Nueve señalados por la compra de equipo para pinchazos telefónicos

Nueve exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014) estarían vinculados con las supuestas irregularidades detectadas en la compra –por $13.4 millones– del equipo usado por el Consejo de Seguridad Nacional para interceptar comunicaciones a por lo menos 150 personas.



Así lo concluye una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República y enviada el 4 de este mes a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública tras la adquisición del equipo.



Se trata de Gustavo Pérez, exdirector de la Policía Nacional (PN); Giacomo Tamburrelli, exdirector del Fondo de Inversión Social (FIS) –hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN)–; Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia; Carlos Orillac, ex director administrativo de la Presidencia; Roger Cerrud, exdirector de Fiscalización de la Contraloría; Eloy Álvarez, exdirector de Asesoría Jurídica de la Contraloría.



También están en esa lista Xenia Rodríguez, exjefa de la Oficina de Asesoría Legal del FIS; María Esther de Atencio, exjefa del área de Tesorería del FIS; y Telma Patiño, exfiscalizadora de la Contraloría.



Según los auditores, Pérez fue quien recibió el equipo y como prueba de ello citan documentos identificados como “carta de recibido” y carta de “aceptación final”, ambos con su firma.



La Contraloría se trasladó el 14 de abril pasado hasta la cárcel El Renacer, donde está preso Pérez, para notificarlo sobre la auditoría, y él los remitió a su defensa.



Su abogado, Roniel Ortiz, dijo ayer a La Prensa que es un informe “ambiguo”, “alejado de la realidad” y “violatorio al derecho de la defensa”. “En este informe se ha utilizado documentación en copia simple, y es de conocimiento legal que esta clase de información no es prueba para una investigación. Esto lo menciono, porque la carta de aceptación que fue encontrada en su oficina no tiene su firma”, agregó.



Tamburrelli es señalado por la falta de aplicación de controles en el proceso de trámite, adjudicación, recepción, pago y custodia de la máquina. En su defensa, aseguró que tenía entre sus funciones ejecutar las políticas establecidas por la junta directiva del FIS, presidida entonces por Demetrio Papadimitriu, condición por la cual se le vincula con el proceso.



Pero el exministro se lavó las manos y declaró a la Contraloría que “no era una función específica del Ministerio de la Presidencia la entrega de informes de avances relacionados con la entrega del equipo, de acuerdo con lo que establece el contrato, ya que la empresa tenía la obligación de entregarlos al director administrativo o al funcionario designado en el Ministerio de la Presidencia”. Y agregó que no tuvo participación en la elaboración de los pliegos de condiciones para la compra.



En tanto, Orillac es señalado porque como director administrativo de la Presidencia solicitó un traslado de partida por $2.6 millones de ese ministerio al PAN.



Según la auditoría, sustentó el trámite alegando que era “para atender el contrato de consultoría 45/2010 y a la vez adquirir equipo de alta tecnología en materia de inteligencia para el Consejo de Seguridad”.



Cuando los auditores visitaron la residencia donde según el Tribunal Electoral vive Orillac, para notificarlo de la auditoría, en el lugar dijeron que no lo conocen. Este diario lo llamó ayer a su celular, pero no respondió.



MÁS RESPONSABLES



Roger Cerrud, exdirector de Fiscalización de la Contraloría, es señalado por haber refrendado el contrato. En su descargo, aseguró que en su momento solicitó al FIS la revisión de 13 documentos y luego los remitió al despacho de la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini.



Eloy Álvarez, exdirector de Asesoría Jurídica de la Contraloría, fue mencionado por validar el refrendo del contrato, pese a que Yusiram Otero, fiscalizadora de la institución, alertó de inconsistencias en lo referente a la fianza.



Álvarez afirmó que verificó los requisitos que debían cumplir los contratos, tomando en consideración el contenido básico de las cláusulas.



A Xenia Rodríguez, exjefa de la Oficina de Asesoría Legal del desaparecido FIS, se le responsabiliza por tramitar el 25 de junio de 2010 la invitación directa a la empresa israelí M.L.M. Protection, que vendió la pinchadora, a pesar de que esta compañía no estaba inscrita en el registro de proponentes del Departamento de Contrataciones del FIS.



Rodríguez aclaró que según la ley la “administración es la encargada de la custodia de los documentos y para ello prevé los procedimientos que deben cumplirse frente a su pérdida, además del trámite a seguir para su posterior reposición”.



La exjefa de Tesorería del FIS María E. de Atencio es vinculada por tramitar los desembolsos a la empresa Nunvav Inc., que recibió los pagos a nombre de M.L.M. Protection. En su defensa, indicó que en su departamento se valían de un listado verificador para revisar que se cumpliera con los requisitos para el pago.



En la auditoría también se relacionó con las irregularidades a Telma Patiño, exfiscalizadora de la Contraloría, por su participación en la revisión de la “carta de aceptación final” que sustentó el pago de $2.1 millones [a la empresa].



Patiño dijo que una vez que el fiscalizador revisa los documentos, estos son remitidos al jefe de Fiscalización de la Contraloría, quien tiene la potestad de enviar los documentos para su refrendo.