Anulan contrato de Playa Bonita

El futuro del hotel Playa Bonita, en Veracruz, Arraiján, es incierto.

Esto, luego de que el contrato que permitió la construcción del hotel fuera declarado nulo por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en un fallo del pasado 20 de mayo de 2015.

Dicho contrato fue suscrito el 17 de junio de 2003 entre la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) del Ministerio de Economía y Finanzas y la sociedad Paradise Beach Corporation,

El magistrado ponente Abel Zamorano decretó la nulidad como parte de una demanda que presentó en el año 2009 la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico S.A. (Duasa), la otra compañía que se interesó en el proyecto.

LOS ARGUMENTOS

Zamorano argumentó que el 22 de febrero de 2008 la misma Sala Tercera había declarado ilegal la licitación que sirvió de base para el contrato.

“Por ende, el contrato deviene en ilegal”, concluyó el magistrado en el fallo, que además fue firmado por sus colegas Víctor Benavides y Luis Ramón Fábrega.

Dicho contrato establecía el arrendamiento de cuatro parcelas de terreno en Kobbe (de las cuales dos eran con opción de compra) para el diseño, construcción, desarrollo, operación y manejo del hotel de playa.

¿QUÉ PASARÁ?

El hotel Playa Bonita fue inaugurado en diciembre de 2005, por lo que ya tiene 10 años de estar en funcionamiento.

Ante esta decisión de la justicia, surgen varias interrogantes. ¿Qué pasará con el hotel y los terrenos? ¿Deben ser devueltos al Estado? ¿Se deberá hacer una nueva licitación y contrato? ¿Se va a indemnizar a la empresa Paradise Beach Corporation en caso de que el Estado recupere los terrenos y el hotel?

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, al que este medio tuvo acceso, nada dice al respecto del futuro del hotel, cuya inversión se calculó en $20 millones.

Sin embargo, el abogado Candelario Santana, consultado por este medio como experto, explicó que en caso de que la sentencia no indique que se deben restituir los derechos a los demandantes y el pago de daños y perjuicios, lo que procede es una nueva acción civil de la parte favorecida (Duasa).

Santana considera que el terreno sería del Estado; la construcción y las mejoras, de los responsables de la edificación del hotel.

“Quedarían dos cosas: el Estado restituirse el terreno con las mejoras y pagar el resto al afectado, o ellos (Paradise Beach Corporation) solicitar un contrato nuevo con la Nación”, dijo.

Según el jurista, el contrato queda en un vacío, porque es nulo y el Estado tiene prevalencia en todos los créditos.

“El Estado tendría que asumir el hotel y pudiese decir que el uso del terreno me representó tanto y secuestrar el inmueble”, indicó.

Santana dio otras opciones de lo que puede pasar con el hotel.

Una es que el dueño pueda hacer una nueva propuesta de contrato para cumplir con todas las obligaciones. Otra es que el Estado convoque una nueva licitación, en la que puede participar Paradise Beach Corporation o que una nueva empresa compre el hotel.

“El Estado tiene un abanico de opciones. En derecho hay un dicho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El terreno es lo principal, lo accesorio es el hotel y basado en eso el Estado tendría todo”, expresó.

PIDEN ACLARACIÓN

Este medio llamó a la oficina de Herman Bern, representante legal de Paradise Beach Corporation, pero una dama que dijo trabajar en la gerencia informó de que el empresario estaba fuera del país y que por sugerencia de los abogados no estaban dando declaraciones sobre el tema.

En 2008, cuando la Corte declaró ilegal la licitación, Bern incluso llevó una queja ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

De igual forma, se llamó a Nidal Waked, directivo de la empresa Duasa, pero remitió a su abogado. Más tarde, Norman Castro, abogado de Waked, dijo que no harían comentarios sobre el particular.

También se le envió un cuestionario al Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En tanto, el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, manifestó que no ha sido notificado de este fallo por la Sala Tercera y por esa razón evitó hacer comentarios.

El fallo fue notificado mediante edicto publicado en la Secretaría de la Sala Tercera el 25 de mayo pasado y por cinco días hábiles.

Fuentes del Órgano Judicial informaron de que la firma de abogados Castro & Castro, representantes legales de Duasa, solicitaron una aclaración de la sentencia.

Los demandantes piden que la Sala Tercera aclare si esa nulidad implica que se tiene que devolver la propiedad, si el Estado debe indemnizar a Paradise Beach Coporation y llevar a cabo una nueva licitación.El magistrado Abel Zamorano tiene pendiente resolver la aclaración pedida por Duasa.