Desde 2010, PEMEX y la Secretaría de la Función Pública tenían evidencias de un conjunto de anomalías en los contratos otorgados a Odebrecht, como sobrecostos y pagos ilegales, pero en vez de demandar o sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La multiplicación de contratos a favor del consorcio brasileño coincide con el periodo en que -ahora se sabe- hubo sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, según confesaron ejecutivos de la empresa que está en el centro de una investigación internacional que está provocando terremotos políticos en 12 países de América Latina y África.
Mucho antes de que en diciembre de 2016 en una corte de Nueva York se supiera que Odebrecht había pagado millonarios sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales.
Pese a que desde 2010 se detectaron estas anomalías, Petróleos Mexicanos adjudicó directamente en los años siguientes cuatro contratos por más de 1,574 millones de dólares a Odebrecht y a sus filiales Mina-Trico y Ebramex, según consta en documentos obtenidos para esta investigación por medio de solicitudes de acceso a la información.
Además, PEMEX canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno, cuyos usos más conocidos han sido para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años. Sin embargo MCCI obtuvo una copia del contrato y esa operación representó un negocio de al menos 2,500 millones de dólares.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron.
Paradójicamente, fue justo en el año en que la ASF descubrió las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos a Odebrecht, según han admitido ejecutivos de la constructora brasileña ante una corte federal en Nueva York. En su confesión, rendida el 21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos.
UNA HISTORIA NEGRA
En febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de PEMEX una relación de las anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
En los tres años siguientes, el órgano fiscalizador encontró más anomalías en la misma obra, pero PEMEX nunca promovió sanciones contra la empresa.
Por ejemplo, el costo de esa obra se disparó 66%, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares. Además la constructora entregó la obra con 5 años de retraso; se había pactado finalizar en 2008 y se concluyó hasta 2013.
La ASF –el órgano vinculado a la Cámara de Diputados que vigila el uso del erario- documentó cómo fue que desde 2010 PEMEX avaló estos sobrecostos e incumplimientos.
Por ejemplo: entre 2010 y 2012, Odebrecht logró que el gobierno de Felipe Calder ón les pagara 191 millones de dólares adicionales para concluir la obra en Minatitlán y PEMEX le pagó otros 25 millones de dólares por 40 contratos complementarios otorgados sin licitación.
La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien realizó 19 audiencias conciliatorias, en las que PEMEX, todas y cada una de las veces, cedía a favor de la empresa brasileña.
PAGOS ILEGALES
En la revisión de dos contratos, los auditores descubrieron que PEMEX había formalizado de manera improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados.
En opinión de la ASF, el anticipo “concede beneficios económicos a la contratista”, pues ese dinero nunca fue considerado en las bases de licitación ni en los contratos firmados.
En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares, según sus ejecutivos. No obstante, sus ganancias en realidad fueron mucho mayores.
La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares. En uno de ellos (ROPA02709P), por ejemplo, pagaron un millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios que no se hicieron en Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros dos contratos (ROPA02909P y ROPA 02809P), por los que PEMEX pagó por duplicado o en exceso 508 mil dólares.
Los auditores también determinaron que un pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder es el controvertido Carlos Romero Deschamps, “no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente presenta inconsistencias”.
OCULTAN CONTRATOS EN PARAÍSOS FISCALES
Por otra parte, la investigación de MCCI evidencia que PEMEX recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que ha asignado directamente a Odebrecht.
Uno de ellos fue el otorgado en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447 kilómetros.
Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional, pero el concurso fue declarado “desierto” en octubre de 2013, y tiempo más tarde PEMEX asignó ese contrato por 1,200 millones de dólares a Odebrecht, quien creó un consorcio ex profeso llamado AOT.
Para asignar directamente el contrato del gasoducto a Odebrecht y a sus socios, PEMEX recurrió a una intrincada red de empresas filiales creadas en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán y en Holanda, según constató Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
A través de esa red, PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar el gasoducto transfronterizo de Quetzal, que enlazará al sur de México con Guatemala.
La ASF informó durante la elaboración de este reportaje que no están en posibilidades de identificar “malas prácticas entre proveedores y servidores públicos, que por su naturaleza no quedan reflejados en ningún momento”.
En una tarjeta informativa afirmaron que el marco normativo únicamente les ha permitido vigilar el manejo y la aplicación de los recursos públicos.
