Panamá gana terreno en lo que a democracia se refiere, según se desprende del último Índice de Desarrollo Democrático (IDD), elaborado por la fundación alemana Konrad Adenauer y la consultora argentina Polilat y divulgado el pasado 26 de enero.
De acuerdo con el informe, el país obtuvo en 2015 un IDD de 7.1 puntos –de un máximo de 10–, lo que representa un incremento de 2.4 puntos respecto a la medición de 2014 –último año del mandato de Ricardo Martinelli–, cuando Panamá tuvo una calificación de 4.7 puntos.
El estudio ubica a Panamá entre los cuatro países con mejor desarrollo democrático del continente americano, exclusivo club en el que también están Uruguay, Costa Rica y Chile.
Mientras tanto, Nicaragua, Venezuela y Guatemala obtuvieron las peores puntuaciones de la región.
Este escenario le permite a Panamá abandonar el grupo de países con desarrollo democrático medio —nivel al que había descendido en 2010— y vuelve a subir de categoría, incorporándose al conjunto de alto desarrollo democrático.
LOS COMPONENTES
El estudio se divide en cuatro partes: respeto de los derechos políticos y libertades civiles; calidad institucional y eficiencia política; capacidad de generar políticas que aseguren el bienestar; y democracia económica.
En el análisis que tiene que ver con el respeto de los derechos políticos y libertades civiles se tuvieron en cuenta aspectos como el voto de adhesión política de los panameños (voto en blanco, participación electoral y voto nulo), los derechos políticos, las libertades civiles de los ciudadanos, la manera como está distribuido el tema de género en el Gobierno, las libertades y el impacto que tiene la seguridad ciudadana en ellas.
En este renglón, el país registró 5 mil 465 puntos, y ocupó el puesto 12 en una lista de 18 países. Con respecto a 2014, ganó 589 puntos. La calificación más alta la alcanzó Chile con 8 mil 449 puntos.
El documento destaca que aunque el resultado final es mejor que el obtenido en la medición anterior, “el país está lejos de alcanzar el mejor valor de la serie, obtenido en 2002”. Agrega que lo anterior es producto del indicador que mide el género en el Gobierno.
Organizaciones civiles y oenegés que impulsan la participación femenina en los poderes del Estado han reiterado la necesidad de que a la mujer se le tenga más en cuenta para ocupar puestos clave en el engranaje gubernamental.
A raíz de este clamor, el presidente Juan Carlos Varela nombró como magistrada en la Corte Suprema de Justicia a Ángela Russo, única mujer en ese tribunal de justicia.
De hecho, el IDD solo le dio 2 mil 398 en lo que a asuntos de género se refiere.
INSTITUCIONALIDAD
En el tema de calidad institucional y eficiencia política, Panamá ocupó la posición número 4 con 5 mil 780. Los primeros puntajes fueron obtenidos por Uruguay (9 mil 485), Costa Rica (7 mil 568) y El Salvador (5 mil 986).
Aquí se destaca el hecho de que Panamá salió del “castigo del factor de anormalidad democrática que se le había aplicado en 2014 por la crisis de institucionalidad que vivió en 2013”.
Se tuvo en cuenta además la percepción de la corrupción, donde el país obtuvo 3 mil 333 puntos, y se valoró el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el papel que en esta sociedad desempeña la Defensoría del Pueblo, la participación de los partidos políticos en la Asamblea Nacional, la actuación de las entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República, entre otros aspectos.
DEMOCRACIA SOCIAL
Al momento de valorar la capacidad para generar políticas que aseguren el bienestar de la población (democracia social y humana), se evaluaron temas sensitivos, como el desempeño de la salud, la mortalidad infantil, el gasto en salud, además del desempeño de la educación: la matrícula secundaria, el gasto en educación; el desempleo urbano y la población que está en la pobreza.
En esta medición, el istmo alcanzó solo mil 227 puntos, es decir, 200 puntos menos que en 2014, o un descenso de 12% con respecto al anterior informe.
Panamá presenta el peor comportamiento con respecto a 2014 pasando del quinto lugar al sexto en el ‘ranking’ regional sobre el tema de la educación y la salud”, dice el informe.
