25 años más tarde, y con una mezcla de la inmediación de haber vivido los eventos que llevaron a la invasión, y simultáneamente, el mantener una distancia apropiada para elaborar un borrador de reflexión histórica, la pregunta fundamental sigue siendo ¿por qué sucedió la invasión?
La respuesta básica es que el entonces general Manuel Antonio Noriega y sus seguidores provocaron la invasión por sus torpes acciones represivas en contra de la oposición, conformada por una coalición de empresarios, profesionales, ejecutivos y líderes de los partidos políticos que adversaban a los militares, sus masivas violaciones a los derechos humanos, el haber cancelado las elecciones de mayo de 1989, y la amenaza a la vida de los estadounidenses residentes en Panamá.
Esto parece proveer una primera respuesta tentativa del cúmulo de hechos que terminarían provocando que Estados Unidos llevara a cabo la invasión. Debe entenderse que tanto norieguistas como civilistas provocaron la invasión, la cual también cumplió objetivos locales, regionales y mundiales que Estados Unidos quería alcanzar.
El capítulo final de la dictadura militar nacida el 11 de octubre de 1968 empezó el 25 de febrero de 1988, cuando el presidente Eric Arturo Delvalle intentó destituir a Noriega, y lo que logró fue su propia destitución y de paso la del vicepresidente Roderick Esquivel.
En su lugar sería nombrado como “ministro encargado de la Presidencia” el ex líder opositor y fundador del Molirena Manuel Solís Palma, a quien le tocó la responsabilidad de ser el civil que llevara las riendas del Gobierno hasta que finalizara el período constitucional, el 31 de agosto de 1989.
A partir de las sanciones económicas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en febrero de 1988, como respuesta al derrocamiento del presidente Delvalle, la economía panameña empezó un largo colapso que prácticamente reduciría el producto interno bruto a la mitad, causaría el cierre de cientos de empresas y negocios, provocando el despido de decenas de miles de panameños, que sumado a la escasez de alimentos y a la proliferación de largas filas en supermercados y tiendas de abarrotes empezó a caracterizar una economía contraída y debilitada.
La situación de la economía obligó a una migración de miles de panameños a Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, España; incluso a países árabes y otros más que recibieron el talento y la mano de obra panameña. Paralelamente, los profesionales, y empresarios, obreros y campesinos que se quedaron en Panamá se reconvirtieron a cualquier actividad que pudiera producir algún ingreso, desde vendedores de frutas y vegetales hasta vendedores ambulantes de comidas. Oros, con algún patrimonio económico, lo terminaron vendiendo todo a cambio de cantidades irrisorias de dinero. Mientras que los que eran funcionarios debían sufrir pagos descontados con pagarés y la participación obligatoria en marchas y concentraciones progubernamentales.
Una cantidad importante de escuelas privadas vieron sus matrículas caer, mientras que otras procedieron a expulsar estudiantes por el no pago de las mensualidades en sus colegios, aunque existió un grupo excepcional de centros educativos que evitaron solidariamente afectar a sus estudiantes con el tema de la pérdida de capacidad de pago.
Con el desempleo en niveles nunca antes conocidos, Panamá se abocó a la que parecía la elección presidencial del siglo: Guillermo Endara, de la ADO-Civilista, conformada por los partidos: Liberal Auténtico, Demócrata Cristiano y el Molirena, contra Carlos Duque Jaén, de la alianza gubernamental Colina, integrado por ocho grupos, liderados por el PRD, Pala y el Partido Republicano, entre otros .
La elección fue ganada abrumadoramente por Endara y sus dos vicepresidentes, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. La respuesta del gobierno fue desatar una represión brutal y generalizada, que terminaría con la muerte de varios activistas opositores e, incluso, la del guardaespaldas de Guillermo Billy Ford, cuya foto con su cara y camisa ensangrentadas en el parque de Santa Ana le dio la vuelta al mundo y fue la portada de la revista Newsweek en Estados Unidos.
Unos días más tarde el Tribunal Electoral canceló las elecciones y desconoció los resultados.
Esta situación, sin precedentes, le creó al gobierno militar un problema de legitimidad, por una parte, y por la otra, de gobernabilidad, ya que no había ningún tipo de estructura jurídica en la Constitución panameña para gobernar al país posterior al término del 31 de agosto de 1989. Es decir, a partir del 1 de septiembre la dictadura operaría improvisando sus propias reglas.
En junio de 1989, el gobierno escogió a Tomás Gabriel Altamirano Duque como la persona que a partir del 1 de enero de 1990 administraría el Canal de Panamá. Esto a pesar de que Fernando Manfredo, quien era el subadministrador en ese momento, y que había sido designado originalmente con el propósito de que fuera el primer panameño que administrara el Canal, fue totalmente descartado por los militares para ocupar el puesto.
La inexistencia de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Panamá hacía prácticamente imposible que el Congreso de Estados Unidos ratificara a Altamirano Duque para este cargo, lo que obligaría a que Estados Unidos violara flagrantemente los tratados Torrijos-Carter.
En el período que comprende del 1 de septiembre al 19 de diciembre de 1989, institucionalmente la gestión pública se fue degradando y minimizando, en particular después del golpe fallido del 3 de octubre de ese año, luego del cual Noriega rompió la cadena de mando dentro de las Fuerzas de Defensa de Panamá, lo que produjo una situación en la que los capitanes podían mandar más que los coroneles.
Se revivió una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos sin legitimidad alguna, y para colmo se designó al general Noriega, el 15 de diciembre, como jefe de Gobierno “con poderes extraordinarios”.
