El ingreso promedio de mil detenidos por año en las 22 cárceles del país, las deterioradas infraestructuras de los penales, la falta de custodios, de médicos y programas específicos para la resocialización de los reos son los principales problemas que se pretenden reducir a través de la reforma penitenciaria que ejecuta el Ministerio de Gobierno.
La población penitenciaria a julio de 2014 era de 14 mil 174 detenidos, pero en 2016 se elevó a 17 mil 137 privados de libertad, lo que arroja un incremento promedio de mil internos por año.
Esta población en las cárceles mantiene a Panamá como uno de los países con mayor censo penitenciario per cápita de Latinoamérica, después de Cuba y El Salvador.
LA REFORMA
Desde julio del año 2014, el Ministerio de Gobierno puso en marcha una reforma “integral” en busca del fortalecimiento institucional, acondicionamiento de los centros penitenciarios, rehabilitación de los reos y agilización de sus procesos judiciales, además de una ley que implementó la carrera penitenciaria, explicó la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, a cargo del proyecto.
Romero reconoce que el sistema penitenciario “ha estado y continúa en un estado de crisis”.
Informó que el proceso para abarcar todas las áreas que incluye la reforma penitenciaria fue confeccionado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, además se consultó con expertos chilenos, miembros de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
CARRERA PENITENCIARIA
Uno de los puntos de la reforma, explicó Romero, es la carrera penitenciaria que permitirá un sistema de escalafón para los custodios y todos los técnicos que formen parte del sistema.
Recordó que aunque recientemente se aumentó de $400 a $690 mensuales el salario de los 800 custodios, esa cantidad todavía es insuficiente. Contó que, debido al bajo salario que devengan, hay una elevada cantidad de deserciones.
“La escasez de custodios nos lleva a depender de la Policía Nacional”, precisó.
El borrador para la ley de carrera penitenciaria, que se encuentra en revisión por parte de un equipo del Ministerio de Gobierno y que será presentado en los próximos meses ante la Asamblea Nacional, también prevé sanciones para el personal.
Introducir armas o drogas a un penal, así como extraer información de expedientes serán motivo de despido, según el documento.
“Si los custodios saben que lo que está en juego no solo es una sanción, sino que también pueden perder el puesto, se lo pensarían antes de aceptar algo que, por ejemplo, les ofrezca un reo”.
Romero manifiesta que endurecer las sanciones a los custodios ayudará a disminuir la corrupción en las cárceles.
Los gobiernos han mantenido una mora con la carrera penitenciaria, que se debió implementar hace 13 años, como lo señala en su artículo 32 la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, dijo Romero.
El Ministerio de Gobierno también apuesta por ampliar la Academia de Formación Penitenciaria, donde se preparan los custodios. El centro de formación tiene su sede en Aguadulce, Coclé, y las mejoras a este centro rondan los $280 mil.
ATENCIÓN A LOS RECLUSOS
Otra de las falencias del sistema penitenciario en el cual se enfocará el proceso de reforma es la seguridad en las cárceles que, entre otras cosas, se fortalecerá con tecnología, además de una unidad canina para ayudar en las tareas a los custodios.
Respecto al tema de la atención médica a los reclusos, Romero indicó que se busca aumentar el personal de salud a través de un acuerdo con el Ministerio de Salud.
RESOCIALIZAR
La resocialización de los privados de libertad es otro aspecto que abarca la reforma. Indicó Romero que la resocialización estará sujeta a un proceso de evaluación psicológica del reo y, dependiendo de ella, se les suministrará los programas confeccionados en conjunto con el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.
INFRAESTRUCTURA
Respecto a la infraestructura de las cárceles del país, Romero detalló que el ministerio se enfocará en el acondicionamiento de los actuales centros. “La construcción de nuevos centros penitenciarios no ayudará a resolver el problema del hacinamiento”, dijo. “De nada sirven las paredes, si no hay personal”, acotó.
Explicó que la reforma va encaminada a invertir en la rehabilitación de tres importantes centros, como lo es Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, que actualmente cuenta con 960 detenidos. Esta cárcel se licitará en el mes de mayo. También se mejorará la infraestructura del Centro Femenino de Rehabilitación en Panamá, que cuenta con 930 privadas de libertad.
