La Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli ante el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), como parte del proceso que se le sigue al exgobernante en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente ordenar escuchas telefónicas durante su mandato.
La notificación de la solicitud fue efectuada el pasado lunes ante el Departamento de Estado por la Embajada de Panamá en Washington.
Los trámites para cumplir con el pedido de extradición le tomaron cuatro meses a la Cancillería, luego de que el juez de garantías del proceso, Jerónimo Mejía, presentara la documentación el 26 de mayo de 2016.
El pedido de extradición promovido por el juez Mejía incluye una orden de detención provisional contra Martinelli, que fue emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2015.
La mayoría de las víctimas y querellantes dentro del proceso por las escuchas coincidieron en señalar que la llegada del pedido de extradición a Martinelli a EU representa un avance en medio de la lentitud con que la Corte Suprema ha manejado el proceso.
Rogelio Cruz, del equipo legal de Martinelli, sostuvo que lo actuado por la Cancillería es ilegal, ya que se ha violado el derecho a defensa de su cliente, toda vez que no se resolvieron varios recursos antes de presentar a Estados Unidos la solicitud de extradición.
VÍCTIMAS: SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ES UN AVANCE
Víctimas de los pinchazos telefónicos y querellantes en el proceso que por estos se le sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli calificaron como un avance y un paso importante en dicha investigación la entrega formal a Estados Unidos (EU), por parte de la Cancillería panameña, de la solicitud de extradición del exgobernante.
“Creo que es un paso importantísimo para que este señor [Martinelli] enfrente a la justicia y pague por los delitos y los abusos que cometió en su gestión. Ojalá pueda el Estado recuperar todo lo que le robó al pueblo panameño, amén de los daños que le hizo a la frágil institucionalidad del país”, sostuvo Mitchell Doens, ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien se adhirió a la acusación que el fiscal de la causa en este proceso, el magistrado Harry Díaz, presentó en octubre de 2015 contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y peculado.
El diputado panameñista José Luis Popi Varela también reaccionó: “Toda persona debe someterse a la justicia cuando es requerida por esta, así que espero que el señor Martinelli regrese y dé la cara. Aspiro a que la justicia, de la mano con el derecho, se apliquen correctamente y se den las garantías de un juicio justo y transparente, pero es importante que la persona requerida no evada la justicia y se presente ante esta”, indicó.
Balbina Herrera, ex candidata presidencial del PRD en las elecciones de 2009, dijo que “lo importante de esta solicitud de extradición de Ricardo Martinelli es el pedido de detención provisional. Eso es, para mí, lo fundamental, porque no puede ser que esté riéndose de nosotros en Miami. Esperamos que las autoridades estadounidenses tomen la decisión que sea, pero ya es un avance después de muchos meses de espera”, dijo.
La solicitud de extradición, presentada por la embajada de Panamá en Washington el pasado lunes 26 ante el Departamento de Estado de EU, incluye la detención provisional del exmandatario, ordenada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 21 de diciembre de 2015.
El catedrático de la Universidad de Panamá Miguel Antonio Bernal, otra de las víctimas de los pinchazos, dijo: “No tengo ninguna expectativa de que el proceso prospere”.
“Si aquí se hubiese querido procesar en verdad al señor [Ricardo] Martinelli, primero, no lo hubiesen dejado ir. Segundo, le hubiesen cancelado el pasaporte, cosa que aún no hacen, y el magistrado de la Corte que funge como juez en ese proceso ya lo hubiese imputado y no lo hizo... Cómo va a hacer Estados Unidos para aceptar la extradición de una persona que no ha sido imputada, al menos que ellos alteren su ley, cosa que no creo que haga”, advirtió.
Mientras, Ángel Álvarez, abogado de la dirigente magisterial Yadira Pino (también víctima de las escuchas), alegó que si no se produce la detención de Martinelli, la solicitud de extradición no se concretará.