El 16 de diciembre, en horas de la noche, un teniente estadounidense de nombre Robert Paz muere como consecuencia de los disparos recibidos al desatender un retén de las Fuerzas de Defensa en El Chorrillo.
La muerte de Paz se convierte en el último evento que usa Estados Unidos como motivo para la invasión a Panamá. El presidente George Bush (padre) invoca cuatro razones para realizar la invasión de Panamá, que fueron: 1. Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá. 2. Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá. 3. Detener a Noriega para combatir el tráfico de drogas. 4. Defender el tratado Torrijos-Carter sobre el Canal.
Con este discurso público, Estados Unidos emprendió la mayor operación militar en América Latina, y la más grande acción militar desde el final de la guerra de Vietnam. La invasión dejó como resultado 23 muertos estadounidenses claramente identificados, y un número indeterminado de muertos, heridos y desaparecidos panameños anónimos en su mayoría.
El 3 de enero de 1990 Noriega salió de la Nunciatura Apostólica o Embajada del Vaticano en Panamá y se entregó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a la Administración Antidrogas (DEA).
Aunque el presidente Bush fue sumamente claro al enunciar el porqué Estados Unidos invadía a Panamá, existe otro nivel de análisis que nos compromete a debatir la invasión. Objetivamente existían blancos militares para Estados Unidos mucho más apetitosos que Panamá. También había personajes más repulsivos que Noriega que, aunque había sido un dictador nefasto para Panamá, no era lo peor que existía en la geopolítica internacional.
Sobre este tema circulé un cuestionario a un grupo de intelectuales, historiadores y testigos de alto perfil de los eventos de 1989, pero por distintos motivos la gran mayoría prefirió no hablar de la invasión. De los que sí lo hicieron, compartimos aquí sus observaciones.
Para el antropólogo Francisco Herrera, las razones verdaderas de la invasión iban más allá de lo esbozado por Estados Unidos, ya que al exgeneral Noriega “pudieron haberlo asesinado en cualquier momento, o detenido o secuestrado”. Sin embargo, una acción militar de tal magnitud cumplía, según Herrera, la ratificación de un principio de autoridad sobre el llamado “patio trasero” de Estados Unidos y restablecía la imagen de las fuerzas armadas de ese país, después del desastre de la guerra de Vietnam.
Por su parte, el abogado Jorge Giannareas afirma que la invasión ocurrió porque “los militares [panameños] se apartaron del proyecto político acorde con la hegemonía de Estados Unidos. La invasión fue un ataque militar para destruir los restos del Estado panameño que habían quedado tras el dominio militar”.
La antropóloga Ana Elena Porras explica que la invasión se dio “porque el general Noriega se tornó en un líder y socio incómodo de Estados Unidos, que comprometía los intereses del imperio en el Canal de Panamá”. Porras expone que también se utilizó la invasión “como laboratorio de armas de última generación, por parte del Pentágono”.
En julio de 1981, luego de la muerte del general Omar Torrijos Herrera, se termina con el repliegue político que Torrijos había impuesto sobre la Guardia Nacional. Se establece un plan de sucesión que involucraba a Rubén Darío Paredes, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera.
La puesta en marcha de este plan trajo como primera consecuencia que se enviara al retiro a Florencio Flores y a Armando Bellido, lo que dejó en evidencia que los militares panameños no iban a entregar el poder a los civiles tan fácilmente, como se podía permitir por medio de elecciones limpias y transparentes.
Es decir, que el final de la dictadura militar iba a requerir de acciones extraordinarias por parte de la población, o quizás una intervención militar extranjera como fue lo que efectivamente ocurrió.
Según Herrera, en 1968 la Guardia Nacional “fue compelida a tomar el poder para resolver un impasse con respecto al estamento político, que hizo difícil la solución del tratado del Canal de Panamá. “A Estados Unidos le interesaba, en los años 60, resolver el problema del Canal sin que se generaran nuevos conflictos con Panamá. Es así que Herrera afirma que “un gobierno fuerte sería la solución y el golpe [de 1968] una respuesta rápida a mantener una confrontación abierta”.
El entorno geopolítico de 1989 definió en gran parte la reacción de Estados Unidos debido a que ese año, entre otros eventos, la China comunista había realizado la peor masacre de civiles que protestaron contra el régimen existente y que fueron reprimidos salvajemente a raíz de los incidentes de la plaza de Tiananmen, mientras que la Unión Soviética se fue despedazando hasta que el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre, reunificando de hecho las dos Alemanias. El desorden y el caos en el mundo parecían ser el resultado lógico de las transiciones políticas, económicas y tecnológicas que se vivían en todas partes del planeta.
Frente a este desorden emergente, la invasión de Panamá fue planeada y ejecutada aproximadamente en cuestión de un mes. Y servía como mensaje claro a todos los actores de la comunidad internacional: Estados Unidos se encargaría de imponer “orden” en el mundo y de procurar la “paz” entre y dentro de las naciones. Apenas 13 meses después de la invasión de Panamá, Estados Unidos invadiría Irak por primera vez.
En su análisis, Ana Elena Porras hace hincapié en que los panameños debemos entender que “la democracia es perfectible y podemos perderla si continuamos creando desigualdad, exclusión y destrucción ambiental”.
Finalmente, Jorge Giannareas recuerda que “las actuales generaciones de panameños tienen graves problemas para entender su historia, porque la generación que no supo, o no pudo, resolver sus problemas para prevenir la invasión, aún está viva y en el poder”.