De igual forma, el Ministerio de Gobierno hará remodelaciones y adecuaciones a La Joya y La Joyita.
HACINAMIENTO, EL DOLOR DE CABEZA
En cuanto al hacinamiento de las cárceles, el Ministerio de Gobierno ha solicitado al Ministerio Público y al Órgano Judicial agilizar los procesos de los privados de libertad.
De los 17 mil 137 detenidos que hay actualmente en las cárceles, el 40% ha recibido una condena por los delitos cometidos. El resto (60%) espera que culmine el proceso.
El país tiene centros que operan al doble de su capacidad. Por ejemplo, la cárcel de David, en Chiriquí, con capacidad para albergar 300 detenidos, tiene mil 73.
Romero reconoció que el problema, en parte, radica en que el sistema penitenciario no cuenta con la información de los detenidos detallada y digitalizada, lo que complica exigirle a las autoridades que agilicen los procesos.
“Ahora mismo, si la procuradora [Kenia Porcell] nos pide información sobre los delitos, el proceso en sí nos tomará tiempo buscarlo retrasando la respuesta” , indicó.
EL COSTO DE UN DETENIDO
Bajar el hacinamiento, rehabilitar y reinsertar a los privados de libertad a la vida en sociedad, es un desafío.
Según Romero, actualmente, no se conoce con precisión cuánto le cuesta al Estado mantener a un privado de libertad, ya que hay varias instituciones involucradas. Pero el Ministerio de Gobierno invierte, aproximadamente, $10 diarios por detenido.
SURGEN CRÍTICAS
Sin embargo, hay sectores que critican la política penitenciaria que ejecuta el Gobierno.
Para Carlos Herrera Morán, miembro del Consejo de Política Penitenciaria y del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (UP), las autoridades mantienen una “suprema morosidad con la modernización del sistema penitenciario”.
Aunque Herrera Morán dijo estar de acuerdo con una reforma integral, señaló que hay cosas que requieren mejoras inmediatas.
Por ejemplo, aseguró que la UP ha propuesto la rebaja de la pena para evitar el hacinamiento. Además de conmutar penas y demás medidas.
El abogado Miguel Antonio Bernal consideró que el sistema penitenciario panameño cada día está más lejos de los parámetros establecidos por organismos internacionales.
Recomendó, por ejemplo, agilizar los procesos para reducir el porcentaje de privados de libertad sin condena.
Repatriación, un difícil proceso
Los extranjeros que han sido detenidos en el país no escapan a la lentitud con que trabaja la justicia en Panamá, incluso para su repatriación.
La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, dijo que uno de los principales problemas que tienen los extranjeros es que la mayoría [el 60%] está en proceso, situación que hace difícil el traslado a sus respectivos países.
Actualmente, la población de extranjeros en las cárceles es mayor a mil 300. Colombia es el país con más detenidos en nuestras cárceles, con mil 110. Le siguen México, con 82, y Venezuela, con 71. República Dominicana tiene 67 detenidos, Costa Rica 59 y Guatemala 46 privados.
En lo que va de 2016 se han hecho seis repatriaciones. En 2015, un total de 41 detenidos fueron enviados a sus países y en 2014 solo 14. Estas pueden demorar hasta un año para cumplirse, debido a los trámites diplomáticos que lleva el proceso.
Dijo que trabajan con el Órgano Judicial y la Cancillería para que ayuden a agilizar los procesos. Sin embargo, muchas veces los propios países de origen de los detenidos se niegan a aceptarlos. “Tenemos países que nos dicen que no pueden aceptar, porque sus cárceles están hacinadas”.
Por ello, han pedido a los cónsules que se preocupen por estos temas. Para el traslado se requiere la sentencia penal en firme, no tener procesos pendientes y la autorización del detenido. Además, hay que verificar si el país al que será trasladado ha suscrito tratados relacionados a la ejecución de sentencias penales.
En el caso de los colombianos, indicó Romero, deben haber cumplido la mitad de la condena. Si no se cumple con estos parámetros no puede haber repatriación.
Panamá ha ratificado con, al menos, 12 países tratados bilaterales de repatriación y ha firmado otros dos convenios multilaterales relacionados a este proceso.
