El reconocido filósofo argentino, Mario Bunge, ha escrito algo que debiera alertarnos sobre la necesidad de definir políticas públicas en materia de investigación científica: “El desarrollo integral de una nación moderna involucra el desarrollo de su ciencia. Primero, porque lo necesita la economía del país si aspira a ser múltiple, dinámica e independiente. Segundo, porque no hay cultura moderna sin una vigorosa ciencia al día. Tercero, porque la ciencia puede contribuir a conformar una ideología adecuada al desarrollo…”. (La filosofía de la investigación científica en los países en desarrollo).
Para avanzar necesitamos más conocimiento científico, no menos. Pero la construcción de conocimiento no es fácil. Según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) enfrentamos, como país, cuatro desafíos: Alcanzar un mayor grado de desarrollo sostenible, avanzar en el desarrollo inclusivo, consolidar altos niveles de competitividad sostenible, y desarrollar una mayor capacidad de generación, adaptación, difusión, y utilización del conocimiento. Se trata de retos interdependientes que plantean las siguientes interrogantes: ¿cómo puede una sociedad atascada en la tradición y en la superstición desarrollar lo expresado arriba? Con carencias tan ostensibles en materia científica, ¿cómo alcanzar una economía múltiple, dinámica e independiente? ¿Bajo qué condiciones podríamos hablar, razonablemente, de desarrollo en este país?
Según Senacyt, enfrentar los desafíos enunciados no es tarea fácil porque “el país no ha aumentado sus inversiones en investigación; por el contrario, con relación al PIB, las ha reducido de cerca de 0.4% en 1990, al 0.2% en 2012, muy por debajo de la media regional de 0.7%, y es limitado el número de investigadores. Hasta 2012 ellos representaban 142.46 por millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la región”. Además, pareciera que el conocimiento científico no es lo suficientemente valorado en nuestro entorno. Para que tengamos una idea de esto, “las empresas (…), se encuentran fuertemente rezagadas en la realización de esfuerzos de investigación e innovación”. El aporte del sector privado a la investigación es mínimo, por “el orden del 0.2% o 0.3% del gasto total, y el Estado no logra incentivar de manera efectiva su participación”. Por otro lado, “el mercado laboral no exige competencias avanzadas, por su propia condición y, de hecho, las penaliza”.
Es decir, nos encontramos inmersos en una realidad que no constituye un escenario ideal para la generación y desarrollo del conocimiento. ¿Qué hacer, entonces? Algunos cursos de acción son cuasievidentes, por ejemplo, fomentar una cultura científica en todos los niveles de formación. Pero no se puede lograr ese objetivo a menos que se refuerce la cultura científica de los docentes, lo que requiere re-asignar recursos para financiamiento de programas educativos en ciencias. Se me ocurre que el retorno social podría ser mayor destinando fondos al estudio de la ciencia, que financiando la beca universal. Pero, sobre todo, es necesario incorporar al sector privado, ya sea a través de incentivos fiscales o de otros instrumentos financieros.
