‘El sucesor de Rafael Correa tendrá que recomponer Ecuador’

El Colegio de Abogados y la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador aseguran que el sucesor de Rafael Correa tendrá que recuperar la institucionalidad y la democracia, y sacar al país de la crisis económica que dejaron sus políticas.

HAY UN 'RETROCESO DEMOCRÁTICO'

Alianza País, movimiento que llevó a Rafael Correa al poder en Ecuador, se define ideológicamente revolucionario, socialista, democrático e internacionalista, e impulsa lo que llama el “socialismo del Buen Vivir”, que se inserta en lo que los Presidentes de la izquierda latinoamericana de la última década promueven como socialismo del siglo XXI, gobiernos que se dicen inclusivos, que llegaron para acabar con la corrupción, con la “larga y triste noche neoliberal” que significaron los gobiernos de derecha de esas naciones durante décadas. ¿Se cumplió ese ideario en Ecuador?

Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, tras los nueve años de gestión de Correa, la respuesta es no. Y calificarlos, advierte que la “revolución ciudadana” no está escrita en ningún documento y que ningún político, incluido el Presidente, transmitió a la población en qué consistiría esa transformación radical de las estructuras sociales, políticas y jurídicas, a fin de poder evaluar sus resultados.

“Luego de un importante encantamiento de la gran mayoría de la población, respecto a las principales proclamas y resultados de los primeros meses de esta ‘revolución’, hoy esa gran mayoría se encuentra del lado de la frustración, rabia, impotencia y escepticismo por los resultados, entre los correspondientes retrocesos, que ha significado la implantación de un régimen que demuestra muchas falencias y fracasos, que hacen prever tiempos muy difíciles para la sociedad”, declaró.

Alomía cree que uno de los logros de los que el gobierno puede jactarse es la “enorme obra vial, en particular; y, de infraestructura física y tecnológica, en general”. Sin embargo, cuestiona que para hacerlo se haya optado por un alto endeudamiento externo.

Respecto al trabajo en educación, aunque señala que podría ser prematura una evaluación, apunta que hasta ahora ha significado que cerca de 500 mil bachilleres se hayan quedado sin acceso a la educación superior. “La implementación de las famosas escuelas del milenio –61 edificadas y 52 en construcción, de 212 proyectadas, según el Ministerio de Educación– es un esfuerzo que por ser limitado en su número, su impacto en el mejoramiento del sistema educativo resulta harto insuficiente”, alegó.

En materia de salud y seguridad social, aduce que las decisiones del gobierno y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen a la entidad en una virtual quiebra, ya que la deuda del Estado con esta fue declarada inexistente y, además, se derogó una ley que obligaba al Estado a aportar el 40% de lo requerido para cubrir con las pensiones. “El manejo de la Seguridad Social, ha sido realmente desastroso”, dijo.

Sobre el área de su especialidad, acotó que “la revolución o reforma a la justicia” aún no arroja resultados positivos, porque más del 90% del total del personal que laboraba en la Función Judicial, anterior a la “revolución ciudadana”, fue removido. “El mal llamado nuevo modelo de gestión procesal, sólo ha determinado la imposibilidad de ejercer libremente la abogacía, y ha sumido en la desocupación a decenas de miles de profesionales”.

Aseguró que otro aspecto que caracteriza al régimen es ser autoritario y represivo en materia de derechos humanos. “La persecución y hostigamiento a sus diversos opositores, mediante las instituciones y autoridades del Estado, en especial de la Administración de Justicia, ha sido el común denominador en este Gobierno. El irrespeto a los derechos humanos, a las libertades de expresión, opinión y de asociación, alcanza niveles realmente preocupantes, por la clausura y cierre de medios, la persecución, hostigamiento y despido de periodistas mediante amenazas a sus propietarios; y, la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 16 de junio del 2013, que amenaza la existencia de toda organización social que se constituya en un estorbo” para sus planes.

También criticó la forma en que se realizaron las reformas constitucionales en 2015, entre ellas la reelección indefinida. “15 de las 16 reformas debieron aprobarse o negarse mediante consulta popular o asamblea constituyente, por tratarse de reformas que modificaban la estructura del Estado o implicaban la regresión en materia de derechos, pero la docilidad de instituciones como la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional permitió su aprobación, como si se tratara de una simple reforma legal”, remarcó.

¿Avanzó o retrocedió Ecuador en estos nueve años?

Hecha una evaluación de lo que ha significado la “revolución ciudadana”, lo ocurrido luego de nueve años podría calificarse como un retroceso. [De hecho], el Gobierno que le suceda deberá desmontar todo un aparato burocrático, ineficiente, anti democrático y altamente oneroso para el Estado.

FEDECAMARAS OPINA

Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio (Fedecamaras), manifestó que en estos nueve años el país pudo alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y desarrollo social, aprovechando los ingresos adicionales por los altos precios del petróleo, que cifró en $78 mil 500 millones en exportaciones petroleras de 2007 a octubre de 2015.

“La política pública en ese sentido debió estar orientada a dinamizar la economía y reducir la alta dependencia en este recurso, y no fue así. La inversión pública aumentó 600%, pero la privada solo 60%”, explicó.Según el economista, las reformas han sido insuficientes para expandir las oportunidades empresariales. “Los gremios solicitamos en su momento que se detuviera la promulgación de nuevas leyes, sobre todo en materia económica (...) que nos permitiera tener previsibilidad y confianza para poder invertir, sin embargo el Gobierno actuó en sentido contrario. El resultado es que de 2007 a 2014 apenas entraron $3 mil 995 millones de inversión extranjera directa al país, lo que equivale a la mitad de lo que Perú recibió en 2014”.

Agregó que en materia de comercio exterior, las restricciones impuestas, como cupos, normas técnicas y salvaguardias, no han contribuido a mejorar el ambiente para hacer negocios en el último año y han ocasionado aumento de precios, caída en las ventas y desempleo.

Al evaluar la gestión de Correa, Arosemena anotó como aciertos las obras de infraestructura vial y de generación hidroeléctrica, y la inversión en salud y educación, y reiteró en los desaciertos el accionar económico y político. En su mandato ha faltado una real preocupación por el fomento de la actividad privada –dijo– y se aprobaron, pese a las recomendaciones de las cámaras de la producción, leyes que consagran una mayor rigidez laboral, se crearon y aumentaron los impuestos y restricciones comerciales, así como mayores regulaciones a la actividad privada, lo cual produjo un problema de confianza y desincentivo.

“En lo político, la acumulación de poderes, la injerencia en la justicia y la Ley de Comunicación aprobada no han contribuido a fomentar un clima de paz”, opinó.

Sobre las leyes de Herencias y Plusvalía, que generaron protestas opositoras en junio de 2015, argumentó que estos impuestos le quitan recursos al sector privado, que podría hacer un mejor uso, generando empleo o creando producción.

Fernando Villavicencio, exasesor de un asambleísta y activista opositor declarado perseguido político, expresó a NTN24, en el marco de los nueve años de Correa, que Ecuador está por cerrar una década perdida, ya que fue un período de gran bonanza y también de gran despilfarro. “Estamos hablando de que el gobierno ha gastado $280 mil millones, de esta gran cantidad apenas el 20% o 30% ha ido a proyectos de inversión y el 75% a gasto corriente”, afirmó, y apuntó: “estamos frente a uno de los regímenes más corruptos de la historia. En los nueve años de gobierno no se ha fiscalizado un solo contrato, una sola adjudicación de obra pública. La Asamblea tiene cero, no ha fiscalizado un solo proceso, no existen órganos de control... se encuentran tomados por el presidente de la República”.

Blanca Argüello, asambleísta de Alianza País, defendió la gestión y expresó a la televisora que gracias a que en la Constitución la salud y la educación son ahora considerados derechos, gente que no accedía a la universidad puede educarse, y otros que no tenían acceso a tratamientos pueden recibirlo. “Que hayamos sacado más de 1.5 millones de personas de la extrema pobreza” tiene un significado importante para el proyecto de la “revolución ciudadana”. “Tener más de 10 mil becarios fuera del país, especializándose, para que vengan y aporten a Ecuador, eso para nosotros es inversión”, dijo.

CIDH REITERA RESTRICCIÓN A LIBERTADES

El informe anual de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el pasado 17 de marzo, deja en evidencia que en 2015 Ecuador mantuvo políticas y acciones que restringieron el ejercicio de las libertades.

El relator, Edison Lanza, registra al menos ocho casos de agresiones y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación. Asimismo, señala que en el contexto de protestas contra el gobierno –que tuvieron lugar en junio, agosto y diciembre– se ejerció represión contra manifestantes, con saldo de heridos y detenidos.

El informe también señala que por medio de la cuestionada Ley de Comunicación el Ejecutivo y su Superintendencia de Información y Comunicación aplicaron en 2015 numerosas sanciones a empresas periodísticas de forma incompatible con los estándares internacionales en materia de derecho a la libre expresión. Se documentan al menos 28 sanciones, algunas obligando a la publicación de réplicas y otras en forma de multas.

La Relatoría recordó lo que dijo en 2014 sobre la ley: Que “la ambigüedad en los términos de las restricciones y la cuantía exorbitante de las sanciones impuestas podrían generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Ecuador”. A pesar de esto, indicó, la ley se siguió aplicando “de manera extensiva” y pasa a detallar unos 28 casos.

“Resulta de especial preocupación para esta Relatoría Especial el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al gobierno, tutelar la imagen de funcionarios públicos afines a este, e imponer una visión y discurso oficial a medios de comunicación”, señala el informe.

También tuvieron un lugar en el reporte el caso de Fundamedios, oenegé que el gobierno intentó cerrar a través del Decreto Ejecutivo 16, que según expertos de la ONU y CIDH establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en el país, así como casos de censura directa e indirecta, declaraciones estigmatizantes, concentración de medios, el espionaje a computadoras y celulares y la irrupción del gobierno en espacios informativos.