El Tribunal Electoral (TE) plantea que en caso de la nulidad de una candidatura o la inhabilitación de un candidato proclamado ganador en cualquier tipo de elección no se celebren nuevos comicios y se proclame como vencedor al segundo candidato más votado.
Lo anterior forma parte de los ajustes que propone el TE al proyecto de ley 292 de reformas electorales, que fueron presentados ante la comisión legislativa de Gobierno, que discute el tema.
La propuesta cambiaría las reglas de la ley electoral, ya que en las elecciones de 2014, los candidatos cuya proclamación fue anulada en varios circuitos electorales volvieron a correr en una segunda elección.
De igual manera, las modificaciones propuestas plantean que las tarifas de la propaganda electoral ya no serían negociadas por el TE con los respectivos proveedores, como se establecía en el proyecto 292, sino que las radioemisoras y televisoras otorgarían a los candidatos un beneficio único, igual y lineal de 30% sobre las tarifas de compras regulares.
Los magistrados también sugieren que con el financiamiento estatal cada partido político seleccione, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos y candidatas.
El presidente de la comisión de Gobierno, Quibian Panay, aseguró que ya existe un paquete de propuestas de los diputados, que será discutido en la próxima sesión prevista para este miércoles 28 de septiembre.
En tanto, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, aseguró que habrá que ver “si [los diputados] son capaces de pensar en el país y no en sus privilegios partidistas y personales” con las reformas electorales.
TE PIDE AJUSTES AL PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL
El Tribunal Electoral (TE) tiró sus cartas en cuanto a los ajustes que propondrá para el proyecto de ley 292 de reformas al Código Electoral, que reposa en la Asamblea Nacional desde enero de 2016.
En el inicio de la discusión del primer debate de este proyecto, el pasado miércoles, los magistrados del TE presentaron a la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional un paquete de modificaciones al documento original, que se basa en algunas recomendaciones de diversos sectores políticos y de la sociedad civil.
El proyecto 292 estaba congelado desde marzo pasado, cuando hubo un intento por iniciar la discusión, que no prosperó debido a la falta de consenso entre las bancadas de los partidos políticos en el Legislativo.
Aunque en el bloque de modificaciones que presentó el TE no se sugiere ajustes en los temas que los diputados objetan como la equidad de género, el impedimento de que corran para más de un cargo de elección popular ni el monto para el tope del financiamiento privado, el organismo electoral sí recomienda cambios importantes a la ley electoral.
REGISTROS DE GASTOS
Dentro de las propuestas hechas por el TE figuran cambios a los artículos 190-G y 190-H, que establecen la obligación de los candidatos a entregar informes mensuales de ingresos y gastos sobre las contribuciones privadas que reciban para el financiamiento de las actividades autorizadas.
Se incluye como ajuste la entrega de los informes mensuales de ingresos y gastos indicados para el período de las primarias.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN CASO DE EMPATES
De igual manera, los magistrados del TE recomiendan que en los casos en que haya que repetir elecciones por empate se fije un nuevo monto de subsidio, ya que para estos casos en el proyecto 292 no se ha previsto financiamiento público y por lo tanto no podría haber propaganda en las nuevas elecciones, dado que la nueva premisa del sistema electoral es que la propaganda electoral se financie con recursos del Estado.
Para hacer frente a esta situación, se sugiere que se permita a los candidatos que dentro de su tope al gasto de campaña puedan sufragar gastos de propaganda.
Para ello, se propone añadir una frase al artículo 190-L, de modo que cuando hubiere que repetir la elección el nuevo tope será el cincuenta por ciento (50%) del tope anterior; y el periodo para la aplicación de los topes será el de la campaña prevista para la nueva elección.
Solamente en este caso podrán financiarse gastos de propaganda con recursos privados, pero siempre dentro del tope indicado.
INHABILITACIÓN POR IMPUGNACIONES
Otra recomendación es la modificación del artículo 190-O, para que una vez decretada la nulidad de una candidatura o la inhabilitación de un candidato o candidata proclamado ganador, con fundamento en los artículos 190-G, 190-H y 190-M –sobre prohibiciones a los candidatos– no se celebren nuevas elecciones.
En este caso, se proclamará al siguiente candidato o candidata más votado, de conformidad con lo previsto en el artículo 342 del Código Electoral, relativo a la declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección, según las causales, como por ejemplo la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el referido código.
En el evento de que el inhabilitado haya sido responsable y llegado a ejercer el cargo, su suplente asumirá el cargo, salvo que también esté inhabilitado, en cuyo caso se decretará la vacante del cargo y se proclamará al siguiente candidato o candidata más votado conforme lo previsto en el citado artículo 342; sin perjuicio de la obligación de devolver los salarios percibidos por parte de los que hayan ejercido el cargo, por conllevar su proclamación un vicio de nulidad absoluta.
TARIFAS Y MEDIOS
Las tarifas de la propaganda electoral ya no serían negociadas por el TE con los respectivos proveedores.
Se propone que las radioemisoras y televisoras otorguen a todos los candidatos y candidatas un beneficio único, igual y lineal de 30% sobre las tarifas de compras regulares publicadas en la página web de cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.
