La acusación por parte de la justicia de Brasil es grave: “Panamá es el único país con el que hemos tenido problemas en las rogatorias de Lava Jato”.
El fiscal del departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Brasil, Carlos Bruno, encargado de manejar todo el trámite de los expedientes internacionales de la mega investigación Lava Jato, es contundente: “Quien no nos envía la documentación necesaria es realmente el Ministerio Público de Panamá”.
Se refiere a la rogatoria remitida hace más de año y medio a las autoridades judiciales competentes en Panamá para solicitar datos sobre cuentas bancarias de la empresa offshore Constructora Internacional del Sur, S.A., –abiertas en los bancos locales Multibank y Credicorp Bank- que según las investigaciones en curso habrían sido usadas por Odebretch para hacer pagos de coimas a funcionarios brasileños y extranjeros.
Sin embargo, el Ministerio Público de Panamá sigue sin cooperar. Así lo confirmó a este periódico Bruno, que además se encuentra esta semana en Buenos Aires (Argentina) participando en las reuniones del Gafilat, el ente regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su intención es abordar este tema espinoso con la delegación panameña.
“Intentamos en varias ocasiones llamar a los fiscales de Panamá, incluso fuimos a visitarlos, sin respuestas concluyentes”, explica.
Al fracasar la vía ordinaria de comunicación bilateral entre fiscalías, Brasil interpelará a la delegación de Panamá de este organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los planos nacional e internacional, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Pero no sería la primera vez: “Como las conversaciones con la Fiscalía de Panamá no avanzan, hablamos con la delegación de Panamá en GAFI durante la sesión plenaria de Corea (a finales de junio de este año), pero el e-mail que enviamos después de la reunión ni siquiera fue contestado”, asegura el fiscal carioca.
El diario brasileño O Globo, que también se hizo eco de los investigadores de Brasil, va más allá y considera que la falta de colaboración por parte de las autoridades panameñas se explica porque si los datos requeridos fueran entregados “se revelarían pagos a personas expuestas políticamente en Panamá”.
Desde el Ministerio Público de Panamá señalan que la petición de información es demasiado general y no especifica las transacciones bancarias relevantes, pero tal condición bloquea las pesquisas, según los investigadores.
A este respecto, Bruno señala que Panamá es el único país del mundo que determinó que había un error en la forma de la petición de la rogatoria.
De hecho, todas las jurisdicciones requeridas, menos Panamá, han colaborado en la transmisión de información a las autoridades judiciales brasileñas del caso Lava Jato.
Esto incluye jurisdicciones como Islas Vírgenes, Islas Caimán y Antigua y Barbuda, cuya colaboración en información bancaria, patrimonial, de identidad e información contable vinculada al caso Lava Jato habría mejorado notablemente su imagen.
Según el fiscal, la reticencia de Panamá afectaría directamente a su reputación en la lucha por la transparencia fiscal.
“Sabemos que Panamá será evaluado en 2017. Pero si no recibimos lo que pedimos jurídicamente, nuestra única solución futura será exponer a la comunidad internacional esa postura y hacer el denominado Name and shame”.
Según explica el propio GAFI en su página web, esta etiqueta se usa para “nombrar a los países que no están haciendo un buen trabajo y por lo tanto se les ha animado a conseguir que pongan todo en orden”. “Ya nos habían prometido en Corea que la situación sería arreglada”, reitera Bruno.
Sin embargo, el monto del dinero depositado en las cuentas ligadas a la sociedad panameña no se sabe con exactitud.
Se piensa que asciende a unos 50 millones de dólares y su rastro existe en reportes de operaciones sospechosas que entregaron el año pasado dos bancos locales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Paralelamente a la petición de Brasil, la Fiscalía General de Suiza remitió, en marzo de este año, otra rogatoria a Panamá por el supuesto delito de soborno a mandatarios extranjeros y blanqueo de capitales, en el que se menciona al expresidente Ricardo Martinelli y a dos de sus hijos.
Por otro lado, varios países -como Perú, Uruguay, Suiza o Italia- han solicitado colaboración al Ministerio Público de Brasil para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la Operación Lava Jato, ampliando así las ramificaciones internacionales del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
LO QUE DIJO EL MP
Este medio solicitó una versión sobre el tema al Ministerio Público (MP), y la procuradora Kenia Porcell, respondió que “siempre han estado en disposición de colaborar, para lo cual han suministrado información”.
Añadió que está en “total disposición de atender a los fiscales de Brasil, tal y como se ha procedido con fiscales de otros países para que visiten Panamá, y pueda determinarse la información puntual que requieren”.
A finales de mayo pasado, el Ministerio Público manifestó en un comunicado que Panamá “sí ha cooperado”.
“Hace unos meses cumplimos en remitir la respuesta oportuna a la solicitud de asistencia penal presentada por parte de Brasil, cumpliendo con el principio de confidencialidad...”, se leía en la nota.
“En materia de información sobre cuentas bancarias, se requiere que la solicitud presentada sea más específica, y precisa realizar la otra parte de la colaboración y así cumplir con nuestro derecho interno”, sustentaron.
