Las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron ayer la apertura de investigaciones para deslindar responsabilidades, luego de las revelaciones sobre la actuación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, protagonista de una investigación periodística internacional.
La Procuraduría General de la Nación dijo ayer que los hechos descritos en las publicaciones “serán objeto de investigación penal, con el propósito de comprobar la existencia del hecho punible, averiguar todas las circunstancias que sirvan para su calificación y consecuentemente, descubrir a los autores o partícipes, así como todo dato que contribuya a identificarlos e individualizarlos, determinando la extensión del daño económico causado por el delito”.
La dependencia dirigida por Kenia Porcell afirmó en un comunicado que utilizará los instrumentos y técnicas de investigación a su alcance “a fin de agotar las investigaciones y exigir la responsabilidad penal correspondiente”.
De acuerdo con la investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), más de un centenar de políticos y funcionarios de todo el mundo, además de empresarios y figuras del deporte mundial habrían manejado fortunas de forma secreta a través de sociedades offshore constituidas por la firma panameña.
La Procuraduría dijo que cumplirá con los tratados y convenios de asistencia legal mutua, ratificados por la República de Panamá, y diligenciará todos los requerimientos de cooperación internacional.
Este instrumento se utilizará también para “obtener la información de otras jurisdicciones, que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso”.
Por otro lado, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), iniciará auditorías a firmas de abogados para verificar el cumplimiento de la obligación de conocer a los clientes a los que les crean sociedades.
Así lo informó a este diario Ricardo Zubieta, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas.
La junta directiva de la intendencia, entidad creada el año pasado como parte de la actualización del marco legal panameño para prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales, aprobó el inicio de auditorías para verificar los niveles de cumplimiento de las normas antilavado.
“Tenemos que asegurarnos de que las firmas de abogados están cumpliendo con la debida diligencia”, dijo Zubieta.
La creación de sociedades anónimas es legal. Es una práctica que se hace en muchos países del mundo.
El problema es cuando estas son utilizadas para lavar dinero o para ocultar un patrimonio por el que su propietario debe pagar impuestos en su país de origen.
Zubieta puntualizó que “no tiene absolutamente nada de malo constituir una sociedad, de hecho, es bueno en determinadas ocasiones, pero hay que hacerlo con los parámetros de la ley”.
En la misma línea, el primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, dijo que se debe precisar si se ha cumplido o no con las reglamentaciones de las que dispone Panamá, en relación con la prestación de los servicios para la creación de las corporaciones y el papel de los abogados dentro de ellas.
Solo así –agregó– se podrá determinar si Mossack Fonseca “cruzó los límites o no de lo que permite la ley”.
Panamá actualizó el año pasado su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Las reformas abarcaron siete nuevas leyes que incluyen nuevos delitos, que impulsan la cooperación internacional y que regulan sectores no financieros como las firmas de abogados.
Como resultado de los cambios legales, entre los que también está la creación de un régimen de custodia para seguir el rastro de las acciones al portador, Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En esa relación se encuentran los países con deficiencias en sus marcos legales para combatir el lavado de capitales.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo ayer que “somos un país aliado en la lucha por la transparencia del sistema financiero y damos la bienvenida a cualquier publicación que proteja los sistemas financieros de Panamá y del mundo para que no puedan ser usados en ningún momento en actos ilícitos”.
Panamá salió de la lista gris del GAFI por las reformas en materia de blanqueo de capitales, pero en los últimos meses se han acentuado las diferencias con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre la implementación de estándares internacionales para combatir la evasión fiscal.
Ayer, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, arremetió contra Panamá.
“Las revelaciones han llevado luz sobre la cultura y la práctica del secreto de Panamá. Panamá es el último reducto importante que sigue permitiendo que los fondos se oculten de las autoridades fiscales”, afirmó.
Las reacciones locales al escándalo internacional que ha llevado el nombre de Panamá a los noticieros y diarios de todo el mundo se enfocan, principalmente, en exigir un mayor compromiso contra la corrupción y una defensa de la imagen de Panamá, que ha sido afectada.
Maruquel de Ramírez, coordinadora del equipo de trabajo de la plataforma de servicios financieros de Panamá, adscrita a la Cancillería, dijo que “es importante señalar que el sistema legal y financiero panameño no es corrupto. Es un error descalificar al país y la estructura legal que permite la creación de sociedades anónimas. Panamá no se prestará para ningún ilícito. Y si se ha hecho alguna actividad ilícitamente a través del sistema legal panameño no es tolerable”.
Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, consideró que están sufriendo la reputación y la marca país y que “tendremos que hacer un mayor esfuerzo para dar a conocer los aspectos positivos de nuestro país. También ayudaría adoptar una posición que refleje mayor percepción de compromiso con el combate a la corrupción negándose el Estado a contratar empresas señaladas por actos de corrupción”.
Sobre cómo afectará este escándalo a la industria panameña de servicios legales, el economista dijo que “no me sorprendería que sufra la actividad de constitución de sociedades. Es muy probable que la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros sea mucho más exigente con los agentes económicos que le toca supervisar, especialmente con la aplicación de controles y políticas de conozca a su cliente”.
Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente (Movin), expresó su sorpresa ante el alcance de la investigación internacional y advirtió de que todavía “no hemos comprendido el alcance” que tendrá a nivel mundial este caso.
Planells consideró que con la investigación promovida por ICIJ se plantean dos situaciones: si Mossack Fonseca violó o no la ley, y cómo esto afecta la imagen de Panamá. “Allí es cuando todos los panameños nos tenemos que unir y exigirle al Gobierno que mande un mensaje claro de que en Panamá no somos lavadores de dinero”, expresó.
También reaccionaron al escándalo los principales gremios empresariales del país.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) reconoció que “esta denuncia de los medios internacionales afecta al país, toda vez que hace unos meses logramos salir de la lista gris del GAFI... Los panameños tenemos que defender las leyes y nuestra jurisdicción, sin importar quienes sean las personas involucradas, pues la justicia debe ser igual para todos y si algunas personas utilizan los instrumentos legales para fines ilícitos, deben ser investigadas y sancionadas”.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó la investigación periodística. “Es inadmisible que, habiendo más de 20 países mencionados, se le haya bautizado con el nombre de Panamá, poniendo en entredicho la reputación de nuestro país, utilizando como fundamento documentos privados sustraídos de su fuente en forma ilegal”.
La industria de servicio ‘offshore’ y la empresa criminal conjunta
Panamá tiene un régimen tributario de naturaleza territorial. Esto quiere decir que las personas naturales o jurídicas no pagan impuestos por los ingresos provenientes de sus actividades internacionales. Desde principios del siglo pasado, el país intentó aprovechar la territorialidad fiscal para promover el abanderamiento de naves y la creación de sociedades anónimas como una forma de atraer capitales. En Suiza, con la Ley de Secreto Bancario de 1934, se garantizó la reserva de la identidad y la protección de activos de aquellas personas que eran perseguidas políticas por las dictaduras europeas. Esto demuestra la existencia de razones legítimas para los vehículos offshore. La principal es la protección de activos por razones políticas, por la identidad de sus dueños o, incluso, como una estrategia empresarial para limitar la responsabilidad civil frente a jurisdicciones que usan criterios exorbitantes de responsabilidad contractual y extracontractual. Además, las sociedades anónimas y otros vehículos similares, como los fideicomisos y las fundaciones de interés privado, permiten la innovación empresarial, ya que facilitan la formación de negocios internacionales en situaciones de alto riesgo o constante cambio.
La protección de activos y de identidades también tiene un elemento de afectación de la carga tributaria. No es lo mismo una corporación irlandesa que una sueca. La mayoría de los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene un sistema tributario de carácter universal, es decir, que se paga impuestos por los ingresos nacionales e internacionales que tenga una empresa.
En el ámbito del derecho penal internacional, es donde los productos offshore presentan su mayor problemática. Si de forma sistemática estos productos son utilizados para la comisión de delitos transnacionales o para ocultar los bienes o caudales resultantes de otras actividades ilegales, se establece un nuevo criterio de responsabilidad. A esa nueva categoría de responsabilidad colectiva se le denomina como la Empresa Criminal Conjunta (ECC). Desde 1999, los distintos tribunales penales internacionales han establecido por vía jurisprudencial que si las partes de una conducta conocían que el resultado probable de su actividad facilitaba la comisión de un delito, su encubrimiento o el aprovechamiento del producto de ese delito, se estaba presente ante una ECC. Otros autores de corte anglosajón complementan la teoría de la ECC con el concepto de “ignorancia conveniente”, que es cuando una parte activa o beneficiaria de una conducta prefiere desconocer si la actividad de la que forma parte o se beneficia es ilegal, a pesar de que razonablemente exista una alta probabilidad de que así lo sea. Las sociedades anónimas panameñas son parte de la economía global y, como tales, tendrán que establecer los mecanismos para evitar que sean utilizadas para fines ilícitos. El que un jugador de fútbol disminuya sus impuestos no es una amenaza a la humanidad, como sí lo es que el presidente o jefe de Estado de un país con armas nucleares acepte coimas y esconda fondos públicos robados descaradamente.