También se proponen otros cambios en temas de propaganda electoral para los medios de difusión, identificados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 198-D (canales de televisión abiertos y cerrados, por satélite o microondas; emisoras de radio, prensa escrita, internet, redes sociales y cine; centros de llamadas a través de telefonía fija o celular y las demás formas de hacer propaganda, entre otras, volantes, vallas, afiches y artículos promocionales).
En estos casos, solo podrá ser contratada con cargo al financiamiento público preelectoral para circunscripciones de más de cinco mil electores.
En las circunscripciones menores de cinco mil electores, los candidatos y candidatas podrán usar su financiamiento privado para costear propaganda dentro del tope respectivo. Los otros tipos de propaganda podrán ser cubiertos con el financiamiento privado, dentro del tope del respectivo candidato o candidata.
AGENCIA DE PUBLICIDAD OBLIGATORIA
Otra de las propuestas es que cada partido político seleccione, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos y candidatas.
Los partidos que hayan formalizado una alianza electoral, podrán seleccionar la misma agencia.
De igual manera, los candidatos de libre postulación, en circunscripciones mayores de cinco mil electores, también quedan obligados a contratar una agencia de publicidad para pautar propaganda con el financiamiento público del que dispongan.
Los contratos de publicidad serán suscritos por las respectivas agencias con cada medio.
ESPERAN PROPUESTAS
El magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery indicó que las propuestas buscan transparencia y “que con el grueso del dinero legal en campaña tenga que rendirse cuentas al Tribunal Electoral”.
“Si es financiamiento privado, los candidatos tienen que entregar mensualmente un informe de cuánto recibieron y en qué lo gastaron, y el financiamiento público se propone manejarlo a través de las agencias de publicidad”, señaló.
Manifestó que estas agencias, sabiendo que hay prohibiciones con relación al uso de ese dinero, se van a ver obligadas a respetar estas prohibiciones. “El que tenga, por ejemplo, la intención de hacer una campaña sucia a través de ese mecanismo, se expone claramente a que se le identifique y se le sancione”, señaló.
Consideró que con voluntad debe haber tiempo para aprobar este proyecto de reformas con los ajustes respectivos.
“Esperamos que el documento que se apruebe recoja el espíritu de los principios reguladores que inspiran estas reformas. Las propuestas de ajustes al proyecto de reformas nuestras las conocemos y con esas no estamos preocupados, habrá que escuchar las propuestas de modificación de parte de los diputados, que entendemos responden a consensos”, destacó.
Sostuvo que los diputados presentarán una propuesta para fijar un nuevo monto en el tope del financiamiento privado, y enfatizó que aunque la desconoce, mientras se fije un tope y este sea razonable, el Tribunal no tendrá ninguna objeción.
En tanto, el magistrado Heriberto Araúz indicó que hay mucha expectativa por conocer cómo quedará finalmente el proyecto.
“El proyecto 292 no es un proyecto para el Tribunal Electoral, es para que el país tenga una mejor democracia. Reconocemos la facultad de la Asamblea de legislar, pero esperamos que la Asamblea respete esta propuesta en su integridad, bajo el principio de asegurar la equidad en la campaña política, mayor participación y transparencia y rendición de cuentas”, precisó.
Propuestas de bancadas, en secreto
Contrario al Tribunal Electoral (TE), que reveló sus propuestas de modificaciones al proyecto de reformas electorales, los diputados de las diversas bancadas políticas de la Asamblea Nacional mantienen aún en secreto y bajo hermetismo los cambios que propondrán a la iniciativa. A pesar de que el primer debate de este proyecto, que se dio el miércoles pasado, se habría originado tras un aparente consenso entre las bancadas, el presidente de la Comisión de Gobierno, Quibian Panay, manifestó que aún hay conversaciones para afinar las propuestas de modificación que presentarán las distintas facciones políticas. “Ya hay un paquete de propuestas que se presentó durante el proceso de consultas, y hay algunas de los diputados que están en proceso de redacción y de revisión, que serán discutidas en la próxima sesión de este miércoles 28 de septiembre”, precisó Panay. Detalló que hay temas del proyecto en los que aún se conversa y que algunos diputados cuestionan, como el mecanismo de equidad de género, el monto de tope del financiamiento privado, el impedimento para correr a más de un cargo de elección popular, entre otros puntos. Ante la demora de los diputados en hacer públicas sus propuestas de reformas al citado proyecto, Carlos Gasnell, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, indicó que habrá muchos diputados que seguirán sin entender que sus privilegios y vicios del sistema que afectan la calidad de nuestra democracia deben desaparecer y dar paso a reglas del juego que garanticen mayor transparencia, confianza y equidad en la contienda electoral. “Habrá otros que estén dispuestos a aceptar que la ciudadanía cada vez es más intolerante a la corrupción y el clientelismo y sus abusos asociados. Habrá que conciliar posiciones con estos diputados. La Asamblea retomó las reformas electorales. Veamos si son capaces de pensar en el país y no en sus privilegios partidistas y personales”, enfatizó.
El proyecto fue producto de un año de consenso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
