De acuerdo con Naciones Unidas, “la corrupción impide el crecimiento económico al elevar los costos y socava la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, quebranta los derechos humanos fundamentales, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad al desviar fondos de la atención de la salud, la educación y otros servicios esenciales”.
Y agrega que “existen suficientes pruebas de que una vez que se alcanza un límite crítico, los mayores niveles de corrupción resultan en mayores niveles de violencia, impunidad e inseguridad. Por lo tanto, no puede haber una paz sostenible en una sociedad plagada de corrupción e impunidad endémicas”. Tampoco puede haber una paz sostenible cuando los que están en el poder –sea político, económico o de justicia– pueden comprar su impunidad, y no puede haber ni paz ni justicia cuando grandes grupos de personas sufren discriminación porque no pueden sobreponerse a los muchos obstáculos ilegales que les impiden gozar de sus derechos.
A pesar de ello, los panameños nos la hemos arreglado para soportar, sin llegar a la violencia colectiva, los abusos de cometidos por nuestros gobernantes, llevándonos a ese nivel crítico que señala la ONU. Supongo que el discurso del crecimiento económico, en medio de la construcción sostenida de grandes estructuras, ha sido suficiente para mantenernos aletargados disfrutando apáticos de los pequeños placeres que nos permite una tarjeta de crédito. No nos detenemos a pensar en la inmensa deuda externa que tendrán que pagar nuestros hijos, ni en el desarrollo que pudiéramos tener, si los recursos de esa bonanza no fueran expoliados como lo son, beneficiando principalmente el gobierno de turno, conformado la mayoría de las veces, por los millonarios de nuestra sociedad y sus aliados.
Pero en este último decenio, la desvergüenza y pérdida de pudor de nuestros políticos, supera con creces nuestros ya penosos antecedentes. Es probado y conocido públicamente que el pago de sobrecostos por las obras, la aceptación de coimas y la confección de contratos ilegítimos han constituido el principal modus operandi utilizado por elementos de los tres poderes del Estado para desfalcar al país. Para ello, se han valido del nefasto clientelismo político, colocando en muchos altos cargos públicos a funcionarios inescrupulosos sin reparos a la hora de permitir y ser parte de la apropiación de los recursos pertenecientes al pueblo panameño. Como lo demuestra la historia reciente, y es motivo de titulares casi diarios en nuestros medios de comunicación.
Esta descomposición institucional ha trascendido las fronteras y nuestro país es visto en el escenario internacional, como un país propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito. Las grandes potencias agrupadas en diversos organismos internacionales nos han etiquetado como “paraíso fiscal”, figuramos para nuestro descrédito en listas negativas y muchos nos acusan de no cooperar en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero. Como decía un ilustre panameño hace 50 años: “Han colocado el haber moral de la República en un saldo en rojo que pone en peligro la democracia y genera un desprestigio internacional sin precedentes”. Mientras tanto, la población sigue esperando que la justicia no sea selectiva, que la ley alcance a los verdaderos responsables, se recuperen los miles de millones de dólares que nos han robado y Panamá tome el rumbo de los principios y valores que necesitamos.
Necesitamos, con urgencia, romper la cultura de corrupción e impunidad, desarrollando, como afirma el PNUD, un enfoque de gobernanza total que incluya, entre otras cosas, la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles; el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizar el acceso equitativo a la justicia y el acceso público a la información.
En nuestro caso, además, abundan las evidencias que sugieren fuertemente que la capacidad de nuestro sistema para hacer justicia se ha visto afectada y presionada por la corrupción y la impunidad, por lo que necesitamos con premura de la cooperación internacional para ayudar a las instituciones nacionales a hacer frente a la corrupción y la impunidad, y restablecer la confianza en el funcionamiento de los poderes del Estado.
Al final me queda claro que los últimos gobiernos nos han colocado “al borde del abismo”. En ese límite crítico que amenaza con destruir nuestra paz social, bienestar y democracia. Pero todavía estamos a tiempo para recuperarnos. Rechacemos organizados la corrupción. Hagamos que nuestra participación cuente, utilizando los espacios que nos ofrece la democracia, sin provocar el caos ni promover la violencia. No olvidemos que estamos bajo el paraguas del Tratado de Neutralidad, que le proporciona a Estados Unidos la facultad para intervenir en Panamá, si considera que peligra la neutralidad del Canal y la democracia en Panamá.
