Al menos ocho fincas sin acceso a electricidad, agua o vías de acceso pavimentadas, que no son más que potreros o montes, están siendo aceptadas como aval en el Órgano Judicial para dejar en libertad bajo fianza a numerosos sospechosos de delitos de alto perfil.
Luego de seis meses de investigación, La Prensa dio con las fincas y las visitó. Varias de ellas están ubicadas en zonas rurales e inaccesibles de Coclé, principalmente.
Las fincas se usan como garantía para que tribunales concedan fianzas de excarcelación a exfuncionarios, empresarios y políticos, así como a sospechosos de delitos, como narcotráfico y asesinato.
Las fincas son patrimonio de sociedades anónimas, como Inversiones La Auxiliadora, Reforestadora San Cristóbal, Inversiones Kristian, Ysidro, Juan Palito e Ioannis. Esta última, renombrada en octubre de 2012, como San Carlos Ecologic Properties, S.A. (Curiosamente, ni uno de los 41 lotes segregados de la finca de esta sociedad –que valoraron en su conjunto en cerca de un millón de dólares– aparece bajo su nuevo nombre).
Las sociedades que aglutinan los terrenos tienen elementos en común: en todas ellas se repite en algún momento el nombre de dignatarios, directores, tramitadores o apoderados legales.
LOS BENEFICIADOS
La Prensa investigó de forma aleatoria 100 fianzas de excarcelación otorgadas por los tribunales entre 2016 e inicios de este año, las cuales suponen un monto global de $5.1 millones.
Todos los terrenos que se usaron de garantía para otorgar las fianzas fueron recibidos por los jueces sin objeción alguna. Entre las sociedades más prolíficas estaban Inversiones La Auxiliadora y Reforestadora San Cristóbal. Esta última, con 18 fianzas de excarcelación por la suma de $2.7 millones.
Entre los que utilizaron estas fincas como garantía para su excarcelación están personajes envueltos en escándalos en el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social, y en el fallido proyecto Riego de Tonosí.
Por ejemplo, el coordinador político de Cambio Democrático Porfirio Bolita Ellis; su pariente Julio Ernesto Terrientes Ellis, así como el empresario coclesano Juan Carlos Marciaga, procesado en el caso del PAN.
Bolita Ellis es investigado por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado en el proyecto riego de Tonosí.
Mientras, Marciaga es procesado por la presunta comisión del delito de peculado. Manejó, al menos, 17 sociedades para obtener contratos en el programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y obtuvo $10 millones en contratos directos con el PAN en el pasado gobierno.
Otros que han usado fincas para obtener su libertad son el exgobernador de Coclé y empresario Richard Fifer, acusado, entre otros delitos y casos, de estafa; y el exdirector de Contrataciones Públicas Eldis Sánchez, este último sindicado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Para la excarcelación de Fifer se utilizó la finca 51068, a la que otorgaron un valor de $400 mil. Al igual que Fifer, Ellis y Marciaga usaron fincas de Reforestadora San Cristóbal, también valoradas cada una en $400 mil.
Ellis y Marciaga recibieron fianzas de $500 mil cada uno; y Fifer, de $100 mil.
También se suman quienes conformaron la presunta red de corrupción en el Órgano Judicial, en la que servidores públicos presuntamente cobraron dinero (entre 2 mil dólares y 7 mil dólares) a cambio de dar libertad a través de medidas cautelares o fianzas de excarcelación. Se detectó que por lo menos siete de 13 de los primeros sindicados utilizaron terrenos de estas sociedades.
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Todos ellos han salido uno por uno del centro penitenciario El Renacer o de las celdas de la Dirección de Investigación Judicial o de la sede de la Policía Nacional, gracias a estas fincas, que han sido sobrevaloradas para servir de aval a las excarcelaciones.
Y no son los únicos. Otros imputados de La Gran Joya o de La Joyita, sindicados por narcotráfico, homicidio y blanqueo de capitales han recuperado su libertad gracias a estas fincas.
Se pudo constatar que todos los beneficiados, de 21 fianzas en 2016 que ascendieron a más de medio millón de dólares, salieron de estos centros de rehabilitación. La muestra de las fianzas también se tomó aleatoriamente.
