La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, aprobó este miércoles, 19 de abril, en primer debate el proyecto de ley 488 referente al contrato ley entre el Estado y la empresa Banapiña de Panamá, S.A., subsidiaria de la transnacional frutera Del Monte, que proyecta invertir más de $100 millones en la producción bananera en el distrito del Barú, en la provincia de Chiriquí.
El diputado Carlos Motta, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió el proyecto que busca la reactivación económica de la zona del Barú y sus tierras productivas.
“Hay que reconocer la gestión del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien ha tenido el coraje y la decisión de escuchar el clamor de nuestra gente del Barú e impulsar este proyecto”, dijo.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán explicó que el contrato número 36-2017 entre el Estado y la sociedad Banapiña S.A. cuyas acciones son propiedad cien por ciento de Del Monte Fresh Products y lo que busca este contrato ley es la reactivación de la actividad bananera en el Barú.
Detalló que este contrato tiene un término de 20 años de duración y es prorrogable por 20 años adicionales, e hizo la salvedad que si el concesionario cumple con las condiciones del contrato tiene derecho a prórroga automática con excepción de las cláusulas fiscales las cuales tiene que ser objeto de negociación con el Estado luego de 20 años.
“Con esto lo que se quiere es evitar la situación de otras concesiones que ha dado el Estado como en el tema portuario en las prórrogas automáticas donde el Estado no tiene la capacidad de negociar una cláusula siempre y cuando el concesionario haya cumplido con sus obligaciones”, destacó.
Informó además que la empresa se compromete a invertir 100 millones de dólares en un lapso de siete años en la actividad bananera.
Ese compromiso está garantizado por una garantía bancaria que fue aceptada por la Contraloría General de la República, que refrendó el contrato.
El contrato contempla un arrendamiento de 4 mil hectáreas que son propiedad del Estado y mil 700 hectáreas que son de propietarios individuales que se la arrendarán al Estado y este a su vez la sub arrendará a la empresa Banapiña.
Esta acción explicó el ministro, se da para poder cumplir con la prohibición constitucional en el sentido de que una empresa cuyos accionistas son extranjeros, no pueden adquirir tierras que estén a menos de 10 kilómetros de las fronteras.
El contrato contempla una opción de compra del Estado de las tierras que pertenecen a estos mil 700 propietarios individuales.
Una vez aprobado, el proyecto fue devuelto inmediatamente al pleno legislativo por el presidente de la Comisión de Comercio, Samir Gozaine para su discusión en segundo debate.
