Las oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador fueron allanadas ayer por la Fiscalía General de ese país, tras el escándalo que involucraría a la firma con sociedades sospechosas.
Las autoridades salvadoreñas aseguraron que tomaron la decisión de intervenir la firma, luego de enterarse que habría removido el rótulo con su nombre y supuestamente desconectado las líneas telefónicas.
Un portavoz de Mossack Fonseca en Panamá dijo que tenían una mudanza programada, pero la mayoría de las computadoras y documentos todavía estaban en la oficina, por lo que fueron decomisados por la fiscalía.
Según escrituras obtenidas en la operación, los socios de aquella oficina eran el salvadoreño Rubén Hernández y la panameña Josette Roquebert.
ACCIÓN
La Fiscalía General de El Salvador allanó ayer, viernes, las oficinas de la firma panameña Mossack Fonseca (MF) en aquel país.
La acción de la justicia salvadoreña se dio luego de que se percataran que ejecutivos de la firma habrían quitado el rótulo del local.
Según indicó Mossack Fonseca, porque cambiarían de local. “La oficina de El Salvador no cerró. Están en un proceso de mudanza a otra localidad durante estos días y por eso las oficinas se encontraban vacías (porque se están mudando). Mossack Fonseca no planea cerrar ninguna oficina”, afirmó un portavoz de la firma.
En las fotos de los medios salvadoreños, no obstante, la oficina aparecía con el mobiliario completo. Incluso con documentos sobre los escritorios.
El medio salvadoreño El Faro también reportó que desde ayer “nadie respondía al timbre ni al teléfono, solamente se escucha una grabadora que decía que el número estaba fuera de servicio temporalmente”.
El allanamiento se dio apenas unos días después de que una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en conjunto con 109 medios, entre ellos el alemán Süddeutsche Zeitung que obtuvo documentos de Mossack Fonseca que mostrarían una operación ventajosa para supuestas actividades delictivas en todas sus jurisdicciones.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó que tras el operativo se decomisaron 20 computadoras con información sobre los vínculos de ciudadanos salvadoreños con esta firma.
También afirmó que la Fiscalía General realizó operativos similares en la casa de Rubén Hernández, dueño de la franquicia de Mossack Fonseca en este país, y quien se encontraba de viaje durante los allanamientos.
Hernández no era el único socio de la sede salvadoreña de esta firma. Según documentos facilitados a este medio por El Diario de Hoy, la firma también estaba registrada bajo el nombre de Josette Roquebert, panameña y asociada de Mossack Fonseca en Panamá asignada al Departamento de Corporaciones.
Esta asociación contrastaría con las repetitivas declaraciones de Ramón Fonseca Mora, uno de los socios fundadores de la firma, y con un comunicado enviado en la noche de ayer por Carlos Sousa-Lennox, director de Relaciones Públicas de la firma.
Ellos aseguran que la oficina principal no tiene nada que ver con sus sedes en otros países; que la oficina de El Salvador es una franquicia y las oficinas fuera de Panamá se manejan de forma independiente.
El Faro publicó el domingo pasado que “más de 220 empresas offshore habrían sido creadas por la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 supuestamente trabajó con, al menos, 33 clientes salvadoreños”.
El medio añadió que las sociedades habrían sido utilizadas para transacciones millonarias “fuera del radar de las autoridades locales”.
Sin embargo, esta no es la primera vez que las autoridades salvadoreñas intervienen en las oficinas de la sede de Mossack Fonseca en ese país, de acuerdo con el propio Meléndez. En 2012 también hubo un allanamiento por supuesto “fraude y evasión de impuestos”.
Por el momento, no hay personas investigadas ni acusadas, añadió el fiscal general de El Salvador.
‘TIMES’ PIDE CONTROLES
El diario The New York Times, que no participó en la investigación liderada por ICIJ, publicó ayer un editorial sobre la situación que afecta a la industria offshore mundial.
En la misma, cuenta que el Grupo de los 20 (G-20) se comprometió en 2009 a combatir los beneficios fiscales y criminales que daban las sociedades offshore.
“Como respuesta, la mayoría de los países han tomado pasos significativos para dificultar y obstaculizar esconder dinero en otros territorios. Dirigentes de 132 países aceptaron adoptar una regulación desarrollada por la OCDE para compartir información. En los próximos años se espera que 96 de ellos comiencen a compartir la información bancaria a través de un sistema automatizado diseñado para permitir que las autoridades fiscales de los países que participan puedan localizar a sus ciudadanos. Uno de los principales centros financieros internacionales prefirió, sin embargo, no firmar: Panamá”, señalan.
Además, resaltan que “no es casualidad que miles de funcionarios y magnates de todo el mundo hayan recurrido a Panamá para esconder su dinero”.
Finalmente, reconocen que “en los últimos años, Panamá ha intentado eliminar su reputación de paraíso fiscal con medidas como intercambio de información bilateral -incluyendo uno con Estados Unidos-. En 2014, adoptó nuevas políticas bancarias para restringir la creación de entidades anónimas de negocios. Panamá en un principio también aceptó adoptar las regulaciones de intercambio internacional de información, pero cambió de opinión recientemente, al señalar que no estaban listos para cumplir con todos los requisitos, según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en febrero pasado”.