Estas fianzas de excarcelación se expiden como pan caliente en los juzgados penales y civiles, que respaldan sus acciones, entre otras cosas, amparados en el artículo 245 del Código Procesal Penal, sobre la fianza hipotecaria.
En el artículo se indica que el fiador debe presentar al tribunal una certificación de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas en la que conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones y la existencia de mejoras. Desde el 2010, Catastro se convirtió en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, (Anati).
Se preguntó al abogado de Ellis –Rogelio Cruz– sobre el proceso de negociación con los apoderados de las fincas para la excarcelación de su cliente, pero se desvinculó del tema indicando: “él [su cliente] lo hizo directamente. No tengo la menor idea de cómo fue. Insisto, él exclusivamente [hizo el trámite], yo no tuve nada que hacer con eso”.
Contrario a Cruz, el abogado de Marciaga, Rolando Rodríguez Chong, dijo que olvidó cómo tramitó la finca para liberar a su cliente.
Este diario llamó y dejó mensajes a la abogado María Eduarda Córdoba, pero no respondió.
NACEN SOBREVALORADAS
¿Se cumple con la norma o hay controles que se omiten? ¿Jueces y fiscales conocen la condición de estas fincas antes de aceptarlas? Al respecto, no hubo respuesta del Órgano Judicial, pero éste medio logró obtener documentos que pueden desvelar la ruta tras las transacciones.
Son fincas cuyo precio, en muchos casos, no sobrepasaba el centavo por metro cuadrado, pero que, de un plumazo, se convertían en costosos inmuebles, valorados en algunos casos en millones de dólares, revelan documentos del Registro Público.
Ninguno de los inmuebles tiene calle de acceso. En los casos de las fincas ubicadas en San Carlos y Coclé, los únicos caminos que existen los ha hecho una empresa para colocar postes de tendido eléctrico de alta tensión.
Los lotes que surgieron de la segregación de fincas madres en Coclé, en San Carlos (Panamá Oeste), así como en Herrera se encuentran en estado deplorable: los herbazales son su presentación y para llegar a estos, hay que emprender largas caminatas o viajar en carros de doble tracción que, con todo, difícilmente se logra llegar a las fincas, tras atravesar ríos y vías convertidas en lodazales.
Una muestra es la finca de Reforestadora San Cristóbal, valorada en $77.2 millones. Sus apoderados no escatimaron en hacer multiplicaciones desproporcionadas del costo de este terreno, cuyo valor original era únicamente de $329, se observa en el Registro Público. Ésta finca fue dividida en 193 parcelas, a las que se le otorgó un valor de $400 mil a cada una, pese a que cada lote tiene dimensiones diferentes.
Un recorrido por el área deja más interrogantes que la justificación de su elevado valor. Para ubicar el terreno, hay que recorrer un camino en carro durante más de media hora hasta llegar al pueblo de Llano Sánchez, en Aguadulce, provincia de Coclé.
De ahí, hay que emplear otra media hora –si el clima y el lodo lo permiten– por una vía de tierra improvisada que deja ver a lo lejos parte de la zona que sirve de garantía a las excarcelaciones en el sector de El Roble. De más está decir que los servicios básicos no llegan a éste.
Para llegar a este terreno, hubo que emplear dos días, ya que la lluvia impedía el acceso. El empleado de una finca cercana comentó que “por aquí no se ve a nadie; somos pocos los que andamos a caballo y otros en carros de doble tracción”.
Como ésta, hay más. La sociedad Ioannis posee una finca de 27 hectáreas que adquirió en $29 mil, en septiembre de 2003. El terreno fue dividido tres meses después en 41 lotes, valorados en suma de $927 mil. El lote No. 230669 –al que le dieron un valor de poco más de $26 mil– fue aceptado sin problema por los jueces, no para una, sino para seis fianzas, llegando, incluso, a sobrepasar su capacidad hipotecaria en más $37 mil.
Los documentos sobre este lote revelan en que el 1 de julio de 2015 se otorgaron tres fianzas que sumaron más de $23 mil, teniendo como aval este terreno. A al día siguiente entregaron otra fianza por $15 mil, cuya garantía era el mismo inmueble. Una semana después, se tramitaron dos fianzas más que sumaron $25 mil, sin objeción alguna.
¿Cómo las autoridades han podido verificar las condiciones de los terrenos? Se desconoce una respuesta debido a que ni el Órgano Judicial ni el Ministerio Público accedieron a una entrevista.