Desde su perspectiva, esperan que con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción pudieran ampliar sus actividades.
Odebrecht está involucrado en el gigantesco escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”, que involucra a 12 países, y del que se han derivado investigaciones oficiales en Latinoamérica; en algunas de ellas, como en el caso peruano, ya llevó a una orden de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo; mientras tanto, en Brasil hay más de 70 ejecutivos de Odebrecht sujetos a indagatorias, al igual que el ex presidente Lula y su ministro José Dirceu. Hasta el momento en México se han abierto expedientes por la Secretaría de la Función Pública “contra quien resulte responsable”.
LAS ANOMALIAS QUE PEMEX OCULTO
Desde febrero de 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre graves irregularidades cometidas en PEMEX por el grupo Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño inmerso en una trama de corrupción que ha sacudido a América Latina.
Sin embargo, esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por dos gobiernos consecutivos, primero con Felipe Calderón y luego con el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.
Y fue hace apenas dos meses cuando han abierto investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de PEMEX, luego de que ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014.
Pero las primeras anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, fueron descubiertas por la ASF desde 2010 y reportadas al órgano interno de control en PEMEX en febrero del 2011, y pese a ello no se promovieron sanciones o acciones penales contra el poderoso consorcio. En documentos internos de la ASF consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, no hay registro de movimiento alguno en este sentido.
Por el contrario, la propia paraestatal las corrigió. De hecho, actualmente, aparecen como “solventadas”, en los registros de la ASF. Pero los directivos de Odebrecht declararon que, justo entre los años 2010 y 2012, entregaron los primeros 4.5 millones de dólares en México.
Entre 2013 y 2014 -según consta en la sentencia publicada por una corte federal en Nueva York- Odebrecht sobornó con 6 millones de dólares a más funcionarios mexicanos. En este periodo, el consorcio ganó contratos en las refinerías de Tula y Salamanca. Pero sobre todo, se quedaron con el proyecto de 1,200 millones de dólares para el gasoducto Los Ramones, luego de que PEMEX hizo maniobras para ponerlo en las cuentas de Odebrecht por medio de sus propias empresas de papel abiertas en paraísos fiscales, según consta en un archivo integrado con documentos públicos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Fue exactamente desde febrero del año 2012, aún durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, cuando la ASF –el órgano que vigila el uso del erario vinculado a la Cámara de Diputados- documentó cómo fue que PEMEX avaló sobrecostos, toleró incumplimientos e hizo pagos ilegales al consorcio para la modernización de la refinería de Minatitlán.
Hace ya casi un año, el 8 de marzo del 2016, el juez brasileño Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht -el millonario y presidente de Odebrecht- a 19 años y 4 meses de prisión por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras. Según la sentencia -sujeta a una apelación por parte de sus abogados defensores- fue hallado culpable de “corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir”.
Los dos últimos gobiernos mexicanos, primero con el ex Presidente Felipe Calderón y ahora bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, pagaron a Odebrecht contratos por unos 1,429 millones de dólares para el proyecto fallido de elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula.
Además, cancelaron inversiones propias para cederles el negocio del etileno –cuyos usos más conocidos ha sido para materias primas y para la fabricación de plásticos-. Pemex también les asignó, sin concurso de por medio, la construcción del citado gasoducto, de acuerdo con datos tomados de registros públicos, en contratos y en las observaciones de la ASF.
El pasado 21 de diciembre, ante una corte federal ubicada en Brooklyn, Nueva York, ejecutivos de Odebrecht se declararon culpables y acordaron pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares para atemperar las acusaciones en su contra por corrupción abiertas en Brasil, Estados Unidos y Suiza. Además, admitieron haber sobornado a funcionarios y partidos en América Latina. Entre esos países, se encontraba México.
A partir de esta confesión, la Secretaria de la Función Pública presentó una demanda ante la PGR “contra quien resulte responsable”. Hasta el momento, se desconocen públicamente sus avances.
Las revisiones de la ASF muestran que en el periodo en que ocurrieron los sobornos, entre los años 2010 y 2014, Pemex Refinación fue la principal responsable de haber autorizado contratos con Odebrecht.