Añaden que de acuerdo con el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el país estaba listo para la cooperación global.
ONU EXIGE REGULACIÓN
El experto independiente de las Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, también se unió a las exigencias de que la comunidad internacional ponga fin al secreto financiero en el planeta.
“Los clientes pueden haber tenido motivos diferentes para depositar sus activos en más de 210 mil compañías ficticias. Sin embargo, la evasión de impuestos -ocultando la corrupción y los fondos criminales- parece ser una razón preeminente”, dijo Bohoslavsky.
Además, advirtió que la evasión de impuestos y el flujo de fondos de origen ilícito socavan la justicia y privan a los gobiernos de los recursos necesarios para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
“La evasión de impuestos destruye la confianza en las instituciones públicas y el Estado de derecho y reduce el espacio fiscal para la inversión en atención de la salud, educación, seguridad social y otros bienes y servicios públicos. Fondos públicos esenciales para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todos son robados a la gente”, expresó. “Los Estados deben poner fin al perjudicial secreto bancario para el cual no existe ninguna justificación”, finalizó.
BLOQUEO EN CHINA
Entre los 11.5 millones de documentos utilizados para la investigación global encabezada por ICIJ se revelaría que al menos ocho de los familiares del presidente de China, Xi Jinping, habrían abierto sociedades offshore con fines desconocidos.
La composición de las sociedades era una compleja red entre estos familiares, que sugeriría un despiste hacia el posible dueño real de todas: Jinping.
Desde que se publicaron los reportajes, el Gobierno chino ha impuesto un fuerte bloqueo en internet para evitar que las informaciones en relación a este escándalo puedan ser leídas por la ciudadanía china.
Entre ellos, BBC, CNN, y The Guardian. Esta última a partir del jueves, mientras que las dos primeras desde que estalló la noticia.
Las revistas The Economist y Time también sufren de este bloqueo, aunque desde algunas semanas antes, después de haber publicado reportajes que ponían en entredicho las libertades ciudadanas del pueblo chino.
“Por favor inspeccionar y borrar todo el contenido relacionado a la filtración”, decía la orden a China Digital Times, un sitio desarrollado por la Universidad Berkeley”, según una publicación de The Economist.
El medio también señala que el ministro de Relaciones Exteriores de China ya ha desestimado las investigaciones como “acusaciones sin fundamento”, y que el jueves pasado, ante un cuestionamiento de The Guardian, afirmó que no tenía comentarios al respecto.
Sobre la razón de por qué los medios chinos no habían cubierto la investigación, dijo: “le pueden preguntar a los medios, no a mí”.
MACRI PIDE VERIFICACIÓN
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitó ayer a la justicia que verifique si sus declaraciones juradas fueron realizadas en forma correcta, en un intento por neutralizar el impacto negativo que ha tenido la aparición de su apellido en la lista de celebridades y poderosos con supuesta participación en compañías de ultramar a través de Mossack Fonseca.
El mandatario pidió formalmente a la justicia civil que emita “una declaración de certeza”, a través de un escrito presentado por el estudio de abogados Llerena & Asociados, confirmó la agencia estatal Télam.
El fiscal federal Alejandro Delgado imputó la víspera a Macri y alegó que es necesario investigar si habría omitido maliciosamente su papel en dos compañías establecidas en ultramar en sus declaraciones anuales de impuestos.
Mientras tanto, en Inglaterra, el primer ministro David Cameron enfrentaba crecientes presiones el viernes por su involucramiento en inversiones en el extranjero, luego de que admitió finalmente que se benefició de un fondo fiduciario registrado por su padre en Panamá.
Legisladores de la oposición demandaron que Cameron le diga a la Cámara de los Comunes si posee o poseyó otras inversiones similares en fondos fuera del alcance del sistema de impuestos de Gran Bretaña.
Luego de tres días de declaraciones confusas, Cameron admitió el jueves por la noche que había vendido más de 30 mil libras ($48 mil 450 entonces) en acciones de Blairmore Holdings, la firma de su difunto padre, que era un fondo de inversiones que Mossack Fonseca ayudó a crear en Bahamas. Cameron dijo que compró las acciones en 1997, el año en que su partido Conservador perdió las elecciones, y las vendió en 2010 poco antes de su ascenso al poder.
Este es el segundo Primer Ministro que se ve en la cuerda floja tras el escándalo de la firma panameña. El primero fue el islandés Sigmundur Gunnlaugsson, quien renunció al descubrirse que utilizó sociedades de Mossack Fonseca para especular con deudas bancarias.
Precisamente, el Parlamento islandés rechazó ayer una moción de censura de la oposición contra el nuevo gobierno, gracias a la mayoría conservadora que apoyó al Ejecutivo fragilizado por las revelaciones sobre la firma Mossack Fonseca, que llevó a la dimisión de Gunnlaugsson.
La moción fue rechazada por 38 votos en contra y 25 a favor, tras una larga jornada de debates. Otra moción, que pedía la disolución inmediata del parlamento y la celebración de elecciones en mayo o junio, fue también rechazada, por 37 votos contra 26.
(Con información de las agencias AFP y AP).
