Fiscal general compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe

La Fiscalía General de Colombia envió a la Corte Suprema de Justicia copias del expediente de la masacre de El Aro, registrada el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia), para que se investigue la presunta participación del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.

La información, divulgada hoy, 6 de octubre, por los diarios El Tiempo, El Espectador y la emisora Blu Radio, indica que la solicitud del fiscal Eduardo Montealegre se basa en declaraciones ofrecidas ante una comisión de la Fiscalía General por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien señaló que el entonces gobernador de Antioquia tuvo conocimiento directo de los hechos.

Sobre esta noticia, el exmandatario reaccionó en Twitter hoy.

Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales

El abogado del exmandatario, Jaime Granados, dijo que están acostumbrados a enterarse de estas cosas por parte de los periodistas, que es la única información que tiene. 

"Ya el presidente se manifestó diciendo lo que el país entero conoce, que él lleva en toda su vida política el tener que enfrentar las calumnias especialmente en épocas electorales", indicó. No obstante, dijo que la única circunstancia adicional es que esto se produce en momentos en que la fiscalía ha emprendido una arremetida en contra de Uribe y su familia. 

"Esa es la realidad, estamos frente a una persecución sin precedentes a quien es el principal opositor del actual gobierno y del proyecto ideológico que defiende el fiscal general desde la trinchera de la fiscalía", apuntó Granados en declaraciones a Blu Radio.

En una grabación divulgada por la emisora colombiana se escucha parte del testimonio de  Don Berna, ante un fiscal en Miami, Florida durante el cual supuestamente implica a militares y se afirma que esto se dio durante la administración de Uribe Vélez, quien para esa fecha era gobernador del departamento de Antioquia.

EXTRACTO DEL INTERROGATORIO

Durante el interrogatorio se escucha a una persona que interroga, el interrogado (Don Berna) y una mujer, que en momentos recuerda nombres al que está contestando. 

"Don Berna. Fue con el apoyo del pacto de la unidad, que estaba bajo su administración. Era tanto, digamos, la simpatía o la cercanía con la Autodefensa y con Carlos, que Carlos en un momento quiso abrir un bloque en la zona de Montes del María con el nombre de Rito Alejo Cho, pero después hubo una reunión y entonces no nos queda muy evidente que se refiere al general Rito Alejo del Río. Al general Rito Alejo le faltó haberse desmovilizado... porque él era miembro orgánico de la Autodefensa", señala Don Berna en el audio divulgado. 

"Interrogador. Usted mencionó un grupo de asesores que eran los que determinaban sobre la vida o la muerte de muchas personas y a las que Carlos Castaño obedecía. Usted mencionaba a Rito Alejo del Río, al coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, a José Miguel Páez...".

"Don Berna... Como el señor Rodrigo García... porque uno de los que incitó o le dijo a Carlos que había que también asesinarlo [a Jesús María Bañez] fue el que era secretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno... [en la administración de] Álvaro Uribe Vélez...", se escucha en la grabación, que según la emisora dura unas seis horas y en la que se vuelve a mencionar al expresidente.

'SE HACEN PREGUNTAS SUGESTIVAS'

Sobre la grabación, el abogado de Uribe Vélez señala: "Me parece muy grave porque el pequeño fragmento que he podido escuchar es claro que la fiscalía está sugiriéndole a quien está declarando las respuestas que quiere escuchar, hace preguntas claramente sugestivas que serían inapropiadas en un terreno judicial. En Colombia existe una regla que hace más de 20 años se respeta, y es que ninguna prueba puede ser tenida en cuenta si no es objeto de contradicción, de confrontación, y ciertamente la defensa del señor presidente, que yo he ejercido de este tema hace más de cinco años, jamás fue invitada, nunca se le informó que asistiera a ningún evento en donde fuera a declarar este señor, en este tema, porque allí hubiéramos estado y hubiéramos impedido que se le sugirieran respuestas a un testigo y hubiéramos contra interrogado".

Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi Gbno, en calidad de testigo electoral en mi contra!