La trasnacional brasileña también obtuvo un contrato con PEMEX para operar una planta productora de etileno en Veracruz, el cual -de acuerdo con expedientes de la Fiscalía de Brasil obtenidos para esta investigación- forma parte de una posible operación de tráfico de influencias. Algunos personajes ya están presos en Brasil.
En total hay unos 77 ejecutivos y directivos de Odebrecht bajo investigación o encarcelados. Las consecuencias de este caso, “Lava Jato” –como se le conoce públicamente-, han alcanzado a los altos círculos de la política en otros países. En el propio Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva es señalado por presuntamente fungir como intermediario de ese consorcio en América Latina y en otros países cuando fue presidente.
En Perú, un juez dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario Alejandro Toledo quien presumiblemente recibió dinero a cambio de una licitación. Y, en Colombia, el viceministro del transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe fue recientemente arrestado por enriquecimiento ilícito, entre otros cargos.
FALLIDA MODERNIZACIÓN DE REFINERÍAS
Odebrecht cobró en los últimos diez años más de 1,429 millones de dólares en un fallido proyecto que tenía como objetivo elevar la producción de combustibles. La producción en vez de aumentar, cayó a sus peores niveles , según documentos de la Secretaría de Energía (SENER) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Entre enero y julio de 2006 el porcentaje de gasolina importada por México era de 23.2%, y para 2016 superó el 60%, reconoce un informe de la SENER. Es decir, las refinerías cada vez producen menos.
Odebrecht participó en obras de modernización en tres de las seis refinerías, con contratos otorgados en forma directa, con sobreprecios y ampliaciones presupuestales irregulares, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Los contratos otorgados a Odebrecht eran para aprovechar los residuales de energéticos, y con ello incrementar la producción de combustibles.
En un documento interno, PEMEX reconoce que las inversiones en las tres refinerías tenían como objetivo reducir la importación de gasolina de 40% que se tenía en 2011 a 34% para el 2016, pero el proyecto fracasó: la producción nacional cayó y las importaciones se dispararon.
INVOLUCRA A TRES GOBIERNOS
En la etapa final del Gobierno de Vicente Fox, Odebrecht obtuvo dos contratos para la modernización de la refinería de Minatitlán, pero la obra la entregó hasta 2013, a un sobrecosto del 66% y con un rezago de cinco años, según consta en documentos obtenidos para esta investigación por medio de solicitudes de acceso a la información.
La empresa se comprometió a realizar la obra en 635 millones de dólares. Al paso de los años ésta se encareció, y tras una disputa con el Gobierno mexicano, logró que entre 2007 y 2012 –ya con el Gobierno de Felipe Calderón- le pagaran un excedente y contratos adicionales por 420 millones de dólares.
Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Odebrecht obtuvo otros tres contratos de PEMEX por 4 mil 670 millones de pesos para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, revelan documentos obtenidos vía transparencia por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
INCUMPLIMIENTOS Y SOBRECOSTOS
En los contratos suscritos con PEMEX, Odebrecht incumplió plazos de entrega de las obras y aplicó cobros adicionales a los originalmente establecidos.
Un ejemplo fueron los dos contratos otorgados a Odebrecht y a sus filiales (Mina-Trico y Ebramex) para la reconfiguración de la refinería de Minatitlán.
Ambos fueron asignados tras una licitación internacional en febrero de 2005, y se fijó como plazo para ejecutar la obra el 4 de marzo de 2008. No obstante, Odebrecht incumplió el plazo pues todavía en 2012, no entregaba la obra.
Odebrecht y sus asociados ganaron las dos licitaciones porque –según el fallo- habían presentado “propuestas solventes, con el precio más bajo”, que ascendía a 634.9 millones de dólares, pero al final el costo se elevó a 1,055 millones de dólares. Es decir, PEMEX pagó 420 millones de dólares más, lo que representó un incremento del 66%.
En mayo de 2012 lograron que el gobierno de Felipe Calderón les pagara 143 millones de dólares adicionales para concluir la obra, equivalentes a 1,893 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.
Además, ese mismo año, PEMEX le pagó a Odebrecht otros 11 millones de dólares (145 millones de pesos) por 35 contratos complementarios otorgados sin licitación.
En conjunto, los pagos extras (que incluyeron sobrecostos y contratos directos) sumaron 154 millones de dólares (unos 2 mil 38 millones de pesos) tan sólo en 2012.
