Martinelli se va, sin cumplir sus promesas de transparencia

Ganó la silla presidencial con el eslogan de campaña “entran limpios y salen millonarios” y se estrenó como gobernante con un mazo en la mano. Hoy, cinco años después, Ricardo Martinelli abandona el Palacio de las Garzas, sin haber atendido muchas de las promesas que hizo sobre transparencia y combate a la corrupción.



“Durante la administración de Ricardo Martinelli, el tema de la transparencia fue tratado con un cinismo inusitado. Su gestión fue muy mala”, resume Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).



El año pasado, Panamá ocupó el lugar 102 en el Índice de Transparencia contra la Corrupción de TI; en el 2009, primer año de gobierno de Martinelli, el país apareció en el puesto 84. Basta una lectura al “Plan de Gobierno por el Cambio”, el documento que Martinelli empleó cuando buscaba los votos que lo llevaran al poder.



En ese documento, hay toda una página dedicada a la “Lucha contra la corrupción”, en la que clamaba por la “despolitización de las instituciones del sector público”, y rechazaba “el mal uso y abuso de los fondos públicos”.



En primer lugar, se comprometió a convertir la “Secretaría Nacional Contra la Corrupción” en una “Unidad Administrativa de Investigación” que actuara de forma “independiente, eficiente y con resultados certeros” en el combate de este flagelo.



Otra promesa interesante incluida en el plan fue establecer –como un “deber” – la presentación anual de un “informe de movimiento patrimonial” a todos los funcionarios “de manejo”; esto, adicional a la obligación ya existente de declarar sus bienes patrimoniales al iniciar y terminar cada gestión.



También habló de ampliar el “Nodo de Transparencia” para incluir información de todo funcionario –“incluyendo el Presidente de la República” – sobre el salario, gastos de representación, viáticos para misiones oficiales, vehículo y/o equipo estatal a su disposición, “y cualquier otro privilegio material otorgado como consecuencia de su cargo”.



Igualmente, propuso implementar un “sistema de motivación al ejercicio de la trasparencia y castigo a la corrupción”, y asociarse a los gremios y clubes cívicos para periódicamente divulgar una campaña de valores éticos.



Otra promesa incumplida fue la de “reducir” las partidas discrecionales y convertirlas en un “fondo especial para la atención de emergencias y desastres”, bajo el control de la Presidencia de la República.



Una investigación de este diario, basada en información dada a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas, probó que este gobierno repartió más de 400 millones de dólares a diputados, en época electoral.



También prometió eliminar el Fondo de Inversión Social y la partida discrecional del Despacho de la Primera Dama de la República. El primero, como se sabe, fue reconvertido en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y al segundo, le mantuvo una partida presupuestaria de 5 millones de dólares anuales.



Diversos gremios del país, como la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede), se pronunciaron a lo largo de estos cinco años contra la falta de transparencia en el manejo público.



Algunos de los ejemplos que han motivado las críticas contra esta administración son destacables. Es el caso de cuatro proyectos de ley con miras a combatir actos de corrupción en la administración pública que fueron ignorados por la Asamblea Nacional, dominada por la bancada oficialista de Cambio Democrático (CD), que preside Martinelli.



Desde 2009 –cuando CD mantenía alianza de gobierno con el Partido Panameñista– se mantiene engavetado el proyecto de ley 21 que crea la jurisdicción especial de integridad y transparencia para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el Órgano Judicial.



Otro proyecto engavetado es el 44, que modificaría artículos de la Ley 59 de 1999 relativa al enriquecimiento injustificado, que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política.



La misma suerte corrió el proyecto 45, cuyo objetivo es adoptar medidas para la protección de las personas que contribuyan a prevenir, denunciar, investigar o sancionar la corrupción.



En la Asamblea tampoco se han discutido tres anteproyectos de ley presentados por el diputado panameñista y ahora alcalde electo de la capital, José Isabel Blandón, entre ellos, uno que pretende prevenir el conflicto de intereses en el Gobierno.



En contraste, cuando se discutieron las reformas al Código Electoral, el Legislativo excluyó los artículos que promovían más transparencia en los procesos electorales –como el tope al gasto y la divulgación de donantes– y que fueron propuestos por representantes de partidos políticos y la sociedad civil en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.



FALTA DE DIVULGACIÓN



Otro talón de Aquiles en esta gestión ha sido la falta de actualización y publicación de información, como dicta la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia). La página en internet de la Presidencia de la República, por ejemplo, solo divulga información sobre algunos actos de Martinelli y obras inauguradas.



De la prometida información pormenorizada de los gastos de viajes oficiales del presidente, ésta es escasa y desactualizada. Solo se detalla el pago de viáticos a funcionarios del Ministerio de la Presidencia.



El año pasado, el Ministerio de la Presidencia, a cargo de Roberto Henríquez, rechazó una solicitud de información presentada por este diario para conocer fecha, destinos y escala de los vuelos realizados durante entre el 2009 y 2013 por el avión estatal Embraer EMB-135BJ Legacy (HP-1A).



Otro caso en el que el Gobierno guardó hermetismo fue sobre los pagos que debieron efectuar a la empresa italiana Finmeccanica por los polémicos contratos que se suscribieron en 2010 para comprar radares, helicópteros y un mapa digital a un costo de $250 millones de dólares.



Tanto los ministros de Economía y Finanzas y de Seguridad Pública, Frank De Lima y José Raúl Mulino, respectivamente, mantuvieron el velo a esta información, pese a la presentación de una serie de cuestionarios que les envió este diario, invocando la ley de transparencia.



LA MURALLA



A los medios de comunicación que cuestionaron la gestión gubernamental se les aplicó un cerco informativo. Y el propio Martinelli admitió en una entrevista que le había dicho a sus ministros que no atendieran al diario “de la opo”, como usualmente se refería a La Prensa.



“Yo le he dicho a la gente no contesten los cuestionarios... tú escribes de alelao (sic) la cosa y ellos agarran tu cosa y no ponen lo que tú pones”, dijo en su momento.



Su medida obedeció a que, a su juicio, La Prensa es un diario que está “secuestrado” por el empresario I. Roberto Eisenmann –uno de los fundadores del periódico–, a quien repetidamente llama “estafador, evasor de impuestos y ladrón”.



“Yo le recomiendo a todo el mundo que nadie le dé ni conteste ningún cuestionario que hace La Prensa, porque todos los cuestionarios que te hace La Prensa lo que tú contestes te lo cambian, no solo usan lo que tú dices para cambiar la información y tergiversar la información, porque ellos no tienen ningún interés en tener ninguna objetividad...”, sostuvo.



Y añadió: “el diario La Prensa mal informa, tergiversa y no es objetivo…el Panamá América [del que reconoció ser accionista en 2012] es el único que dice la verdad en Panamá”.