El Ministerio Público anunció la tarde de este domingo, 3 de abril, que iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca, en la que se revelan que 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo habrían manejado de forma secreta miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasma a través de jurisdicciones offshore.
De acuerdo a la oficina de Comunicación del Ministerio Público, se investigará todo lo relacionado a las irregularidades vinculadas a la firma forensa Mossack Fonseca.
Por su parte, la Secretaría de Comunicación del Estado informó este domingo que cooperará “vigorosamente” con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso que “se desarrolle algún proceso judicial” por este mismo caso.
“La administración del presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros, al punto de que recientemente fue excluida de la lista gris del GAFI”, destaca una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado.
Señala que el gobierno lidera una política de “cero tolerancia” ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.
“A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros”, señala la nota.
Recordó que cumpliendo con los compromisos con GAFI, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer el sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales.
Además, como parte de la “implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado siete nuevas leyes, que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”.