NEGOCIO, FRENTE A LAS NARICES DE LA JUSTICIA
La minería ilegal de oro no es lo único que atrae a muchos a Las Lajas, en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, un sector ubicado en la Cordillera Central que, aunque está en medio de la nada, fincas ubicadas allá son utilizadas como prenda hipotecaria o garantía para excarcelaciones tramitadas ante el Órgano Judicial.
Para llegar hasta allá, hay que hacer una larga caminata desde muy temprano, y rogar por cruzar a salvo dos ríos que, en época lluviosa, se tornan caudalosos y crecen repentina y peligrosamente.
Algunos de sus pobladores son amistosos, otros, desconfiados. No suelen ver a extraños en esa zona, donde residen unas 60 familias, muchas de ellas inmersas en la pobreza.
Desconocen que dos globos de tierra –allí donde viven– aparecen con avalúos millonarios, utilizados para excarcelar a personas o como fianzas hipotecarias en procesos civiles, a través de siete sociedades, entre ellas, Ysidro S.A. e Inversiones La Auxiliadora.
Una de las fincas –de 24.2 hectáreas, perteneciente a esta última sociedad– está totalmente aislada, pero de su valor catastral de 150 dólares en 2006, saltó a 2.9 millones de dólares en 2008, tras lo cual, ésta fue segregada en 65 lotes.
En los archivos de la finca madre se observa que en 2006 el tramitador de la propiedad ante el Registro Público fue Edwin Guerrero, nombre que se repite en varias otras gestiones ante el Registro con otras fincas que se utilizan para los mismos fines descritos.
Este coclesano está vinculado a las sociedades que tienen posesión de las fincas excarcelarias, ya sea como tramitador o como directivo.
En abril de 2007, un año antes de dispararse su valor, se registró una supuesta compraventa de la finca entre Ysidro, S.A. e Inversiones La Auxiliadora, por 2 mil dólares. Ysidro, S.A., precisamente, posee dos fincas más en la misma zona, de las que se segregaron 46 lotes que, en su conjunto, sus dueños los avalaron en casi un $1 millón.
Estas dos sociedades se suman a otras –como Reforestadora San Cristóbal, Inversiones Kristian, Juan Palito, Ioannis, así como una finca a nombre de Rodrigo Muñoz– que se utilizan para el rentable negocio de las fianzas.
Las compañías parecen vinculadas entre sí a través de personajes que se repiten en una y otra, así como en los planos. Estos poseen certificaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente –hoy Ministerio de Ambiente– en los que consta que las fincas se parcelaron con fines “agrícola forestal”. Además, se asegura que “estos globos de terreno serán utilizados para fines agrícolas y forestal, únicamente”.
Pero en el Ministerio de Ambiente, Carmen Prieto, directora de Administración de Sistema de Información Ambiental, confirmó que ninguno de los inmuebles de las sociedades mencionadas “tiene registro de inscripción en el Libro de Registro Forestal”.
VÍNCULOS
En la investigación se encontraron documentos fechados en 2003 en los que se observa que Guerrero –el tramitador– participó activamente en las sociedades como uno de los primeros directivos en Ysidro, S.A., que, incluso, le dio un poder para tramitar a su nombre. En las otras sociedades aparecía como tramitador ante el Registro Público.
Guerrero se negó a hablar con La Prensa con el argumento de que la gente podría pensar que tiene mucho dinero y “no es así”, aseguró.
Antes de terminar la breve plática, dijo que nada sabía sobre las fincas mencionadas y que hace siete años tuvo “suerte” de que las autoridades le dieron seguridad en su casa, pues lo habían vinculado a otras fincas sobrevaloradas, usadas para sacar presos.
En cambio, el abogado de Guerrero fue menos reservado. Melquicedec Bernal aceptó conocer posibles irregularidades en el uso de fincas en Coclé para excarcelar a personas, pero se desvinculó de los hechos. Aceptó que hace poco utilizó uno de los lotes perteneciente a Inversiones La Auxiliadora en un caso de Guerrero, aunque nada dijo sobre el hecho de que su cliente conoce bien esta sociedad.