Álvarez detalló que la detención del exmandatario es el primer paso y lo importante del pedido de extradición que la Cancillería debe pedir ante Estados Unidos.
En tanto, Carlos Herrera Morán, abogado del dirigente médico Mauro Zúñiga, cuyas comunicaciones también fueron interceptadas, calificó como un poco tardía la decisión de la Cancillería, ya que el pleno de la Corte ordenó tramitar la extradición hace varios meses.
Sin embargo, opinó que se trata de un gran avance en el proceso y que ahora las autoridades estadounidenses deben evaluar la documentación enviada al Departamento de Estado y honrar el convenio de extradición suscrito con Panamá.
NOTIFICACIÓN Y SILENCIO
En tanto, la Cancillería panameña confirmó este martes la notificación a través de la Embajada de Panamá en Washington al Departamento de Estado de EU de la solicitud de extradición del expresidente Martinelli.
Este diario llamó al embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla, a su despacho en la sede diplomática, y se le dejó mensajes con su secretaria, pero no contestó. También se le llamó a su celular.
En la Cancillería panameña tampoco hicieron mayores comentarios sobre la solicitud de extradición entregada al Departamento de Estado de EU, bajo el argumento de que pudiesen afectar el debido proceso.
Ahora, el pedido debe recorrer un procedimiento por varios estamentos del Gobierno de EU. (ver tabla).
La solicitud de extradición, que remitió el magistrado juez de garantías en el proceso, Jerónimo Mejía, señala que “se tiene conocimiento” de que Martinelli
“se encuentra en la siguiente dirección: 2025 Brickell Ave, 1901, Miami, Florida, Estados Unidos de América” Martinelli salió de Panamá el 28 de enero de 2015 con destino a Guatemala, para participar en una sesión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), organismo en el cual posee una curul como diputado gracias a su condición de expresidente de la República.
Posteriormente, Martinelli se radicó en Miami.
DEFENSA: PEDIDO DE EXTRADICIÓN ES ILEGAL
Por su parte, el equipo de abogados que lleva la defensa legal del expresidente Martinelli en este caso alegó que el proceso de extradición está viciado, ya que el fiscal de la causa, Harry Díaz, no cumplió con la fase de imputación de cargos y el Código Procesal Penal señala que sin imputación no puede haber detención ni tampoco extradición.
Rogelio Cruz, quien actuó como vocero de los defensores legales, dijo que el pasado viernes presentó un recurso de protección de los derechos humanos a favor de Martinelli ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte.
Cruz detalló que la Cancillería se resistió a recibir todos los recursos presentados contra el proceso administrativo de extradición y con esta decisión violó el derecho a la defensa de su cliente.
Detalló que en el escrito presentado ante la Sala Tercera pidió la anulación de los actos por los cuales la Cancillería decidió no remitir al máximo tribunal de justicia una advertencia de inconstitucionalidad, un escrito de oposición a la extradición y un recuso de reconsideración contra la admisión de la solicitud de extradición.
El abogado dijo que si este recurso no surte el efecto esperado, acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los atropellos en este proceso Recordó que desde el principio del proceso advirtieron que no se había cumplido con las normas del sistema penal acusatorio, pero el fiscal de la causa insistió en proseguir con el caso.
Indicó que sistema penal acusatorio es de carácter garantista, aunque en esta causa se violaron todos los procedimientos en perjuicio de su cliente. Cruz anunció que los abogados de Martinelli en Estados Unidos continuarán la batalla legal para impedir su extradición a Panamá.
ACUSACIÓN
Según el escrito de acusación formulado por el fiscal de la causa en este proceso, Martinelli habría ordenado a miembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para las interceptaciones de comunicaciones.
La acusación señala que el exgobernante habría establecido un aparato organizado de poder, a través del cual giraba instrucciones al CSN para ejecutar estas actividades ilícitas, que violan los derechos humanos.
La defensa del expresidente ha negado todos estos señalamientos del fiscal.