En dos años anteriores (2010 y 2011), PEMEX le pagó a Odebrecht 48 millones de dólares más por sobrecostos y aceptó cubrir 14 millones 192 mil dólares por otros cinco contratos directos.
PEMEX CEDE A FAVOR DE ODEBRECHT
La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de la Función Pública, quien realizó 19 audiencias conciliatorias.
El reclamo de pagos extra ocurrió casi desde el inicio de los contratos, lo que derivó en convenios de conciliación en los que PEMEX siempre cedía a favor de la empresa brasileña. En 2007, por ejemplo, aceptó realizar pagos adicionales por 47 millones de dólares por ajustes de costos y gastos no recuperables; al año siguiente firmó otros tres convenios por 73 millones 374 mil dólares por el mismo concepto, y en 2010 el monto adicional acordado fue por 53 millones 900 mil dólares.
Durante 2011, PEMEX aceptó tres convenios por 17 millones 900 mil dólares extras, por concepto de “mayor permanencia de maquinaria, equipo y mano de obra” debido a retrasos en la ejecución del proyecto de modernización de la refinería.
Adicionalmente, PEMEX aceptó otorgar al menos cuatro prórrogas a Odebrecht, lo que llevó a un retraso de cinco años en la terminación de la obra.
De acuerdo con los testimonios de ejecutivos de Obredecht en Estados Unidos –cuyos nombres no fueron del dominio público-, los sobornos en México por 10.5 millones de dólares se repartieron en dos momentos distintos.
En el primero fueron 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista. El segundo ocurrió entre 2013 y el 2014, ya cuando Enrique Peña Nieto ocupaba la residencia oficial de Los Pinos.
ASIGNACIONES DIRECTAS
En la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, Odebrecht obtuvo al menos 40 contratos por adjudicación directa entre 2009 y 2012, periodo que coincide en una parte con la entrega de los primeros sobornos en México por 4.5 millones de dólares.
Por ejemplo, el 14 de junio de 2010, PEMEX formalizó el contrato ROPA 02710P, por 11 millones 982 mil 600 dólares (equivalentes a 148 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), en una sociedad que Odebrecht estableció con la empresa española Técnicas Reunidas y la mexicana Río San Juan Construcciones. Las obras fueron adjudicadas sin concurso.
Un año antes, entre septiembre y octubre de 2009, hubo otros cuatro contratos (ROPA03609P, ROPA02709P, ROPA02809P y ROPA02909P) por 2 millones 210 mil dólares, para el mejoramiento masivo de suelos, el diseño de un cabezal de desfogue para una planta petroquímica, el cambio de materiales en calentadores de la refinería y modificaciones en los reactores y enfriadores de gas de la unidad recuperadora de azufre.
La revisión de la ASF, publicada hasta febrero del 2012, determinó que algunos de estos contratos fueron irregulares. En uno de ellos, por ejemplo, pagaron un millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios en la refinería que no se hicieron. Lo mismo ocurrió en otro contrato, por el que PEMEX pagó por duplicado.
“Se determinó que la entidad (PEMEX), al autorizar el contrato de obra pública a precios unitarios número ROPA02709P, realizó pagos en exceso a la contratista por 77 mil 700 dólares, debido a que los conceptos de los trabajos pagados ya estaban contemplados dentro del precio ofertado en el contrato de obra pública a precio alzado PR-OP-L-002/05P”, determinaron los auditores.
La ASF también desacreditó un contrato firmado con Odebrecht para el diseño de un cabezal de desfogue para la planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, por 180 mil 500 dólares. Según los auditores, PEMEX no acreditó que con el manejo de las descargas hubiera mejorías. En contraparte –dice el dictamen- “se trató de omisiones en el desarrollo de la ingeniería de detalle de la contratista”.
Además, la ASF determinó que el costo no se integró con base en precios unitarios, no se precisaron alcances y –por si fuera poco- las obras que Odebrecht buscaba cobrar ya estaban contempladas en un contrato anterior. También estableció que hubo “pagos en exceso” por 431 mil 800 dólares en el contrato ROPA02909P.
Se determinó que el pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder es el controvertido Carlos Romero Deschamps, “no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente presenta inconsistencias.”
COBROS EN EXCESO
Para resolver la disputa que Odebrecht y sus socios tenían frente a PEMEX por el incremento de costos para la refinería de Minatitlán, la paraestatal contrató al perito C&C Estudios y Proyectos, SA de CV, que fue la que determinó que era procedente que se pagaran los ajustes de precios para insumos como el cobre y otros.