Y es que Guerrero inscribió el terreno en el Registro Público en 2004, así como el pacto social de Inversiones La Auxiliadora, en 2007, según los documentos a los que este medio tuvo acceso.
¿Cómo conoció usted sobre éstas fincas?
Yo tenía el caso [de Guerrero], y una persona que conozco me recomendó este sistema y al representante legal de éstas fincas.
¿Usted tramitó directamente con Luis Noriega, apoderado de las fincas? De ser así, ¿cómo fue el trato?
El apoderado de la sociedad me atendió y me dijo que no me preocupara por nada. A mí, todos los documentos me llegaron [a Panamá] por Utrapep (Unión de Transportistas de Penonomé-Panamá), y yo los presenté y listo. Yo presenté eso ante el juzgado con un escrito diciendo que quería consignar esto y ya. El juez la tomó, verificó la documentación y la aprobó.
Cuando dice que el juez verificó la información de la finca, exactamente, ¿qué hizo? ¿Solo leer los papeles?
“Ellos leen y verifican”, dijo, sin brindar detalles.
Pero, ¿ustedes conocen el terreno?
“Yo, por mi parte, no la conozco. Sé nada más la ubicación que me dice el Registro Público, y ya”, respondió con una sonrisa nerviosa.
Tres meses después, este medio detectó que Bernal recurrió a la sociedad Ysidro, S.A., donde su cliente fue directivo. ¿También desconoce la condición de la finca? La duda no fue aclarada, ya que Bernal no volvió a responder las llamadas de este medio para concretar una entrevista.
Los habitantes de Las Lajas ignoran que las tierras que rodean sus empobrecidas casas estén valoradas en millones de dólares. Lo que sí saben es que, de la noche a la mañana, allá –en medio de la montaña– han aparecido compradores de tierras por las que pagan precios irrisorios.
“La producción de minerales es grande en el área y la gente va a vender al que traiga el dinero en la mano porque los trámites con los bancos demoran, es decir, el que lleva el efectivo los convence rapidito”, expresó un residente, que nada sabe sobre peritos visitando el área para ubicar los terrenos usados para sacar de la cárcel a imputados.
Aunque Guerrero trató de desvincularse de las fincas, hay quienes lo señalan como intermediario de éstas transacciones y hasta de “negociar” para conseguir más terrenos.
EL MONTE DE LOS MILLONES
También fue usado un terreno para excarcelar –con fianzas de 150 mil cada uno– a los exministros de Educación Salvador Rodríguez y Belgis Castro, entre 2009 y 2011, así como otros acusados, desde noviembre de 2009. La finca que sirvió de fianza fue valorada en $7 millones, según se reportó en el Registro Público su propietario, Rodrigo Muñoz, cuyo nombre se repite en, por lo menos, cuatro de las sociedades en las que también aparece Guerrero.
Un topógrafo consultado sobre el posible valor del terreno, calculó que, considerando sus características, como su desnivel, una elevación en su parte posterior, la falta de servicios públicos y las condiciones socioeconómicas del área, su valor no superaría los 600 dólares.
La finca –de 2.3 hectáreas– registrada a nombre de Muñoz, fue adquirida en mil dólares el 12 de noviembre de 2009, es decir, que pagó 5 centésimos por metro cuadrado. Pero cinco días después, su valor se disparó.
El terreno fue dividido en tres parcelas: dos de 1 hectárea cada una, otorgándole un valor de $3 millones por hectárea. Los restantes 3 mil tres metros cuadrados le dio un valor de $1 millón.
El 26 de noviembre de 2009, Muñoz reportó en el Registro Público que había “invertido en la siembra de 700 plantones de árbol maderable, teca, por un millón de balboas”, es decir, que el costo promedio por sembrar cada plantón fue de $1,428.
Pero si el Órgano Judicial hubiese hecho una inspección, habría constatado que en el lugar no hay un solo árbol de teca. Lo que sí abunda son matorrales que llegan hasta la calle de tierra y tosca que usan los residentes.
También se habrían dado cuenta de que se requiere de media hora para llegar al terreno desde la calle principal. Por la noche, nada alumbra la zona, pues no hay luminarias ni cuenta con ningún otro servicio público.
Los residentes manifestaron su disgusto por la desproporcionada valorización del terreno, pues es una zona claramente rural. Uno de ellos se preguntó “¿quién regula el abuso? Aquí no ha venido ninguna autoridad para ver si es cierto lo que dicen de este terreno, que no tiene ni un palo de teca”.
