Una demanda arbitral por más de $50 millones que había interpuesto el consorcio CCE-IBT Group contra el Estado panameño fue retirada, informó anoche la empresa, decisión esta que aparentemente desconocía el Gobierno a esa hora.
CCE-IBT Group alegó incumplimiento del contrato que firmó en 2010 con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) –a cargo en ese momento de Federico Suárez–, para acondicionar y operar cuatro plantas estatales de producción de asfalto.
Con la llegada del nuevo gobierno, el titular del MOP, Ramón Arosemena, dijo que IBT había demandado al Estado por $30 millones, aunque luego se corrigió al alza: más de $50 millones.
La empresa reclama $35 millones de lucro cesante y $15 millones de inversión, reportó anoche el Gobierno tras conocer la decisión de IBT.
“Existe un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa [IBT] al no contar con la producción ni el mecanismo para implementar la calidad del asfalto solicitado”, dijo anoche Arosemena en un comunicado.
IBT había remitido también anoche un comunicado a La Prensa, en el que alega que “cumplió a cabalidad” el contrato al poner en funcionamiento las cuatro plantas.
Pero poco después llegó el comunicado del Gobierno, en el que asegura que “no se le ha notificado formalmente del retiro de la demanda de arbitraje por parte del consorcio CCE-IBT”.
El Gobierno –agrega– había designado ayer al árbitro del Estado, debido a que, mediante dos dictámenes periciales, se determinó el
“incumplimiento” del consorcio.
“Dado que las plantas de asfalto no fueron adecuadas a cabalidad, conforme a lo establecido contractualmente”, dice el comunicado.
Suárez, a través de una licitación, entregó en concesión las asfalteras al consorcio IBT Group y Constructor, Consulting & Engineering (CCE) con el compromiso de que el Estado le compraría el 80% de la producción. De no hacerlo –establece el contrato– la empresa deberá ser indemnizada.En el pliego de condiciones de esa licitación se indicó que sería un asfalto de especial calidad, identificado como “superpave”, que iba a sustituir el concreto como material predominante en la construcción de carreteras en el país, debido a “la mejor relación calidad/precio y el menor impacto medioambiental”.Pero, a pesar de la existencia del contrato, IBT se quejó siempre de que el Estado no le compró asfalto. Incluso, pese a que Suárez, desde que se inició su gestión, destinó millones de dólares a su compra para reparar calles y asfaltar carreteras de todo el país.Solo con el programa “Asfaltando tu Ciudad”, Suárez gastó $96.3 millones en 2009, y en 2010, a pesar del contrato con CCE-IBT, gastó más de $48 millones, según los pocos contratos a los que tuvo acceso este medio.
Uno de los beneficiados de este programa fue su tío Ricardo Suárez, con más de $11 millones en tres contratos. Pasados cuatro años del contrato con CCE-IBT, las plantas estatales ubicadas en Pacora y vía Centenario, en la provincia de Panamá; El Roble, en Aguadulce (Coclé) y Los Algarrobos, en Chiriquí, siguen sin funcionar.
Con la salida de Suárez del MOP en 2012, tras fuertes críticas a su gestión y los gastos millonarios, el expresidente Ricardo Martinelli salió en defensa de su socio comercial, al cual nombró asesor en la Presidencia.
“Las injusticias que se cometen... yo soy socio de Pepe [Federico José] Suárez. Tenemos una compañía de cemento, pero lo acusan de que está en el negocio del asfalto”, dijo Martinelli en una entrevista televisiva.
Una investigación de este medio reveló que Suárez y Martinelli tenían más vínculos comerciales, como el Centro Comercial Los Andes, en San Miguelito, donde termina la línea uno del Metro.
Este medio preguntó a Suárez en varias ocasiones sobre la falta de funcionamiento de la empresa, pero guardó silencio.
DEMANDA
Con la llegada de Jaime Ford al MOP, se rescindió el contrato a CCE-IBT por “incumplimiento”. Desde 2012, se le enviaron varias advertencias a la empresa, de acuerdo con la Resolución No. 11 de 2014, la cual notificó su decisión final de dar por terminado el contrato.
El documento señala que la empresa debió “entrar inmediatamente en posesión de las plantas de asfalto”,
toda vez que, “contractualmente, tenían un plazo de cuatro meses para adecuarlas y acondicionarlas para la producción de superpave”.
Cuestionado en su momento, José Ramón Brea, presidente de IBT, aseguró que las plantas estaban listas para despachar, pero que “no hemos realizado ningún despacho de asfalto”, sin mencionar las razones de ello.
Poco después, el consorcio demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.
Brea dijo haber invertido más de $20 millones en la adquisición de dos de las plantas y en la reparación de las otras dos. Incluyendo, dijo, poner en marcha un laboratorio de control de calidad del “superpave” y la contratación de consultores norteamericanos expertos en la materia.
En cuanto al mantenimiento de las asfalteras, Brea dijo que destinó unos $40 mil para el mantenimiento mensual de cada planta. Aseguró que las del Centenario y El Roble, en Aguadulce, tenían capacidad para producir 200 toneladas por hora.
En un recorrido de La Prensa en 2012 por las plantas de asfalto, se mostraba el deterioro y la evidente falta de producción.
Se intentó obtener la versión de Suárez, pero no contestó las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados a su celular. Por lo pronto, el MOP esta dispuesto a negociar con IBT, “siempre que el consorcio firme un finiquito y renuncie a nuevamente demandar”.
