La administración de Ricardo Martinelli violó la intimidad de cientos de personas cuyos celulares eran intervenidos ilegalmente para escudriñar en la intimidad de sus vidas.
Seguían cada paso con sigilo. Desde sitios remotos podían entrar al celular de cualquier ciudadano. Solo les bastaba con conocer su número telefónico para escuchar conversaciones, copiar fotos, tener acceso al correo electrónico y replicar la lista de contactos.
Era como un cáncer que sin dar señales de alerta penetra el sistema inmune y se apodera del cuerpo de su víctima. Así de trágico y agónico, de esta manera doblegaban la voluntad de las personas. El espionaje empezó de forma “básica”, para luego convertirse en algo mucho más sofisticado, desde el punto de vista tecnológico. Les era posible activar el celular de la víctima y tomar fotos para así retratar el lugar donde se encontraba y con quién estaba reunida. Esto podía pasar desde la intimidad de una alcoba hasta en una reunión de negocios. No había límites. Incluso, podían encender el micrófono del celular para grabar el audio ambiente.Ahora que se conocen todos estos detalles resulta poca cosa lo paranoicos que sonaban líderes sindicales, empresariales, miembros de partidos opositores y de la sociedad civil cuando expresaban su temor al hablar por el teléfono celular.El gran aliado en la maniobra ilegal fue la tecnología israelí a cargo de dos empresas: M.L.M. Protection Ltd. y NSO Group. Ambas compañías tienen trayectoria comprobada en asuntos de seguridad. M.L.M. Protection se autodescribe como un desarrollador de sistemas avanzados de seguridad. Su operación, además, es respaldada por personal experimentado, entre los que se encuentran exfuncionarios de la Agencia de Seguridad de Israel.Esta compañía se adjudicó en 2010 un contrato por 13.5 millones de dólares para suministrar un equipo que permitía al gobierno de Martinelli interceptar comunicaciones. La compra se logró a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la administración de Giacomo Tamburrelli, y fue refrendada por la contralora Gioconda de Bianchini el 29 de julio de 2010.Dicha transacción fue tan secreta como su fin.El PAN está exento de convocar a un proceso de licitación para hacer sus contrataciones, según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Y como se trató de una compra directa, la adquisición del equipo de espionaje nunca fue un tema de discusión pública.La máquina cumplía con tres propósitos: permitía la grabación del audio ambiente, se hacían escuchas telefónicas y un programa se instalaba silenciosamente en las computadoras del objetivo y permitía consultar los archivos e información confidencial de los afectados.A partir de 2012, el espionaje se enfoca en los pinchazos a los celulares, el sistema de mayor comunicación en el país. En Panamá hay 6.4 millones de líneas móviles activas y la mensajería instantánea se ha vuelto el vehículo por excelencia para transmitir mensajes cortos, en vez de hacer llamadas telefónicas. De allí que hace dos años apareció en el mundillo del espionaje ilegal el equipo de escuchas proporcionado por NSO Group, de origen israelí, y con participación de inversionistas estadounidenses.Esta compañía, fundada en 2009 por los emprendedores Omri Lavie, Shalev Houlio y Niv Carmi, fue adquirida el año pasado por el fondo estadounidense de capital privado Francisco Partners por un monto de entre $110 millones y $120 millones. Sus centros de desarrollo se mantienen en Israel. Francisco Partners anuncia en su página web (www.franciscopartners.com) que tiene más de 7 mil millones de dólares de capital, lo que los convierte en una de las firmas más grandes y activas en el mundo tecnológico. La tecnología proporcionada al gobierno de Martinelli por NSO Group puede controlar en su totalidad las comunicaciones de las personas que tenían bajo vigilancia. Recoge datos, incluyendo conversaciones, fotos, textos, y el tráfico de internet. De esta forma, los espías gubernamentales obtenían una radiografía completa de la vida de sus víctimas. Podían leer información tan personal como resultados médicos, tener acceso a información bancaria y comunicación personal entre madres e hijos, por citar ejemplos. El diputado panameñista José Luis Varela, puede dar fe de esto.Varela está en la lista de decenas de infiltrados por el pasado gobierno y reveló que en su caso “había conversaciones entre mi esposa y mi hijo. Había mucha información, no solo de correos, sino de conversaciones personales en mi oficina, que fueron grabadas”, dijo Varela. Se refiere, específicamente, a su expediente, incluido en las cientos de hojas llenas de transcripciones de las conversaciones de las personas interceptadas.Toda esta información fue recopilada por la Fiscalía Auxiliar de la República, que inició una investigación de oficio por los pinchazos telefónicos.Por ahora, se ignora el paradero de los equipos suministrados por NSO Group y M.L.M. Protection. Se desconoce también de dónde salieron los fondos para la compra del programa de NSO Group. Sin embargo, las transcripciones encontradas en las computadoras estatales desnudan cómo funcionaba la red de espionaje instaurada en el gobierno de Ricardo Martinelli.