Otro residente deseó que “ojalá dieran ese valor a los terrenos de nosotros para ver si salimos de la pobreza, porque de eso sí hay por aquí, ni siquiera hay transporte, y los chiquillos tienen que caminar mucho para ir a la escuela y en la noche, ni salga, esto es una boca de lobo”.
Allí, en esa zona, varios residentes consultados por este medio coincidieron en que “el que compró eso fue Win [el apodo de Edwin Guerrero en el Copé]”.Y las anomalías en estos terrenos no parecen tener fin.
SIN CERTIFICACIONES
El director de Información Catastral y Avalúo de Anati, Franklin Jiménez, confirmó que ninguna de las fincas que poseen las sociedades antes mencionadas “han sido objeto de avalúo específico, por lo que dichas propiedades no pueden ser utilizadas como fianzas hipotecarias en procesos judiciales”. Pero el hecho es que sí se utilizan con ese fin específico.
Sobre las “costosas” fincas de Muñoz, el funcionario indicó que cada una tiene “un valor de 800 dólares”, el cual fue otorgado mediante resoluciones de junio de 2016 por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales. Nada hay por escrito sobre los $7 millones alegados en el Registro Público.
NEGOCIO REDONDO
El ex juez penal del Órgano Judicial Raúl Olmos indicó que es competencia de los fiscales revisar las ejecutorias de los jueces en los casos que manejan y hacer las respectivas apelaciones en caso de que no estén de acuerdo con las fianzas entregadas.
Olmos mencionó que las excarcelaciones se manejan muchas veces a discreción del juez, aunque esto está cambiando en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) –incorporado en septiembre de 2016 en la capital–, que está utilizando otras medidas cautelares.
¿Quién verifica la veracidad de esos documentos?
Nadie. Se confía en lo que se entrega.
¿Cómo se sabe que son papeles originales?
Bueno, ahí ellos tienen experiencia. El secretario judicial o el juez verifican. (Pero aclaró que ninguno se traslada a los terrenos).
¿Qué delitos se podrían estar cometiendo contra la administración pública?
Aquí habría varios delitos, entre ellos, falsedad de documentos públicos.
¿Acaso se está en presencia de un negocio redondo, frente a la mirada indiferente de la justicia? La procuradora Kenia Porcell no accedió a una entrevista sobre el tema, pero envió respuestas a un cuestionario.
“Son los fiscales quienes tramitan sus expedientes a nivel nacional. Podemos señalar, como Ministerio Público, que los fiscales no son los que señalan las fianzas y sus montos, le corresponde a los tribunales de justicia”, señaló la alta funcionaria.
En cuanto a las fianzas otorgadas por los fiscales, indicó que “cada fiscal, en cada caso, tiene su criterio frente a la medida, evaluando si es viable o no viable, y si el monto es cónsono con los medios de convicción de cada expediente. Por eso es que ellos apelan o no y esbozan su criterio”.
Se intentó entrevistar al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pero no hubo respuesta al medio.
El Libro Tercero del Código Judicial establece en su artículo 2162 que, al momento de inscribirse la fianza hipotecaria en el Registro Público, “la finca que sirva como garantía de una fianza hipotecaria deberá tener un valor equivalente al doble del monto de la fianza, libre gravámenes”.
Con la entrada en vigencia del SPA, se omite lo del doble del valor, pero se resalta en el artículo 245 del Código Procesal Penal que “la finca que sirva como garantía en una fianza hipotecaria deberá estar libre de gravámenes”. Además, se resalta que el fiador deberá presentar al Tribunal una certificación de la Dirección de Catastro (Anati), en la que “conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones y la existencia de mejoras”.
¿Se cumple esta norma antes de emitirse libertades? Cientos de autos de fianzas revelan algunas anomalías. Entre ellas, que los jueces recibieron certificaciones de paz y salvo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y de la Dirección de Ingresos, así como avalúos oficiales de Anati. Sobre esta última, sería imposible, ya que esa entidad no ha realizado avalúos a las fincas de las sociedades mencionadas.