El desembolso fue por 27.4 millones de pesos. Pero la ASF observó que PEMEX violó la Ley de Obras Públicas, ya que cuando ocurran estos casos, deben apegarse a los lineamientos expedidos por la Función Pública y no por un acuerdo con el contratista, y la intermediación de un perito.
Odebrecht y sus socios cobraron además otros ocho millones de dólares para cubrir “el exorbitante incremento de la demanda de catalizadores” que se utilizaban en las obras de reconfiguración. Según el contratista, los precios de éstos subieron entre 138 y 493 por ciento.
No obstante, la ASF determinó que esos incrementos se basaron en “argumentos no documentados y comprobados”, por lo que determinó que PEMEX Refinación hizo un pago improcedente por 8 millones 97 mil dólares, el cual debería reintegrarse.
PAGOS ILEGALES
En la revisión de los contratos PR-OPL-002/05P y PR-OPL-001/05P, los auditores descubrieron que PEMEX había formalizado de manera improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados, que representaba el 100% del monto de inversión pendiente por ejercer en la fecha de la revisión (diciembre de 2010).
En opinión de la ASF, el otorgamiento del anticipo “concede beneficios económicos a la contratista”, pues ese dinero nunca fue considerado en las bases de licitación ni en los contratos firmados.
En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares, según sus ejecutivos. No obstante, sus ganancias en realidad fueron mucho mayores .
“PEMEX incumplió con los preceptos legales, reglamentarios y cláusulas del contrato”, concluyó. La ASF pidió recuperar el anticipo. En otra auditoría, consideró ilegal la devolución de 1 millón 290 mil dólares de retenciones que se hizo a Odebrecht, en la misma obra de la refinería de Minatitlán.
ELUDE PEMEX LICITACIÓN Y BENEFICIA A ODEBRECHT
Pemex recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que ha asignado directamente a Odebrecht.
Uno de ellos fue el otorgado en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447 kilómetros.
Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional. El 15 de octubre del 2013, el concurso fue declarado “desierto” aun cuando estaban inscritas filiales de tres empresas trasnacionales: GDF Suez de Francia, Sempra de Estados Unidos y TransCanadá, de acuerdo con registros públicos.
Tiempo más tarde, PEMEX entregó esa obra a Obredecht quien obtuvo 1,200 millones de dólares luego de crear ex profeso un consorcio llamado AOT.
LA RED EN PARAÍSOS FISCALES
Para asignar directamente el contrato del gasoducto a Odebrecht y a sus socios, PEMEX recurrió a su intrincada red de empresas filiales creadas en paraísos fiscales.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a PEMEX copia de todos los contratos que ha otorgado a Odebrecht y a sus filiales entre los años 2005 y 2016, y en la respuesta entregada la paraestatal omitió la obra del gasoducto.
Y es que el contrato no lo firmó directamente PEMEX, sino una empresa también creada únicamente para el proyecto Los Ramones, de nombre TAG Pipelines S de RL de CV, cuyos accionistas son dos compañías de papel establecidas en islas del Caribe, de nombre MGI Enterprises Ltd., con base en las Islas Vírgenes Británicas (con el 84% del capital), y MGI Supply Ltd, establecida en las Islas Caimán (con el 16% de las acciones).
MGI Enterprises y MGI Supply, a su vez, pertenecen a Mex Gas International Ltd., empresa filial de Pemex establecida desde 1993 en Islas Caimán.
Como ninguna de las empresas mencionadas tiene empleados, TAG Pipelines firmó un contrato de prestación de servicios con Gasoductos de Chihuahua, compañía en la que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) poseía hasta el año pasado el 50% de las acciones y la otra mitad Sempra Energy, de Estados Unidos.
La red de empresas que hay detrás del gasoducto incluye a TAG Norte y TAG Pipelines Norte, en las que también participa PMI Holding BV, compañía establecida por Pemex en Holanda.
El contrato del gasoducto lo firmó PEMEX en 2013 con su filial TAG Pipelines, y ésta a su vez asignó la construcción y la operación a inversionistas privados, entre ellos Odebrecht.
