La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, asumió las investigaciones por la compra y desaparición de los sistemas de espionaje adquiridos en el gobierno de Ricardo Martinelli con las empresas Hacking Team (italiana) y la israelí NSO Group, que proporcionó el equipo Pegasus.
Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que la averiguación de Hacking Team, que vendió el programa de espionaje telefónico, se abrió de oficio, tras las publicaciones que hizo este medio sobre su operación.
En tanto, por el contrato suscrito con NSO Group, el MP inició una investigación de oficio el viernes pasado, también por noticias de La Prensa.
A ella se adicionó ayer la querella criminal que presentó el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública y la seguridad colectiva, y en la que señala como presuntos responsables a los ex secretarios ejecutivos de ese organismo Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Estos dos últimos están detenidos desde enero de este año por la investigación sobre escuchas ilegales a unas 150 personas.
En su acción legal, el CSN pide la detención preventiva de Moltó.
ESPIAR, OBSESIÓN DE MARTINELLI
Hacking Team, una empresa italiana que vende programas de espionaje telefónico –altamente cuestionada por sus ventas a regímenes que no son conocidos por el respeto a los derechos humanos– probó un poco de su propio chocolate.
A principios del mes pasado, miles de correos fueron extraídos de sus servidores por piratas cibernéticos, incluyendo varios correos vinculados a la venta de sus productos al gobierno de Ricardo Martinelli.
Sus programas no eran cualquier cosa. Estaban diseñados para convertir celulares en instrumentos de espionaje, sin que sus usuarios sospecharan de que sus correos, sus chats, y toda la información contenida en sus celulares era hurtada, en este caso, por funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. Incluso, el programa era capaz de hacer del teléfono –aun apagado– un micrófono o cámara de vídeo o ambos.
LOS CORREOS
Los correos de los ejecutivos y vendedores y de personal de Hacking Team están disponibles en el portal de Wikileaks. En ellos se revela información sobre las negociaciones para la compra de la plataforma de espionaje Remote Control System (RCS), o Da Vinci, comprada por Panamá a Hacking Team.
Por ejemplo, en un correo electrónico, fechado 14 de julio de 2011, Hugo Ardila –de Robotec Colombia, la empresa con la representación de Hacking Team para la venta de estos equipos– envió un informe a su casa matriz tras una reunión de trabajo en Panamá.
“Aquí está el resultado de nuestra conversación con el cliente [...] Conversamos con el Sr. Adolfo Obarrio (sic), secretario privado del Presidente de Panamá (que no fue a la cena) quien nos dijo que estaba al teléfono con su jefe, mientras nosotros estábamos en el restaurante, él le ordenó suspender cualquier compra potencial hasta que el problema sea resuelto mañana”.
En otras palabras, el entonces presidente Martinelli estaba perfectamente al tanto de la adquisición del equipo de espionaje.
El problema del que se habla en el correo aparentemente fue resuelto. El equipo fue comprado mediante operaciones de triangulación financiera, tal como se ha hecho con la compra de otros equipos de espionaje.
La operación de compraventa se hizo a través de sociedades fantasmas, registradas en Belice –principalmente–, las cuales son reconducibles al empresario panameño Teófilo Homsany, quien brindaba mantenimiento al equipo.
El vendedor de Hacking Team finaliza su correo diciendo que hay que hacer pruebas con el programa de espionaje en teléfonos BlackBerry y, específicamente, hablaba de los teléfonos “de los clientes (Ricardo Espinosa, Carlos Arjona y Adolfo Obarrio) y el de algún objetivo controlado en Panamá”.
Así pues, tanto Martinelli como su secretario privado sabían de la compra de estos equipos, y en el caso de Adolfo Chichi De Obarrio, este habría cooperado permitiendo que su celular fuera “infectado” con el programa espía.
El vendedor de los equipos también se refirió a los teléfonos de otras personas: Ricardo Espinosa y Carlos Arjona. Una persona con el nombre de Carlos Arjona –justamente– trabajó en el Ministerio de la Presidencia de julio de 2009 a julio de 2011. Allí se desempeñó como Director de Informática.
Su salida de ese ministerio coincide con las negociaciones para la compra del equipo de espionaje. Arjona se fue como “asesor de tecnología” al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), institución que por entonces estaba dirigida por Sonia de Luzcando, nuera de Delia Luzcando, esta última, persona de la entera confianza de Martinelli, con quien ha trabajado a su lado durante décadas, incluso como gerente general de Importadora Ricamar (Super 99).
Coincidencia o no, la empresa Robotec Panamá, S.A. –cuyo secretario de la junta directiva es Teófilo Homsany–, filial de Robotec Colombia, empezó a tener contratos importantes con el Ifarhu.
Uno de estos contratos destaca sobre otros de montos insignificantes u órdenes de compra que Robotec Panamá mantenía con el Ifarhu. Se trata del contrato de la licitación para el suministro e instalación de un sistema de videovigilancia para el Ifarhu por un monto exorbitante: casi 700 mil dólares.