GANANCIAS
Para tener un panorama más claro de lo lucrativo del negocio de las fianzas, el abogado penalista Carlos Carrillo explicó que conoce dos formas de pago a los fiadores: “Cuando a ellos le autorizan la finca [para darla en prenda], entonces uno le paga. Hay algunos que piden el pago por anticipado, pero regularmente se paga en dos partes, cuando sale la orden de libertad”.
Mencionó que “uno los contrata y se llega a un acuerdo de pago en porcentaje, el que sea, ya que varía de acuerdo al valor de la finca y el tipo de delito”. Los montos van del 10% hasta el 30%, pero que depende del caso, recalcó el abogado.
LOS APODERADOS
Este medio fue en busca de las personas que aparecen como apoderadas legales de las sociedades propietarias de los terrenos, entre ellas: Luminado Flores, Luis Noriega y Rodrigo Muñoz.
Los primeros contactados fueron Flores y Noriega, cuyos documentos vinculados a las fianzas dicen que ambos se pueden ubicar en una casa en Betania.
Ubicada diagonal al centro comercial El Dorado, está un local comercial que anuncia un taller de reparación de computadoras. Nada dice de actividades de abogados, aunque aquella era la dirección de los apoderados.
La persona que estaba en el lugar aseguró que ni Flores ni Noriega residían ni laboraban en el lugar y que desconocía las razones por las que se proporcionaba esa dirección a los juzgados.
¿Son amigos suyos?
Los conozco, no son mis amigos ni sé dónde viven. A veces me visitan, pero a saludar.
¿Han venido del juzgado para verificar información?
“Han venido como dos veces y se les ha dicho lo mismo. Yo no sé lo que está pasando, a mí no me dicen nada”.
Este medio también buscó otra dirección reportada por Noriega y Muñoz. Se trata de un edificio en una concurrida zona de El Carmen.Al llegar al lugar, no se encontró el edificio reportado y, al llamar al número de teléfono de la oficina aportado a los juzgados, el teléfono estaba desconectado.
CONEXIÓN SIN FIN
Las fincas excarcelarias no se han utilizado solo para imputados locales. También figura en la lista el italiano Mauro Velocci, quien denunció un escándalo de corrupción en torno a un contrato para la construcción en Panamá de cárceles modulares.
Velocci, exrepresentante en Panamá de la compañía Svemark –que iba a construir las cárceles modulares– fue acusado de divulgar correos entre el expresidente Ricardo Martinelli y el italiano Válter Lavítola, este último condenado en su país por el delito de extorsión en la que se vincula a Panamá.
El juzgado undécimo del Circuito Penal fijó una fianza a Velocci de $100 mil, a pesar de que éste se había ido a Italia en 2012. Para este proceso se utilizó la finca del comerciante Julio César Quijada, quien aseguró ser víctima de una “red” de estafadores.
Al momento de aceptarse la fianza como válida, el terreno ya no tendría capacidad para servir como garantía. El artículo 2162 del Código Judicial establece que “la finca que sirva como garantía en una fianza hipotecaria deberá tener un valor equivalente al doble del monto de la fianza, libre de gravámenes”.
En el mismo artículo se advierte que el fiador debe presentar al tribunal una certificación de la Dirección de Catastro (hoy Anati), en la que conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones y si el terreno tiene mejoras.
En agosto de 2012, cuando se fijó la fianza, el terreno ya reportaba una hipoteca en el Registro Público por 363 mil 500 dólares, de los 450 mil dólares que tenía de avalúo, es decir que se utilizó un 80.78% del total, por lo que solo tenía una capacidad de 86 mil 500 dólares, insuficiente para cubrir la fianzas.
Una revisión a la documentación muestra que el terreno tenía un valor de $65 mil. En diciembre de 2011, Quijada compró una hectárea en $180 mil, mientras sus vecinos pagaban $16 mil por cada 2 mil metros cuadrados adyacentes. Cuatro meses después de la compra del terreno, el 18 de abril de 2012, su valor aumentó, sin ninguna mejora, a cerca de medio millón de dólares. Y ocho días después de aumentar su valor, sirvió para empezar a sacar presos de la cárcel.
Quijada mencionó que desconocía el nuevo valor de su finca: $450 mil, y que hace un año le informaron que su morosidad al fisco ya iba por más de $30 mil. Pese a ello, los jueces aceptaron la finca como garantía de las fianzas que fijaron en más de 40 casos hasta el 2016, cuando Quijada se percató de las irregularidades.