Mientras que cuando se describió la capacidad para generar políticas que aseguren la eficiencia económica (democracia económica), en la medición se tomaron en consideración el índice de libertad económica, el producto interno bruto, la brecha de ingresos, entre otros. En este renglón, el país fue calificado con mil 661 puntos.
LAS PREOCUPACIONES
El excontralor José Chen Barría asegura que aunque en este índice Panamá “está en una posición relativamente alta”, hay aspectos “muy preocupantes” en el país.
“En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey”, dijo el exfuncionario para comparar a Panamá con los demás países de América Latina.
Barría dice que es “preocupante” la situación de los partidos políticos. “Allí [en el IDD] se tocó la falta de confianza de los ciudadanos en los políticos. Los partidos han perdido toda credibilidad”, resaltó.
Para complementar este aspecto, destacó el tema del financiamiento de las campañas políticas. En Panamá, el Código Electoral no obliga a los partidos a transparentar los donantes de campaña.
También se refirió a la crisis que actualmente enfrenta el Órgano Judicial. “Panamá tiene serios cuestionamientos en su sistema de justicia, empezando por la Corte Suprema de Justicia. Eso es preocupante”, dijo.
El informe solo evaluó lo ocurrido en Panamá en 2015, cuando no había estallado la crisis en el Órgano Judicial a partir de las revelaciones que hizo el magistrado Harry Díaz en televisión, en donde habló de corrupción, dejó en evidencia la manera como el entonces presidente Martinelli controlaba ese poder del Estado, y ratificó la existencia de bandos políticos a lo interno del palacio Gil Ponce.
Por su lado, Maribel Jaén, de Justicia y Paz, calificó de “interesante” el IDD. “Lo que nos está planteando este informe es la necesidad de un diseño del Estado distinto. En Panamá se están requiriendo reformas profundas, desde lo electoral hasta cómo está organizado el Estado”, explicó.
Según Jaén, las reformas políticas deben pasar por procesos electorales “mucho más transparentes”, propuesta que es apenas un pequeño paso de lo que se debe hacer.
Manifiesta que pese a que en desarrollo económico Panamá fue bien calificada, “eso no se traduce en mejores condiciones de la calidad de vida de la población”.
“Tenemos el desempleo más bajo pero el empleo informal más alto, y la calidad de los servicios básicos, educación, salud, empleo, son bien precarios”, argumentó.
Agregó que muchas de estas precariedades que enfrenta una buena parte de la población se reflejan al medir la institucionalidad política. “(...) Ese informe se convierte en un desafío no solamente para las élites políticas tradicionales, sino para la sociedad civil organizadas y no organizada”, recalcó Jaén.
LAS RECOMENDACIONES
Pero así como da aplausos, el informe enumera las “oportunidades para mejorar el desarrollo democrático”. Elaboró un conjunto de recomendaciones que, según considera, Panamá debe desarrollar.
En primer lugar, exhorta a que se busque una mayor participación de la mujer en los tres poderes del Estado. También recomienda renovar los esfuerzos para el combate del delito generalizado y el narcotráfico.
Pide hacer más transparente la gestión del Gobierno, así como desarrollar mecanismos de combate a la corrupción, y considera también que es importante fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, al igual que optimizar la eficiencia sanitaria y educativa; además de promover políticas de inclusión hacia un desarrollo equitativo.
La versión del Gobierno
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reaccionó sobre algunas de las recomendaciones que hizo el Índice de Desarrollo Democrático.
En lo que concierne a los asuntos de transparencia, adelantó que la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, prepara un proyecto de ley, que será discutido en Gabinete, el cual promueve la transparencia en las entidades públicas.
“Busca fortalecer la obligación de los servidores públicos en el tema de la declaración jurada de bienes patrimoniales, antes de asumir del puesto y después de que sale”, dijo.
Sobre la participación de la mujer en las entidades, recordó que recientemente el presidente, Juan Carlos Varela, nombró a Ángela Russo en la Corte Suprema de Justicia, y tiene contemplado nombrar a más mujeres en vacantes que existen en tribunales del país, como el de Contrataciones Públicas.