El artículo segundo de nuestra Constitución determina que “El Poder Público emana del pueblo”, sin embargo, no presenta suficientes mecanismos para canalizar ese poder, por ende, la relación entre gobernantes y ciudadanos se limita a un ejercicio electoral cada quinquenio. Es algo semejante a la idea de casarse, prometiendo amor eterno, pero únicamente se tiene intimidad con la pareja cada cinco años. Y, al no tener acceso a detalles íntimos sobre su vida privada ni mecanismos adecuados para resolver los problemas del matrimonio, esa unión matrimonial estaría condenada al divorcio.
Existe un deterioro en la relación entre la clase política y la ciudadanía; la desconfianza es proporcional al poco interés de quienes representan el poder público de escuchar y entender las aspiraciones de sus representados. La filosofía de gobierno abierto es una especie de “terapia matrimonial” entre los gobernantes y los ciudadanos. Promueve el correcto tratamiento para recuperar la confianza perdida y establecer, como indica su carta iberoamericana, una nueva forma de afrontar los “grandes problemas de desconfianza ante las instituciones estatales, así como la persistencia de brechas económicas, sociales y políticas al interior de la misma sociedad”.
Imagine que usted posee acciones en una empresa, pero no tiene acceso a los reportes detallados de los gastos en que incurre el administrador, y a usted solo le llaman para firmar los cheques. A simple vista, tal proceder parece ilógico e inconcebible en la práctica privada, pero es lo común en la empresa llamada Estado.
Inspirada en los valores democráticos, la filosofía de gobierno abierto propone un cambio de 180 grados en la forma cómo se relacionan gobernantes y ciudadanos, y sustentado en tres pilares interdependientes señala, con claridad, el camino de transición hacia una cultura de gobernanza democrática.
El primer pilar, “transparencia”, debe ser reconocido no solo como el derecho al acceso a la información, sino como la labor proactiva del gobierno para poner a disposición de la ciudadanía, de forma sistemática y en base a estándares internacionales, toda la información necesaria acerca de la gestión pública.
El segundo, “rendición de cuentas”, propone innovadores mecanismos que permiten el escrutinio y control ciudadano, así como la evaluación de la inversión de los recursos públicos para garantizar que se haga de forma eficiente y transparente.
La “participación ciudadana”, es el tercer pilar de la filosofía de gobierno abierto, para lograr una mayor democratización en la formulación de políticas públicas y que estas resuelvan, de forma eficaz, los problemas reales de los ciudadanos, evitando la fuga de recursos y optimizando la gestión pública. Todo esto, enmarcado en la innovación tecnológica con el fin de crear espacios para la colaboración y la inclusión social por medio del trabajo en red.
El gobierno abierto es una nueva forma de gobernanza pública que plantea un novedoso y necesario cambio en la relación entre la administración y los ciudadanos, con el objetivo de otorgarle a estos últimos un rol central en los asuntos del gobierno, poner fin al secretismo y combatir eficazmente la corrupción.