El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este lunes 13 de marzo una resolución que crea una "comisión investigadora" de los casos de corrupción a nivel nacional de los actos de contrataciones para obras de infraestructura públicas durante los últimos tres periodos constitucionales, los cuales comprenden las presidencias de Martín Torrijos (2004- 2009), Ricardo Martinelli (2009- 2014) y Juan Carlos Varela (2014- 2019).
La comisión tiene como objetivo conocer de la problemática en la contratación pública como fuente de corrupción y coadyuvar con los distintos actores y autoridades lo pertinente con el propósito de proponer las normas legales necesarias para garantizar la transparencia permanente en la gestión pública.
Esta instancia estará integrada por once diputados: los perredistas Elías Castillo (que la presidirá), Crispiano Adames y Zulay Rodríguez; los panameñistas Luis Eduardo Quirós, Jorge Arrocha y Luis Barría; Rony Arauz, Dana Castañeda y Carlos Afú, de Cambio Democrático (CD); Juan Carlos Arango, del Partido Popular, y Francisco Alemán, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).
Varios de los diputados miembros de esta comisión están vinculados en el escándalo de las donaciones en la Asamblea. Por ejemplo, el diputado Afú gestionó $85 mil para la Fundación para el Desarrollo Sostenido de Azuero; Castillo gestionó 30 mil para la fundación Organización Probienestar Social y Desarrollo Comunitario; y Arango igualmente gestionó unos $30 para la fundación Centro de Innovación y Acción Social.
La comisión deberá rendir un informe al pleno de la Asamblea en un plazo no mayor de 90 días, que podrá prolongarse por 90 días más.
La aprobación de esta comisión se produjo en medio de diferencias entre diputados de las bancadas del oficialista Partido Panameñista y el opositor PRD.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez criticó la creación de la comisión, por considerar que tendrá un espectro "muy amplio" que investigar.
“El considerando número cuatro habla de semejante escándalo [en referencia a los actos de de corrupción en las contrataciones públicas]. Pero, ¿cuál escándalo, si nosotros no hemos podido con nuestro propio escándalo? No hemos podido fiscalizar las donaciones ni los contratos de esta propia Asamblea, ni los escándalos de los bonos de diciembre y nosotros vamos a fiscalizar tres periodos constitucionales. A mí me parece que aunque tengamos las facultades legales, no tenemos la autoridad moral para ponernos nosotros a fiscalizar tres periodos constitucionales”, dijo.
No hemos podido resolver nuestros propios "escándalos" y ahora nos vamos a defender el "buen nombre mancillado"lean la Resolución y hablamos
El diputado perredista y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, impulsor de esta iniciativa, manifestó que luego de que el país se informara del pago de supuestos sobornos a funcionarios panameños por la empresas Odebrecht se hace necesario que el Órgano Legislativo adopte su rol de fiscalización creando una comisión investigadora que brinde al país un informe sobre los hallazgos de esta investigación administrativa referente a las falencias del sistema de contrataciones públicas de las tres últimas administraciones.
Los sobornos de Odebrecht a los que alude González fueron admitidos por la empresa y divulgados por las autoridades estadounidenses hace tres meses, en diciembre pasado.
Más información en la edición impresa de La Prensa del martes 14 de marzo de 2017...