En el contrato -del que se obtuvo copia- se menciona en la cláusula 3.7 que TAG Pipelines podrá subcontratar todas las obras que requiera, así como la operación y el mantenimiento del gasoducto. De esa forma, PEMEX le dio la vuelta a la licitación pública de una inversión que supera los 1,200 millones de dólares.
La operación lo asignó TAG a Gasoductos de Chihuahua, mientras que la construcción se otorgó al consorcio AOT Pipelines SAPI de CV, que fue constituido ex profeso para la obra el 17 de julio de 2014 por las empresas Odebrecht, de Brasil; Techint, de Argentina, y Arendal, de México, cada una con un 33% de participación accionaria, según consta en el acta obtenida para esta investigación.
MÁS CONTRATOS ENCUBIERTOS
A través de la intrincada red de filiales, Pemex ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar el gasoducto transfronterizo Quetzal, que enlazará al sur de México con Guatemala. Este proyecto está a cargo de TAG Transístmico S de RL de CV, una empresa creada en 2014 por dos filiales de Pemex: TAG Pipelines, que posee el 99% de las acciones y Mex Gas que tiene el 1%.
El primer contrato a Odebrecht en este proyecto se otorgó en 2015, para desarrollar estudios ambientales, arqueológicos, cotización de servicios y equipos, planificación y elaboración del presupuesto.
Este primer contrato fue para comprobar la viabilidad financiera del gasoducto de 20 pulgadas, que se proyecta vaya de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, hasta el municipio de Suchiate, en Chiapas; de ahí se pretende extender la tubería hasta la localidad Los Limones, en el departamento San Marcos, de Guatemala.
El presupuesto estimado por Odebrecht asciende a 800 millones de dólares, para tender 600 kilómetros de ductos, de los cuales 180 estarían en territorio guatemalteco y 420 en México. El proyecto incluye dos estaciones de medición y dos de compresión. La superficie requerida para desarrollar la infraestructura es de 1,658 hectáreas.
OBRAS POR 'DEDAZO'
PEMEX asignó sin licitar a la constructora Norberto Obredecht otros tres contratos. Dos de ellos para la refinería de Tula, en Hidalgo, por un monto arriba de los 4,842 millones de pesos para aumentar el procesamiento de combustibles.
Uno de ellos lo asignó PEMEX Refinación el 15 de febrero de 2014, por 1,436 millones de pesos, el cual fue ampliado a 1,795 millones en noviembre del mismo año. El otro contrato se asignó el 16 de noviembre de 2015, por 1,939 millones de pesos.
En el primer caso, la obra debió entregarse el pasado 10 de agosto de 2015. No obstante, al cierre del 2016 el avance presupuestal a favor de la empresa fue del 90%. Mientras tanto, el segundo contrato vencerá el primer trimestre del 2017.
La tercera obra para este consorcio (número DCPA-SOSILN-SPRGPAC-A-4-14) –dentro de ese mismo paquete sin concurso- fue para la refinería de Salamanca, Guanajuato, en alianza con la empresa texana Fluor Enterprises Inc y la mexicana ICA Fluor Daniel S de RL de CV.
Este se firmó el 6 de noviembre de 2014, y asciende a 84 millones 701 mil dólares, que al tipo de cambio correspondiente equivale a 1,151 millones de pesos. El plazo para concluir se fijó para el 18 de noviembre de 2015, pero tampoco se cumplió.
En el periodo en cual el consorcio brasileño pagó sobornos, PEMEX asignó a Odebrecht dos contratos: uno el 15 de febrero de 2014 por 1,436 millones de pesos (que a los pocos meses se amplió a 1,939 millones) para realizar obras de acondicionamiento en la refinería de Tula y otro el 9 de julio de 2014, para la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II-Norte, que implica una inversión de 1,200 millones de dólares.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a la ASF una explicación en torno a por qué no procedieron contra las irregularidades detectadas en las obras de Odebrecht desde el año 2010. En una tarjeta informativa argumentaron que no cuentan con las facultades legales para ello, además de que no es factible “identificar malas prácticas” entre proveedores y servidores públicos que, por su naturaleza, no quedan reflejadas en ningún documento.
Desde su perspectiva, esperan que, con el Sistema Nacional Anticorrupción, el trabajo con otras instancias y con insumos proporcionados a través de denuncias previstas en el Título Cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores” de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, puedan ampliar el alcance de sus actividades.
