El Parlamento de la Unión Europea contempla llamar a declarar a representantes del Gobierno de Panamá, como parte de una investigación sobre supuestas irregularidades vinculadas con la firma panameña Mossack Fonseca.
Así lo informó el parlamentario alemán Burkhard Balz, miembro del Partido Europeo del Pueblo, según lo consignó el diario Luxemburger Wort.
De acuerdo con este medio, Balz adelantó que también planean citar a declarar a representantes del bufete para esclarecer el papel de varios funcionarios europeos en presuntas irregularidades.
Las llamadas a declarar se desarrollarían por iniciativa de un comité de investigación, constituido por 65 miembros del Parlamento, que fue aprobado el jueves pasado para realizar pesquisas sobre la posible evasión de impuestos de gobiernos y sus respectivos funcionarios de varios de los países que son miembros de la Unión Europea.
Las autoridades de la Cancillería de Panamá anunciaron que ante este escenario están dispuestos a “cooperar vigorosamente”.
Este medio intentó conocer la posición de representantes de la firma, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
PROPUESTA
El gobierno de Panamá “cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial” respecto a supuestas irregularidades financieras a través de la firma panameña Mossack Fonseca.
Así lo aseguró la Cancillería, después de que un representante del Parlamento Europeo anunciara que planean citar a declarar al gobierno panameño sobre este caso.
“Los miembros del parlamento quieren traer luz a los problemas estructurales que dificultar resolver precisamente ese problema”, dijo el alemán Burkhard Balz, del Partido Europeo del Pueblo, según consigna el diario Luxemburger Wort.
El gobierno nacional, sin embargo, no sería el único entre los planes del parlamento europeo.
De acuerdo con el propio Balz, la asamblea también planea llamar a declarar a representantes de Mossack Fonseca.
Todo esto, como parte del proceso que lleva una comisión especial creada el jueves pasado, la cual está constituida por 65 miembros del parlamento y tiene como objetivo investigar los entramados de supuesta evasión fiscal cometidas por varios de los gobiernos, y sus respectivos funcionarios, de los países miembros.
Este medio intentó conocer la posición de Mossack Fonseca ante su posible llamada a declarar. Se le envió correo a su Departamento de Mercadeo y a la empresa de relaciones públicas que les ha servido como vocera desde que se conoció la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Al cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.
RESOLVER EL PROBLEMA
La iniciativa de crear una comisión especial que se encargue de investigar lo relacionado con Mossack Fonseca intenta analizar los peligros morales que surgen cuando la mayoría de los contribuyentes sostiene el sistema financiero de un país, mientras otros abusan y aprovechan de los vacíos legales para menoscabar el sistema democrático.
Así lo advierte uno de los documentos de constitución de la comisión, que también indican que el grupo, compuesto por 65 parlamentarios, investigará “supuestas malas prácticas en la aplicación de las leyes europeas sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal”.
El próximo jueves, 23 de junio, se realizará la última votación para poner a funcionar la comisión, según señala el diario británico The Guardian.
Precisamente, Gran Bretaña es uno de los países que estará bajo mayor escrutinio por parte de esta comisión, ya que cerca de la mitad de las 214 mil entidades creadas por Mossack Fonseca fueron registrados en las Islas Vírgenes Británicas.
Se espera que las pesquisas comiencen en septiembre próximo y que duren cerca de un año. La comisión, de acuerdo con su carta constitutiva, no podrá imponer sanciones, pero podrá hacer solicitudes a la Unión Europea.
El grupo tendrá que determinar si los Estados miembros de la Unión Europea fracasaron en imponer las directivas continentales para evitar el lavado de dinero, así como sancionar a las instituciones que permitieran estas prácticas. También investigará si los Estados europeos no cumplieron el compartir información de sospechas de evasión fiscal.
La parlamentario noruega Eva Joly aseguró que el principal objetivo de la comisión es “trabajar en los posibles nexos entre los Estados y los intermediarios, incluyendo a los del sector financiero y el sector jurídico”.
El Parlamento Europeo estima que la evasión fiscal significa pérdidas cercanas a los 70 mil millones de dólares anuales.
El año pasado, los parlamentarios rechazaron crear una comisión para investigar las evasiones fiscales en Luxemburgo, por lo que la creación de este grupo da cuenta de nuevos objetivos en el órgano, aseguró el diario The Guardian.
