El proyecto de ley que establece los mecanismos generales para la prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia fue aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Se trata del Proyecto de Ley No. 422, que modifica, adiciona, subroga y deroga artículos de la Ley No.82 de 24 de octubre de 2013 y modifica un artículo de la Ley 42 de 1999.
Esta modificación elimina la facultad que tiene el Ministerio de Gobierno de imponer multas a aquellos medios de comunicación social que incurrieran en ciertas violaciones definidas en la Ley No. 82, trasladando esa responsabilidad a la esfera judicial.
"El Ministerio de Gobierno propone que se traslade a la esfera judicial, específicamente en la jurisdicción civil, la facultad de dirimir los conflictos y establecer responsabilidades ante la posible colisión de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad a una vida libre de discriminación y violencia frente a los derechos de libertad de expresión, información y prensa", señala un comunicado de la Asamblea Nacional.
Diputados aprueban en 1er Debate proyecto de reformas Ley 82 y ley 15 presentado por el Ministerio de Gobierno. pic.twitter.com/97COEI8rnX
El pasado 4 de noviembre el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión expresaron su más profunda preocupación y rechazo por la intención del gobierno del presidente Juan Carlos Varela de atribuirle a la llamada "Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión" facultades que buscan regular los medios de comunicación, su contenido editorial y por ende la libertad de expresión en modificaciones a la Ley No. 82.
La reacción de los gremios también surgió luego de que se conociera de la "propuesta borrador de normas que reglamentarán los artículos de la Ley No. 82 de 2013, que atribuyen responsabilidad al Ministerio de Gobierno en temas de medios de comunicación social".
Ante esa situación, los gremios mencionados recuerdan que Panamá, por ser miembro de la Organización de los Estados Americanos, es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que obliga al respeto incondicional de sus principios.
