Partiendo de una iniciativa del Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá se hizo público, el pasado 7 de septiembre, un estudio elaborado por el destacado especialista Richard Frederick, disponible en la web del Instituto (www.igc-panama.org/estudioepe), cuya lectura recomendamos, no solo por la llana metodología utilizada, sino por las lecciones aprendidas que servirán como punto de referencia para las entidades evaluadas en sus planes de acción de desarrollo y mejoría; también, para otras empresas de propiedad estatal (EPE) panameñas en pro de la transparencia y mejores prácticas de gobierno corporativo.
La pregunta de muchos es ¿por qué y para qué evaluar estándares de buen gobierno en empresas de propiedad estatal? La respuesta es sencilla, convencidos de que las buenas prácticas constituyen un valor agregado para una empresa privada, con más razón lo son para entidades cuya misión es proveer servicios a toda la sociedad a la que deben rendir cuentas.
Por lo tanto, lejos de resaltar superficialmente los resultados de la evaluación, tenemos que adentrarnos en temas de sustancia del informe:
1. Se focaliza en que las entidades seleccionadas aceptaron someterse a la evaluación, primero para conocer que hay principios aplicables a las EPE; segundo, para que al interactuar en una etapa de la evaluación con el especialista que aplicó la metodología de principios, ponderados específicamente para empresas de propiedad estatal de gobierno corporativo y emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –revisados en 2015–, tengan conocimiento certero de una metodología objetiva que, como resultado de la evaluación, les plantea en qué lugar están situados respecto a dicho parámetro; finalmente –y muy relevante– la evaluación parte de la información pública disponible para toda la ciudadanía a la fecha.
El resultado del mencionado estudio constituye un instrumento de lectura obligada para todos los actores de las EPE seleccionadas, los miembros de sus juntas directivas, los colaboradores y ¿por qué no? para otras entidades de similar estructura, sin perjuicio de organizaciones sin fines de lucro, pro transparencia, de la gestión pública, de la Procuraduría de la Administración, funcionarios de altos cargos de tres órganos del Estado y, por supuesto, del ciudadano común.
Es preciso destacar que los lineamientos de la OCDE sobre “gobierno de las empresas estatales”, son una norma internacional existente sobre gobierno corporativo de las EPE encontradas en países avanzados en lo económico y social. Tal como afirmó el Dr. Frederick: “un mejor cumplimiento a través de las prácticas de la OCDE será de interés a largo plazo para Panamá”. El grupo de EPE seleccionadas para el estudio son: la Empresa Nacional de Autopistas, S.A.; la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.; el Metro de Panamá S.A.; el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.
Respecto a la metodología, versa llanamente en el estudio que se extrajeron 100 indicadores de los lineamientos de la OCDE para medir las prácticas de las EPE, siendo agrupadas así: Papel del Estado como propietario, responsables de la junta directiva, el mercado, las partes interesadas y negocios responsables, y transparencia y divulgación.
El Dr. Frederick advirtió que el resultado es un reporte general de los “hallazgos obtenidos combinados” y sí, por supuesto, se encontraron “brechas considerables con el parámetro internacional”, empero anotó que: “pueden cerrarse de manera rápida y a un bajo costo”. He allí lo rescatable y valioso del estudio, cuyo objetivo se cumplió: aplicar por primera vez una metodología, existente y probada, de principios de buen gobierno corporativo de la OCDE, a las EPE panameñas, bajo el entendimiento de que les interesa conocer cómo están a la fecha y qué medidas pueden implementar para elevar estándares.
El especialista aclaró que “el bajo nivel de cumplimiento se explica, en cierta medida, por el alto nivel de desempeño establecido por el parámetro de la OCDE”. Aunado a lo anterior, que tales lineamientos fueron desarrollados con el conocimiento de las prácticas globales, reflejan en mayor parte las mejores prácticas de países más avanzados de la mencionada organización.
En consecuencia, contar con la “Evaluación de las prácticas de gobierno corporativo de cinco empresas de propiedad estatal”, realizado por el Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP), a través de la contratación del Dr. Frederick, completamente financiado por el IGCP, sin aporte económico de las EPE evaluadas, a mi juicio, demuestra que las organizaciones que permitieron su evaluación y colaboraron en la interacción con el consultor han dado un paso importante y tienen interés real en “cerrar las brechas” encontradas, que como bien dijo el consultor, son realizables de forma rápida y no implica grandes costos.
El trabajo realizado por Frederick, es un estudio para no olvidar. Al contrario, debe replicarse en entidades similares que se rigen por otros principios de evaluación en materia de gobierno corporativo, tales como entidades autónomas, por ejemplo, los reguladores financieros que, a su vez, exigen a sus regulados estándares de buen gobierno corporativo.
Finalmente, las EPE evaluadas cuentan ahora con la principal herramienta que les permite saber dónde están y hacia dónde ir, para elevar sus estándares de buenas prácticas de gobierno corporativo. Asumimos que al involucrarse en el estudio fue con este compromiso en positivo.
