El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aplaudió hoy, 3 de octubre de 2015, la "apertura y transparencia" del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, que finalizó este viernes.
La CIDH realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, durante la cual observó en el terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.
Ese día, Rose Marie Belle-Antoine, presidenta de la CIDH, manifestó en rueda de prensa que "no vemos la tragedia de los 43 como un hecho aislado, sino como un patrón de lo que pasa en México", mientras padres de los jóvenes desaparecidos mostraban imágenes de sus hijos, reportaron las agencias de noticias.
La gravedad de los hallazgos fue reforzada por la afirmación de James Cavallaro, vicepresidente del organismo, quien señaló: "Los hechos que han sido reportados, los testimonios, las informaciones (...) sugieren por lo menos la existencia de ejecuciones extrajudiciales, por lo tanto tiene que haber una investigación debida".
A través de un comunicado, Almagro respaldó el trabajo de la CIDH en el país, como una invitación realizada por el Gobierno mexicano. "La CIDH es una pieza clave en el sistema interamericano, a la que acuden los más desprotegidos en nuestro hemisferio, y por ello tiene mi apoyo", aseguró el funcionario.
Reconocemos invitación de @EPN para vista @CIDH a MX, un paso adelante hacia verdad y justicia en derechos humanos
En la nota de prensa, disponible en el sitio web de la OEA, el secretario general destacó la actitud adoptada por el Gobierno, ya que, dijo, "un gobierno puede o no disentir con algunos de los hallazgos de la CIDH, lo importante es que la Comisión pueda trabajar con garantías, algo que México ha proporcionado en todo momento''.
CONCLUSIONES
Un documento titulado Observaciones Preliminares de la visita in loco a México (disponible en el sitio web de la CIDH) señala que los integrantes de la Comisión se entrevistaron con autoridades de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, así como con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. También recabaron testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Durante su recorrido, la delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
"La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros", señala la declaración de los expertos.
También se remarca que "la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia ha generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana".
Del lado positivo, la CIDH saludó medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación, como una serie de reformas en materia de derechos humanos introducidas a partir de 2011. "La CIDH reconoce la modificación de diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección", señala el comunicado. También destacan la decisión de la Suprema Corte de Justicia, "que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles, así como la facultad de realizar el control de convencionalidad por parte de todos los tribunales del país", y la publicación de la Ley de Amparo en abril de 2013.
Asimismo, destacó la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos (2013-2018) y la publicación, en enero de 2012, de la Ley General de Víctimas, aunque sobre esta última llamó la atención sobre reportes que han recibido sobre la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato.
La llegada de la comitiva coincidió con el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, por lo que el tema también fue objeto del pronunciamiento durante esta visita.
El grupo le pidió al Gobierno mexicano tomar en cuenta el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado 6 de septiembre, a fin de dar con la verdad de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
"Específicamente, con base en el informe del GIEI, la Procuraduría General de la República debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo fiscal especial a cargo de la investigación; renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso, quienes deben ser seleccionados respetando los principios de imparcialidad, autonomía e independencia a través de procesos transparentes; y reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales se distancian de la hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento", señala el documento de la CIDH.
Asimismo, se urge a las autoridades a que permitan a los expertos del GIEI entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por ellos.
Luego de un año de los trágicos hechos en Iguala, reitero el compromiso del @GobMX con la verdad y la justicia.
El informe preliminar de la visita in loco incluye aspectos como desapariciones y desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, tortura, integridad personal y privación arbitraria de la libertad, desplazamiento interno forzado, violencia contra defensores de los derechos humanos, violencia y amenaza contra periodistas y comunicadores, impunidad y falta de acceso a la justicia.
En materia de agresiones a defensores de derechos humanos, el documento señala que "en el período 2006-2012, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 245 agresiones en contra de personas defensoras, 22 personas defensoras y 5 integrantes de sus familias presuntamente asesinadas por motivos relacionados con su defensa de derechos humanos, y reportaron que se desconocía el paradero de seis defensores".
En cuanto a la violencia contra los periodistas, la CIDH afirma haber notado un "aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en México", y refiere que la Relatoría Especial ha registrado que en la última década 67 periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en 2014 y 6 más en lo que va de 2015.
"La violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales", se lee en el texto divulgado al término de la visita a México.
Sobre las causas de la falta de acceso a la justicia, los expertos concluyeron que obedece, en parte, a la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías municipales y agencias judiciales, lo que, afirmaron, "debilita significativamente el aparato de justicia". Además, lo atribuyen a "la inexistencia en algunos estados de ciertos tipos penales, así como falencias en los existentes, [lo que] dificulta la procuración de justicia en relación con hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, la falta de independencia y autonomía de las agencias forenses, tanto a nivel estatal como federal, es un desafío para el Estado en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia penal", apuntaron.
Entre las 21 recomendaciones que presentaron los expertos se encuentran:
