El empresario Nicolás Corcione, actualmente requerido para indagatoria en un proceso sobre supuesto blanqueo de capitales, reapareció ayer después de dos meses de ausentarse de las reuniones de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Corcione dijo que se reincorpora como directivo en la ACP, cargo al que se aferra frente a la indagatoria que le ordenó, desde julio pasado, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas.
Corcione reapareció dos días después de que el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, resolvió un recurso presentado por su abogado: se inhibió de conocer el caso y concluyó que el proceso debe ser ventilado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el sistema penal acusatorio.
Ayer, el fiscal Murgas apeló el fallo del juez Pérez ante el Segundo Tribunal Superior y citó en su sustentación al menos cuatro pronunciamientos que ya ha hecho la Corte, en cuanto a que la Sala Penal no es competente para conocer los procesos seguidos a miembros de la directiva de la ACP.
LA EFICAZ TÁCTICA DE CORCIONE
La reaparición de Corcione horas después de que un juez emitiera un fallo que puso en pausa el proceso que se le sigue por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, generó suspicacia entre activistas de la sociedad civil, quienes califican el hecho de “claro tráfico de influencia” y de “corrupción en el sistema judicial”.
Corcione, investigado por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, llegó a eso de las 12:00 m. de ayer al edificio de la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde se reunía la junta directiva y el tema principal en esa instancia fue su reintegro.
“El ingeniero Corcione ha indicado mediante nota formal a la junta directiva que desde la fecha de hoy se reincorpora de forma completa a sus actividades como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Vemos de forma positiva que haya regresado al país a enfrentar su situación judicial”, dice parte de una nota de la junta directiva de la ACP, que leyó su presidente, Roberto Roy.
‘DANDO LA CARA’
Minutos después de que Roy se pronunciara ante los medios que esperaban afuera de la oficina donde se reunieron ayer, apareció Corcione.
Traje impecable y corbata a rayas. “Estoy aquí cumpliendo con mi deber, con responsabilidad como director de la Autoridad del Canal de Panamá, dando la cara, como siempre dije que iba a hacer. Esperando que se respete el debido proceso, que es lo que todos queremos como panameños”, dijo.
Evitó hablar de la investigación que le sigue el Ministerio Público. “No es prudente hablar del proceso, eso se hace en los tribunales, no en los medios de comunicación, así que esperaremos. Aquí estoy cumpliendo con mis obligaciones y responsabilidades en la ACP. Estuve en un viaje afuera, pero estoy aquí dando la cara y para afrontar lo que haya que afrontar”, agregó.
Corcione fue nombrado en la junta directiva por el entonces presidente Ricardo Martinelli y ratificado por la Asamblea Nacional hace cinco años, pero se había separado voluntariamente el pasado 16 de agosto en medio de una investigación que adelanta el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, derivada del proceso que se siguió en el Órgano Legislativo y que acabó con la condena al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.
Su paradero era desconocido desde mediados de julio pasado, cuando se ordenó su indagatoria por el proceso. Contactado por este medio, su abogado Roberto Moreno manifestó que su cliente no compareció al proceso hasta tanto no se definiera cuál era la esfera competente para asumir la investigación. Ahora, agregó el abogado, demostrará su inocencia.
VALLARINO Y AMEGLIO
Antes de que hablaran Roy y Corcione, ya se habían pronunciado los directivos Alberto Vallarino y Marco Ameglio. “El señor Corcione se reintegra a la junta directiva. Él está actuando hoy en la junta directiva, él se presentó temprano, nos comunicó que estaba en el país y que iba a estar asumiendo sus funciones para las cuales fue designado por el Presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional”, señaló Vallarino, quien es socio de Corcione en un proyecto inmobiliario.
“Él mismo se separó y él mismo se incorpora”, dijo, por su lado, Ameglio.
Fuentes de la directiva del Canal contaron a este medio que en la cita de ayer Corcione hizo una detallada explicación de su caso e intentó justificar sus ausencias en esa instancia.
Además, presentó una carta en la que solicitó ser reintegrado, y por último habló, con documento en mano, del fallo del Juzgado Decimosexto Penal.En la cita de ayer, además de tratar el caso del también empresario de la construcción, la directiva aprobó varios traslados de partidas para la compra de repuestos y de remolcadores nuevos.
TELARAÑA JUDICIAL
En una resolución del 21 de este mes, el Juzgado Decimosexto Penal, a cargo de Enrique Pérez, se inhibió de conocer un incidente de controversia que presentaron los abogados de Corcione contra una orden de indagatoria dictada por el fiscal Nahaniel Murgas.
El juez argumentó que Corcione, como “director” de la ACP, debe ser juzgado por la Sala Penal de la Corte.
