Ningún secreto estuvo a salvo de la operación de interceptación de conversaciones que se desarrolló durante la presidencia de Ricardo Martinelli. La intimidad de políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, empresarios y dirigentes de la sociedad civil estaba en manos del Consejo de Seguridad Nacional.
Al exministro de Relaciones Exteriores Samuel Lewis Navarro, por ejemplo, le interceptaron varias conversaciones que sostuvo con “figuras importantes” de Estados Unidos. “Se interceptaron no solo conversaciones internas e íntimas, sino privadas con figuras importantes del extranjero. Conversaciones que nunca debieron ser interceptadas”, dijo el dirigente del Partido Revolucionario Democrático, quien se notificó en los últimos días ante la Fiscalía Auxiliar al ser una de las 150 personas cuya intimidad fue violada.
Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos de los cinco secretarios del Consejo de Seguridad Nacional de la era Martinelli, fueron imputados ayer por la Fiscalía Auxiliar en los cargos de violación a la intimidad y al secreto.
Se les condujo a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, luego de que sus residencias fueran allanadas. Los oficiales encontraron en sus casas, además, armas de grueso calibre. El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, informó anoche que por este caso se efectuaron 11 diligencias de allanamientos en Panamá, Chiriquí, Coclé y Veraguas. Además, dijo que las armas no tenían los permisos.
El diputado panameñista José Luis Varela es otro que está en la lista de infiltrados que ya se notificó ante la Fiscalía. “Había conversaciones entre mi esposa y mi hijo. Había mucha información, no solo de correos, sino conversaciones personales en mi oficina, que fueron grabadas”, dijo.
Se trata de cientos de hojas llenas de transcripciones de las conversaciones por correo electrónico, por teléfono, o en persona de cientos de panameños, entre los que también figuran los perredistas Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, y el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
El tema, incluso, provocó reacciones internacionales. “Lo que está saliendo a la luz pública en Panamá gracias a las investigaciones judiciales es de la mayor gravedad y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Es grave porque refleja que altos funcionarios del gobierno anterior aparentemente estaban violando el derecho a la privacidad de decenas de personas”, manifestó José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Martinelli evitó hablar a La Prensa, sin embargo, en Radio Panamá, culpó al gobierno de los procesos judiciales y alegó persecución política. “Las personas que están siendo acusadas, no se les cumple el debido proceso”, argumentó el exmandatario, cuyo hijo, Luis Enrique Martinelli, está casado con Marelisa Garuz, hija de Alejandro Garuz.
El presidente Juan Carlos Varela se desligó del asunto. “Eso es facultad del Ministerio Público”, aseguró.
En la era Martinelli se instauró una red de espionaje de largo alcance, que abarcó la compra de tres equipos: inicialmente compraron dispositivos para escuchar audio ambiente, luego adquirieron por $13.5 millones la máquina a la israelí M.L.M. Protection y por último compraron un tercero a la también compañía israelí NSO Group, empresa que de acuerdo a The Wall Street Journal, fue adquirida por la estadounidense Francisco Partners. Pérez y Garuz, quienes pasaron la noche en la DIJ, serán indagados hoy nuevamente.