El comerciante relató que se enteró por “casualidad” de lo que sucedía con su finca, porque intentó obtener un préstamo hipotecario en el que planeaba ofrecer de garantía su propiedad.
¿Usted conoce a Edwin Guerrero? Sí, lo conozco.
¿Es la persona a la que usted se refiere que lo engañó para poder hacer todos estos procesos de excarcelación?
“Yo pienso que él es el principal, la cabeza de esta red, porque esto es como una red. Ahí hay muchas cosas metidas, bufetes de abogados y bueno, que las autoridades investiguen”.
Denunció que había dado autorización –“por amistad”– solo para que actualizaran la finca, pero que se sobrepasaron. “Fue un abuso de confianza. Cuando me di cuenta, ya habían utilizado la finca de una forma irregular”.
¿Entregó usted su finca para servir de garantía en fianzas de excarcelación? No. Ahora me entero que se me falsificó un poder en una notaría en Panamá, (al) que nunca he ido.
¿Interpuso alguna denuncia?
Sí, ya mis abogados están trabajando en eso. ¿Cuenta usted con alguna certificación de Anati que indique que su finca se puede utilizar como fianza hipotecaria?
No, yo no tengo eso, no sé cómo consiguieron el avalúo en Anati, aquí debe de haber algo escondido.
¿Se siente estafado? ¡Por supuesto! Ahora no se puede hacer nada con esa finca porque está con esas fianzas y ahora hay que pagar los impuestos y los responsables no aparecen.
¿Quiénes son los responsables? Ahí aparece un bufete de abogados y deben salir los demás. A la persona que le confié [la finca] me hizo eso y no apareció más nunca. El negocio de él es ese: agarrar fincas ajenas y enredar a la gente. Las autoridades que investiguen los casos. Aquí nadie hace nada.
Aseguró que ningún funcionario del Ministerio Público, Anati o del Órgano Judicial le ha pedido información sobre su finca.
Como en otros casos, aparecen tramitando los mismos personajes que en las sociedades llamadas Reforestadora San Cristóbal, Inversiones Kristian, Ysidro, Inversiones La Auxiliadora, Ioannis y Juan Palito.
Se detectó que, en septiembre de 2013, Guerrero apareció con un poder especial para tramitar a nombre de Juan Palito, S.A. que se constituyó en fiadora en dos procesos penales que sumaron 32 mil dólares.
VACÍO LEGAL
En una revisión a las fianzas otorgadas, los jueces aseguran que entre los documentos entregados hay certificaciones de Anati, pero éstas no existen en esa entidad ni tampoco aparecen en el Registro Público.
Entonces, ¿cómo logran entregar certificaciones de la Anati a los juzgados cuando esa entidad no los ha expedido? ¿Cuándo se hacen las inspecciones a los terrenos? ¿Cuánto pagan al Tesoro Nacional? No hay respuestas, ya que los involucrados decidieron guardar silencio.
El director de Información Catastral y Avalúo de Anati, Franklin Jiménez, confirmó a La Prensa que en el caso de Ioannis, presentaron declaraciones de avalúos voluntarios y no específico como exige la ley, de doce fincas que fueron aceptadas en procesos judiciales.
Por su parte, el director General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, reveló que “la Ley no le ordena ni le exige” a esa entidad tener un registro de las personas naturales o jurídicas que sirven de fiadores en procesos civiles y penales, por lo que “para la DGI todas las fincas son iguales, no importa su uso”.
Cortés señaló que existe un registro digitalizado con la Anati para poder hacer las recaudaciones y una “excelente comunicación de sistemas” con el Registro Público, pero que este proceso no se incluye al Órgano Judicial.
Aunque confirmó que no tienen un control de las fincas que se usan para excarcelar, aseguró que en impuesto de inmuebles recaudaron alrededor de $166 millones el año pasado “que están nutriendo la descentralización municipal”.“Esa gestión de cobro abarca todo el universo de fincas del sistema, sin distingo de ninguna categoría en especial”, dijo.
Pero, contrario a lo dicho por Cortés, Quijada aseveró que aún no ha pagado ni un centavo al fisco por la finca valorada en $450 mil que ha excarcelado a más de 40 personas en cinco años.