Desde el 29 de julio pasado, Murgas citó a Corcione para una indagatoria, pero este nunca se presentó. Primero, alegó que estaba de viaje familiar; luego, que por su condición de directivo de la ACP, debía ser investigado bajo las reglas del sistema penal acusatorio y no del sistema inquisitivo.Después del fallo de Pérez, Roberto Moreno, abogado de Corcione, pidió el desistimiento de una audiencia programada por la Sala Penal para determinar, precisamente, a través de qué modelo penal y en qué entidad debe ser juzgado el empresario.
Y es que Moreno había presentado en agosto pasado un recurso ante la Sala Penal para que determinara a través de qué sistema se juzgaría a su cliente.
APELACIÓN
En tanto, el fiscal Murgas se movió ayer y apeló el fallo de Pérez. Argumentó, entre otros aspectos, que Corcione no ostenta la calidad que exige el numeral 1 del artículo 94 del Código Judicial, para que su causa sea del conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
Citó varios fallos en los que la Sala Penal desestima conocer procesos, porque no le correspondían.
Uno de los casos que usó como ejemplo fue el de una denuncia de 1999, interpuesta contra el entonces directivo de la ACP Moisés Mizrachi, a quien se investigaba por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos.
“En diversos pronunciamientos de esta sala se ha dejado establecido que el cargo que ostenta el señor Moisés Mizrachi Russo, denunciado en el presente caso, como miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, no es el de aquellos funcionarios a los que se refiere el artículo 95 del ‘Código Judicial’ y por tal razón no compete a esta sala conocer ninguna causa penal que se siga en su contra (...)”, señala el fallo citado por Murgas.
Moreno dijo que el fiscal está en todo su derecho de apelar la decisión del juez Pérez, pero se mostró confiado en que el Segundo Tribunal mantendrá esa decisión. “Estábamos esperando la metodología del proceso y ahora el fiscal es quien debe iniciar el trámite del proceso bajo las reglas del sistema penal acusatorio, como así lo ha señalado el juez decimosexto”, detalló.
‘NADA JUSTIFICA’
En la calle, los cuestionamientos por el curso de este caso no cesan. El constitucionalista Miguel Antonio Bernal manifestó que el caso Corcione retrata de cuerpo entero el tráfico de influencias que se registra en la administración de justicia panameña y el poder que tienen algunas personas
para eludir su responsabilidad judicial.
“Nada justifica la falta de comparecencia de Corcione ante la fiscalía para que rindiera sus descargos con respecto a una serie de imputaciones que se le realizan”, estimó.
Con respecto a la actuación del juez Enrique Pérez, opinó que es el “fiel retrato de hasta dónde se ha llegado con la politización de lo judicial y la irresponsabilidad creciente de la mayoría de los integrantes de los tribunales”. Recalcó que “no se podía esperar otro comportamiento de las autoridades judiciales, cuando hasta el presidente Juan Carlos Varela asumió una actitud evasiva al manifestar que se requería de un debate para ver qué se hacia con Corcione”.
Consideró que el resto de los miembros de la directiva de la ACP actuó “con complicidad y apadrinó la actuación de Corcione, cuando no tomó ninguna acción con respecto a él”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, aseguró que en este caso hubo un claro uso de argucias judiciales para dilatar el proceso y que se diera una decisión favorable al investigado, que le permitiera retornar al país.
Mientras, Ramón Ricardo Arias, presidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, escribió en su cuenta de Twitter: “últimos acontecimientos con [el] caso Corcione suenan a pacto con el demonio”.
LOS TRES DETENIDOS
Mientras Corcione retoma sus deberes como directivo del Canal, los dos empresarios que declararon ante la fiscalía que este les había pedido una coima para pactar un contrato con la Corte Suprema de Justicia están presos.
Se trata de Jorge Espino y Julián París, socios de la empresa Conceptos y Espacios, S.A., que durante la gestión del exmagistrado Alejandro Moncada Luna se encargó de la remodelación del Tribunal Marítimo en Ancón.
Espino dijo, al rendir indagatoria el pasado 3 de julio, que Corcione le pidió $600 mil a cambio del mencionado contrato.
También está detenida preventivamente la abogada María Gabriela Reyna, quien, según la investigación que adelanta el Ministerio Público, declaró que Corcione le refirió a los empresarios que obtuvieron contratos con la Corte durante la presidencia de Moncada Luna, y luego los pagos efectuados por los beneficiarios eran depositados en cuentas ligadas al exmagistrado, a Ricardo Ricky Calvo, y a Felipe Pipo Virzi, entre otros.
(Con información de Carlos Vargas).
