarcelado, un juzgado penal en Panamá ordenó el secuestro de sus bienes en medio de un litigio que enfrentó a antiguos ejecutivos y abogados de la firma.