Asimismo, Granados expresó que en otros procesos donde ha declarado Don Berna referido a sus clientes, nunca los ha incriminado porque "los bandidos" son criminales pero "no son brutos" y saben muy bien que sus beneficios se van al piso si son encontrados como mentirosos. "Y generalmente los descubrimos con nuestros contra interrogatorios, impidiendo que la fiscalía les diga qué es lo que van a responder", afirmó. "Esto no es más que un ejemplo de toda esta persecución dirigida e incrementada recientemente contra el expresidente, porque en eso estamos en Colombia, un futuro donde las FARC andan libres haciendo política y el presidente Uribe preso", alegó.

Sobre la masacre de El Aro, donde según noticias recientes algunos testigos dijeron que había un helicóptero de la Gobernación -siendo Uribe el gobernador de Antioquia en esa fecha- que sobrevolaba en la zona mientras mataban a los campesinos, el abogado dijo que en ninguno de los procesos en los que él ha intervenido aparece un testigo que haya afirmado eso. "Esa ha sido una de las versiones que ha cogido vuelo casi que macondiano, el tema de la masacre de El Aro, que ha sido una de las más graves sin duda en Colombia... en lo que tiene que ver con el expresidente Uribe no ha habido un solo testimonio que lo vincule ni directa ni indirectamente, pero sí ha sido utilizado por sus detractores políticos esta versión casi ficcionada...", argumentó. 

El diario El Tiempo reportó en febrero pasado que el Tribunal de Justicia Transicional en Medellín compulsó copias para que se investigara al exgobernador de Antioquia y hoy senador Álvaro Uribe debido a la presencia del helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre del Aro, dentro de la decisión de condena proferida al exparamilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy.

Sobre la relación o diferencia entre este caso y la solicitud actual de la fiscalía a la Corte, Granados adujo: "Hubo un proceso de Justicia y Paz, del cual el expresidente Uribe no es parte, donde hizo una compulsa de copias con una serie de argumentos que en su momento la Sala Penal de la Corte Suprema, en una apelación que presentó la Procuraduría, rechazó, le pareció inapropiada, la propia Corte, porque como ese tribunal no tiene competencia para investigar al presidente Uribe no puede hacer calificaciones de lo que compulsa copias..."

Sobre todo quiero decirle a la opinión pública que en Colombia como en cualquier lugar civilizado no se le puede investigar a escondidas, a espaldas, sin presencia de la defensa porque esa es la manera de manipular pruebas y por eso mismo hay que respetar las garantías no solo del presidente Uribe sino de cualquier colombiano. Por eso ningún proceso contra el expresidente ha podido avanzar, porque está basado en mentiras. 

En declaraciones a RCN Radio, el procurador general, Alejandro Ordoñez Maldonado, afirmó que la compulsa de copias de la Fiscalía para que se investigue al expresidente es parte de una condición impuesta por las FARC para firmar la paz. "Las FARC siempre han colocado como condición para firmar la paz la judicialización del expresidente Álvaro Uribe", indicó.

De acuerdo con la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de julio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia, la cual se originó en las denuncias número 12,050 (La Granja) y 12,266 (El Aro), recibidas en la Secretaría de la Comisión el 14 de julio de 1998 y el 3 de marzo de 2000, respectivamente. 

"En su demanda, la Comisión se refirió a los hechos ocurridos en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente... alegó que la “responsabilidad del […] Estado […] se deriva[ba] de los [presuntos] actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que [presuntamente] perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese Municipio asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”. Asimismo, la Comisión señaló que “transcurridos más de ocho años desde la incursión en el corregimiento de La Granja y más de seis años desde la incursión armada en el corregimiento de El Aro, el Estado colombiano no había cumplido aún en forma sustancial con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y reparar adecuadamente a las [presuntas] víctimas y sus familiares”, señala la sentencia.

La sentencia concluye que el Estado violó el derecho a la integridad de todos los pobladores de El Aro, así como que no se les garantizó el pleno acceso a la justicia, por lo que debía, entre otras cosas, llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia, brindar gratuitamente y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas, realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hubieran visto desplazados pudieran regresar y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos.