Diputados independientes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Popular (PP) presentaron anoche ante el pleno de la Asamblea Nacional una moción para impedir que empresas condenadas por tribunales panameños o extranjeros por diversos delitos puedan contratar con el Estado panameño.
La propuesta fue presentada en el segundo debate al proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.
La moción establece además que, en caso de que la condena sea posterior a la adjudicación del contrato y este haya sido refrendado o esté en etapa de ejecución, la institución licitante evaluará si esta situación puede afectar la imagen local e internacional del país, además de posibles perjuicios económicos. La institución preparará en estos casos un informe con el cual se iniciará el procedimiento de resolución administrativa del contrato.
La propuesta fue presentada por los perredistas Leandro Ávila, Javier Ortega, Iván Picota, Néstor Guardia y Zulay Rodríguez; por Juan Carlos Arango, del PP; y la independiente Ana Matilde Gómez.
El proyecto del Ejecutivo, que se discute no incluye prohibir a empresas extranjeras condenadas por corrupción contratar con el Estado.
PROPUESTA ENCIENDE EL DEBATE
Una propuesta para prohibir a empresas que sean condenadas por corrupción en el extranjero contratar con el Estado panameño generó polémica, al iniciarse ayer el segundo debate al proyecto 305 que reforma la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.
Luego de rechazar el informe de minoría, presentado por algunos diputados de la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), que pedía devolver la iniciativa a primer debate para un mejor análisis, el pleno entró a debatir los artículos del documento y dio inicio al segundo debate del proyecto propiamente dicho.
POLÉMICA
Casi después de cinco horas del debate, los diputados del PRD, Leandro Ávila, Javier Ortega, Iván Picota, Néstor Guardia y Zulay Rodríguez, al igual que Juan Carlos Arango, del Partido Popular (PP) que integra la bancada oficialista, y la diputada independiente Ana Matilde Gómez presentaron una propuesta que modifica el numeral 8 del artículo 16 de la Ley 22 de 2006 .
La moción señala que no podrán contratar con el Estado “las personas jurídicas cuyos dignatarios, gerentes, firmantes de cuenta o apoderados, firmantes de contratos, o accionistas mayoritarios de empresas (que posean 25% de las acciones o más) hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de un año o más, por un tribunal panameño o extranjero dentro de los diez días anteriores a la fecha de convocatoria del respectivo acto público”.
La propuesta establece, además, que en caso de que la condena sea posterior a la adjudicación del contrato y este haya sido refrendado o se encuentre en ejecución, la institución licitante evaluará si esta situación puede generar afectación a la imagen local e internacional del país, además de posibles perjuicios económicos. En estos casos, la institución preparará un informe con el cual se iniciará el proceso de “resolución administrativa del contrato”.
En ambos casos, la inhabilitación se decretará por parte de la institución por un período de entre 3 y 10 años a partir de la condena en primera instancia, y se podrá levantar en caso de que sea revocada con posterioridad.
La diputada Gómez dijo no estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, de no incluir dentro de las inhabilitaciones a empresas extranjeras. “No podemos seguir con una visión localista, cuando nosotros estamos permitiendo que en nuestro país vengan grandes transnacionales a competir y a ganarse las obras públicas o las contrataciones públicas”, manifestó.
Añadió que hasta ahora se ha escuchado a una gran cantidad de servidores públicos, en el caso particular de la constructora Norberto Odebrecht, argumentar que ellos no cuentan con la norma que les impida contratar con el Estado.
“Lo ha dicho el alcalde [José Blandón] , el contralor [Federico Humbert] y lo han dicho los distintos ministros de Estado. Mi pregunta es, si ahora tenemos la herramienta para modificarla, por qué no vamos a incluir esto en esta norma”, señaló.
En tal sentido, la diputada perredista Zulay Rodríguez, quien respalda esta propuesta de modificación, dijo que el oficialista partido Panameñista no tiene interés en aprobar esta moción. “No entiendo por qué tanta protección con esta empresa Odebrecht”, expresó.
“Ellos [el panameñismo] tienen mayoría, pero al final van a aprobar la propuesta que lleve la firma del presidente de la comisión de Economía y Finanzas, el diputado Miguel Salas. Esa será la propuesta que respaldarán”, aseguró.
Frente a esta propuesta, el diputado y jefe de bancada del partido Panameñista, Luis Eduardo Quirós, indicó que todavía se está en el proceso de discusión y nada está aprobado en firme.
Aseguró que, además de esta iniciativa, se presentarán otras que se anunciarán en las próximas horas y que tratan sobre el mismo tema.
“Hay que ser muy cautos en la redacción de este artículo, porque pudiera provocar que eso se demande ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, al poner lo juzgado en el exterior por encima de lo nacional. Al final, se buscará un consenso en el que los sectores representados en la Asamblea estén de acuerdo con lo que se vaya a aprobar”, aseguró.
En el proyecto original sí se establece la inhabilitación para contratar con el Estado de empresas vinculadas en actos de corrupción y manejos inadecuados cometidos en el país, y que hayan sido juzgados por las leyes panameñas.
El pleno se declaró anoche en sesión permanente hasta agotar la discusión y aprobar este proyecto en segundo debate. La Asamblea cierra su período de sesiones el 30 de abril.
NIEGAN INFORME
A horas más tempranas del debate, una parte de diputados de la bancada del PRD presentó un informe de minoría al proyecto 305. “La premura y la velocidad con que se atiende el tema, ha dejado mucha incertidumbre sobre la perspectiva de lograr eficiencia en la contratación del gasto público. La bancada del PRD rechaza el proyecto de ley 305, porque no responde a las expectativas de los ciudadanos, sobre transparencia y eficiencia de la gestión pública”, sostuvo el informe de minoría.
El diputado perredista Benicio Robinson, al sustentar el informe, aseguró que el proyecto no tuvo una debida discusión ni hubo una participación de la sociedad civil como se esperaba en el primer debate.
“Se debe dar un debate, no un madrugonazo de dos o tres días... El PRD está de acuerdo con que este proyecto de ley se pase para la próxima legislatura y se le dé el debate adecuado”, dijo.
Según Robinson, hay artículos de este proyecto que afectan los procesos de compra de la Caja de Seguro Social (CSS) y que corresponden a otra ley. “Se está proponiendo que esta entidad no tenga que hacer sus compras de medicinas como tiene que hacerla y la introducen a la norma general de las contrataciones públicas”, señaló.
Por su parte, el diputado Miguel Salas, presidente de la comisión de Economía y Finanzas, instancia que dio el primer debate al proyecto, defendió la iniciativa del Ejecutivo y rechazó los argumentos de que el documento no fue debatido ni consultado ampliamente.
“Por más de siete meses hubo reuniones para buscar consensos y lograr un proyecto que sea del agrado de la sociedad civil, sectores empresariales, clubes cívicos, asociaciones independientes, abogados, de la clase política y entidades estatales, quienes formaron parte de este debate, haciendo propuestas y construyendo consensos”, señaló.
“Esta ley elimina la licitación abreviada, le pone el cascabel al gato a las benditas consultorías, elimina las compras de orden apremiante y respalda la descentralización, porque permite que los municipios puedan hacer compras hasta por $150 por mil”, indicó.
Aquí, con este proyecto de ley, se está poniendo orden y se está actuando de una manera responsable, dijo Salas.
Finalmente, el informe de minoría fue rechazado por el pleno legislativo.
RECESO
El pleno de la Asamblea Nacional decretó la noche de este martes un receso en la discusión en segundo debate del proyecto de Ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.
El presidente de la Asamblea, Rubén De León, dijo que reanudarán el debate a las 10:00 a.m. de este miércoles, 27 de abril, con la participación de más cinco diputados en la segunda vuelta de intervenciones.
