¿Puede un panameño conocer detalles del patrimonio de un ministro, o de cualquier funcionario de alto perfil? Si se busca en las páginas web de las entidades públicas, la información no existe.
Si se accede al sitio digital de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), los datos tampoco están disponibles. Ni siquiera en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo hay pistas sobre los bienes de los hombres y mujeres que conducen el país.
A mediados de julio de 2014, pocos días después de haber asumido el poder, el presidente Juan Carlos Varela dejó a discreción de su equipo de trabajo la divulgación de esa información.
El 15 de julio de 2014, Varela acudió a la Notaría Novena y en la escritura 4212 declaró que en los dos últimos años había tenido ingresos fiscales fijos de $804 mil anuales. También reveló que tenía un piso de $800 mil en un P.H. y varias cuentas bancarias con casi $500 mil, entre otras propiedades.
Cuando se le preguntó si estos datos serían publicados en internet, dijo: “Yo llego hasta allí. Estoy diciendo que es un documento público (...) Así que por mi parte autorizo el acceso”, añadió.
Lo imitaron la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama; el alcalde capitalino, José I. Blandón. Más adelante, se les unieron el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez; y la directora general de la Antai, Angélica Maytín.
Hoy día, empero, esas declaraciones no están al alcance de los ciudadanos. No están registradas en ningún sitio oficial.
Y eso que el Ministerio Público investiga a dos exministros de la pasada administración por supuesto enriquecimiento injustificado: Guillermo Ferrufino, quien en el gobierno de Ricardo Martinelli fungió como ministro de Desarrollo Social; y Alma Cortés, quien en la administración del cambio lideró la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Por enriquecimiento injustificado –y falsedad– fue condenado a cinco años de prisión, en marzo de 2015, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna. Hoy purga su condena en el centro penitenciario El Renacer.
COLOMBIA
Este tema cobró relevancia, luego de que en Colombia el presidente Juan Manuel Santos publicó recientemente un enlace en Twitter, en el que se puede ingresar a un sitio del Gobierno, donde están los detalles de la declaración de renta de los 16 ministros.
Allí, por ejemplo, se puede leer cuál es el patrimonio bruto de estos funcionarios, cuánto dinero recibió en concepto de salarios, si tiene participación en alguna sociedad y cuánto percibe por ello; además de sus deducciones, sus deudas, entre otros datos.
Asimismo, se puede conocer si el funcionario tiene cuentas pendientes con la justicia y sus antecedentes fiscales y disciplinarios.
LA LEY
En Panamá, el tema está contenido en la Constitución y en la Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la declaración jurada de estado patrimonial.
El artículo 304 de la Carta Magna obliga al presidente de la República, el vicepresidente, ministros, jefes de entidades autónomas y todo aquel que ocupe puesto de mando y jurisdicción a presentar una declaración jurada de su estado patrimonial, “la cual deberán hacer mediante escritura pública”.
En abril de 2015, el procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó sobre el particular. Sustentó que la declaración jurada de bienes patrimoniales, que obligatoriamente deben presentar los funcionarios, “es un documento de acceso libre, o lo que es lo mismo, de acceso público”.
“Esta Procuraduría concluye que la escritura pública contentiva de la declaración patrimonial es un documento público y, en consecuencia, de acceso público, toda vez que no ha sido clasificada como información de carácter confidencial o de acceso restringido por la Ley 6 de 2002 [Ley de Transparencia]”, concluyó González al responderle una consulta que le hizo el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez.
La tesis del procurador de la Administración es respaldada por el artículo 1726 del Código Civil, que dispone: “los notarios expedirán a cualquier persona copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen en el protocolo”.
DESDE EL EJECUTIVO
Este medio consultó ayer al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien coordina el Consejo de Gabinete de Varela, y respondió: “Tengo entendido que algunos ministros sí la hicieron pública a inicios del gobierno. En cuanto al resto de los ministros, hemos cumplido con lo que establece la ley”.
Mientras que Angélica Maytín opinó: “en realidad, de manera inédita, el actual presidente de la República, la vicepresidenta de la República, y mi persona hicimos pública nuestra declaración patrimonial de bienes, al tomar posesión de nuestros respectivos cargos, pese a que la actual Ley 59 de 1999 no nos obliga a ello, sino solo a presentarla ante una notaría y la Contraloría General de la República. Otros funcionarios también lo hicieron, como el alcalde del distrito capital y el fiscal de Cuentas”.
Sobre el caso de Colombia, Maytín aseguró que es “muy positivo”.
Añadió que tienen pendiente realizar un convenio con la Defensoría del Pueblo para explorar formas de mantenerlo actualizado.
Este medio solicitó a la Contraloría General de la República que informara si los actuales funcionarios y los del pasado gobierno cumplieron con su obligación de presentar su declaración jurada, pero al cierre de esta edición no respondieron.
También se le solicitó al exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada que hablara sobre el tema y del propósito del Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, iniciativa que él impulsó, pero vía WhatsApp respondió que está “fuera del país”.