Una vez más, reluce otra coincidencia: eran los montos que se manejaban para la compra del equipo de espionaje que –como ya se dijo– era facturado por Hacking Team a dos sociedades de Belice reconducibles a Homsany, presidente de la empresa Soluciones de Tecnología, S. A., encargada de brindar soporte técnico remoto a los equipos de espionaje.
En efecto, la primera factura a la sociedad Theola Ltd. (una de las empresas fantasmas de Belice) tiene fecha del 6 de mayo de 2011, cuando ocupaba el cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Julio Moltó, quien también enfrenta otro proceso relativo a los equipos para pinchar.
Se le facturó el programa RCS por un monto de 518 mil euros, que al cambio de entonces eran unos 720 mil dólares. Luego vinieron varios pagos más de menor monto para Robotec Panamá, S.A., pero igualmente significativos.
SE PIERDEN LOS EQUIPOS
Y, al igual que ocurrió con otros equipos de espionaje, este se perdió. Un sorprendido Ardila había escrito a Hacking Team que los equipos que habían instalado en Panamá se los habían llevado, “habían desaparecido”.
Pero la plataforma de espionaje estuvo transmitiendo los datos, chats y otras informaciones de sus víctimas hasta pasadas las elecciones de mayo de 2014.
Hacking Team había avisado al Gobierno que el contrato para el uso del software vencía el 31 de mayo de 2014. Pero ese mismo día, alguien del Gobierno solicitó una extensión del contrato.
Los correos electrónicos que se cruzaron vendedores y gerentes de Hacking Team en torno a esta petición mencionaban la palabra “elecciones”. La extensión de los servicios era, según los vendedores, por causa de la celebración de los comicios generales del año pasado.
De manera que era muy poco probable que esta plataforma se usara para espiar a terroristas, narcotraficantes o delincuentes comunes, al menos en los meses de mayo y junio de 2014. Ello era evidente, incluso, para la empresa italiana.
Así, por ejemplo, Marco Vetini, gerente de ventas de Hacking Team, envió el 30 de mayo de 2014 un correo a Alex Velasco, gerente de cuentas de la empresa italiana, en el que decía que “ellos” (el Gobierno panameño) “sabían de las elecciones desde hacía mucho tiempo”.
Vetini accedió a la petición: “extiende la licencia hasta finales de junio”, escribió. Correos antes, Vetini solo había aprobado una extensión hasta el 10 de junio, “solo para evitar problemas con el cliente”. Sin embargo, concedió una prórroga más prolongada.
¿Qué pasó después? Pues Hacking Team supo del hurto de los equipos en diciembre de 2014, aunque este había ocurrido semanas después de las elecciones.
Y hasta la fecha, siguen perdidos, y se desconoce si también continúan operativos. Lo que ahora sí se sabe es a quién preguntarle por ellos.
Tres ‘pinchadoras’ están desaparecidas
La administración de Ricardo Martinelli no escatimó dineros ni recursos del Estado para tener acceso a las conversaciones de adversarios políticos, dirigentes sindicales, empresarios, periodistas y dirigentes de la sociedad civil organizada. Tres fueron los equipos o programas que se adquirieron para tal fin.
El primero se compró en 2010 a través del Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones. Este equipo tenía la capacidad de operar en tres áreas: vigilancia informática, sistema de posicionamiento e infiltración a redes telefónicas y captura e interpretación de voz. El artefacto se encuentra desaparecido desde mayo de 2014. En diciembre pasado, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, interpuso una denuncia en el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de peculado contra los exsecretarios ejecutivos del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. También están sindicados los subalternos de ellos, Ronny Rodríguez y William Pittí.
En esta investigación resaltan los testimonios de los agentes del CSN, Julio Graell y Javier Quiroz, quienes detallaron cómo trasladaron el equipo espía hasta las oficinas del Súper 99, en Calle 16, Río Abajo.
Luego, en 2011, el gobierno de Martinelli, en una operación de triangulación, en la que presuntamente se utilizaron sociedades privadas, pagó $8 millones a la empresa israelí NSO Group por otro sistema conocido en el mundo del espionaje como
Pegasus. Este sistema tenía un rango de vigilancia de largo alcance, con el que podía no solo intervenir a la persona objeto de seguimiento, sino también a sus contactos. Además, permitía el acceso a la cámara del dispositivo, tomar fotos y filmar.
El sistema también está desaparecido y el miércoles pasado, el jefe del CSN interpuso una querella criminal en el Ministerio Público contra los exsecretarios ejecutivos del CSN Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. También involucra a directivos de la sociedad Caribbean Holding Services LTD, vinculada al empresario Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli.
También en 2011, el gobierno de Martinelli suscribió con la empresa italiana Hacking Team un contrato para la obtención de programas y equipos de computadora para permitir la intervención de teléfonos móviles y fijos, así como ordenadores. La trama de esta compra quedó al descubierto luego de que la empresa italiana sufriera un ataque cibernético y se obtuvieran datos de la transacción realizada por estos exfuncionarios.
Según las datos obtenidos por los hackers, el Gobierno de Panamá pagó la suma de $750 mil por espacio de tres años por la adquisición de material informático para ejecutar intervenciones telefónicas a terceras personas. Este tercer sistema de espionaje también se encuentra desaparecido y el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio.
