La Contraloría General de la República no tuvo tanta suerte. El rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, poca atención le prestó a sus peticiones de información sobre los llamados Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendedurismo (Cidete).
Así lo refleja una auditoría de la Contraloría sobre este millonario proyecto –con sede en siete centros universitarios en todo el país–, el cual cerraría la brecha digital en todas las regiones, con la aplicación de tecnología de punta para los estudiantes de la UP.
Pero en vez de ello, los auditores se tropezaron con que el proyecto no tenía justificación, que su costo pasó de $4.5 millones a $15.5 millones y con equipos tecnológicos extraviados u “obsoletos”.
Por ello, la Contraloría entregó esta semana la auditoría al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas. Los auditores calculan que las citadas anomalías habrían causado un perjuicio económico al Estado de $3.5 millones.
Los centros –iniciativa del rector de la UP, y desarrollada por la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, según documentos de la UP– fueron aprobados el 23 de marzo de 2011 por el Consejo Administrativo de la UP, por un monto de $4.5 millones para seis centros: $750 mil cada uno.
Pero al momento de la licitación por mejor valor –en septiembre de 2011– el precio de referencia subió a $9 millones para siete Cidete: Colón, Coclé, Veraguas, Azuero, Los Santos, Panamá Oeste y Bocas del Toro. Se adjudicó en $8.9 millones y, mediante adenda, terminó en $15.5 millones.
LAS ‘CORRECCIONES’
Los Cidete –que consistían en locales de 700 metros cuadrados, con espacio para videoconferencias, laboratorios de creatividad, con modelamiento en 3D, y simuladores médicos para estudiantes de medicina, según los términos de referencia del acto público– no cuentan con documentos que evidencien estudios sobre la necesidad del proyecto ni criterios técnicos ni estudios de factibilidad que determinaran las características técnicas o servicios de supervisión a contratar, expone la auditoría.
La Prensa tuvo acceso a cartas que revelan cómo se incrementó el precio pactado en el acto público de manera injustificada, tal como concluyeron los auditores de la Contraloría. En una de ellas –de febrero de 2012– un asesor del rector le advertía a Adrián Cuevas, director de Servicios Administrativos, con copia a García de Paredes, que los planos presentados por el Consorcio de Innovación Educativa –ganador de la licitación– tenían, al menos, 16 carencias.
Por ejemplo, listó que faltaba que se señalara el estudio de suelo, la línea de conexión al sistema sanitario, acueducto, sistema eléctrico y telefonía, acceso peatonal, que debía entregarse un listado del equipo a entregar, con sus especificaciones, mobiliario fijo y movible, y detalles de acabados en la construcción.
Cuevas remitió el listado al consorcio en otra misiva, y el 5 de marzo de 2012, el consorcio le comunicó, a García de Paredes, “hemos realizado las correcciones correspondientes” en los planos y otros detalles de construcción.
Producto de estas, en septiembre de 2012, el Consejo Administrativo de la UP pactó un incremento de $6.5 millones adicionales al contrato, por la “implementación de diversos cambios en las obras civiles”, por la adaptación a redes eléctricas y sanitarias, construcción de áreas de acceso, etc., que, como dijo el contratista, eran las “correcciones” listadas en la carta de febrero de 2012.
“Las adiciones por diseño y construcción de obras complementarias eran parte integral de las especificaciones técnicas”, expone el informe de la Contraloría, por lo que es injustificable el incremento del costo de la obra que firmó García de Paredes.
Por esta adenda, García de Paredes encabeza la lista de presuntos responsables de la lesión al Estado, pues se incluyeron adiciones de construcción originalmente “contempladas en el contrato”.
También fueron involucrados en la auditoría directores regionales de los centros universitarios, el director de Informática de la UP y la
Dirección de Ingeniería y Arquitectura, unos 10 funcionarios, así como el representante del Consorcio de Innovación Educativa, Allan René Figueroa R.
La auditoría revela que la empresa cobró por actividades injustificadas, ya que eran parte del contrato, y por equipos defectuosos y faltas en las instalaciones de programas informáticos.
La Prensa contactó a Figueroa, pero no respondió las llamadas telefónicas ni mensajes de voz a su celular. No obstante, en un mensaje de texto indicó que “sin tener documentos en mano, no sé de qué se trata y mucho menos [puedo] emitir concepto”.
García de Paredes también guardó silencio, a pesar de dos correos, llamadas a su celular, mensajes de texto y llamadas a su equipo de prensa. Cuando respondió el teléfono, colgó de inmediato sin decir palabra. Esta misma actitud la tuvo frente a la Contraloría, que le pidió el precio de los equipos; que justificara los $6.5 millones adicionales y detalles del contrato.
El miércoles pasado, tras ser notificado del resultado de esta auditoría, convocó a una reunión a las 3 de la tarde en la Rectoría, con Cuevas, abogados y directores de los centros regionales mencionados.
También la noche del pasado miércoles celebró otra reunión en el centro regional de San Miguelito, en la que, junto con otros administrativos, hizo un llamado a la unidad, ante un centenar de estudiantes y docentes, alegando que el Gobierno pretende intervenir la UP.
Comparó, en ese encuentro, que recibió a la UP en “carreta” y la ha puesto en “jet”, y que gracias a su gestión no existe lucha de clases, pero nada dijo de los resultados de la auditoría que lo señala directamente.
RECURSOS AL DESPERDICIO
Pero los $15.5 millones del contrato con sus adendas no serían el costo total de la obra, que, como ya se dijo, presenta múltiples fallas, además de un aumento injustificado.
En paralelo, se establecieron otros contratos de “consultoría” –para inspeccionar los Cidete– con la empresa Norcontrol Panamá. Por estos servicios, la UP pagó $695 mil, y hubo otro pago por $123 mil que la Contraloría suspendió. Pero “los referidos contratos son objeto de examen en otra auditoría, relacionada con los servicios de consultoría”, indican los auditores.
El informe de la Contraloría también da cuenta del deterioro y pérdida de equipos, producto de que la UP los recibió 17 meses antes de la entrega de las instalaciones de los Cidete, a pesar de que se había pactado que el equipo y mobiliario serían custodiados en las bodegas del proveedor hasta que la UP autorizara la entrega e instalación en cada uno de los centros de innovación.
Por eso, a la fecha existe equipo que no ha sido instalado, está subutilizado y deteriorado, lo que produjo “pérdidas económicas”, señalan los auditores.
A su vez, la verificación física de la Contraloría determinó la falta de algunos equipos, como las baterías de respaldo o UPS para cada computadora, pero, producto del avance de la auditoría, el equipo fue entregado en marzo pasado, “lo que indica que el proveedor conocía que el equipo no fue entregado como se había pactado”, indica el informe de la Contraloría.
