Mes y medio después de haber sido aprobado por el Legislativo, el presidente Juan Carlos Varela vetó parcialmente, “por inconveniente”, ocho artículos del proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 (de contrataciones públicas).
Annette Planells, del Movimiento Independiente, dijo que, aún con el veto, la ley de contrataciones públicas “es insuficiente para combatir la corrupción y el Ejecutivo está perdiendo una oportunidad de oro de dejar un legado en la lucha anticorrupción y la transparencia”.
Planells se refirió a la decisión del Ejecutivo de no incluir en la ley la inhabilitación a las empresas condenadas por corrupción en juzgados internacionales, a pesar de la solicitud expresa de muchos gremios y organizaciones de la sociedad civil. “Esto va en contra del mensaje de cero tolerancia a la corrupción que debemos mandar local e internacionalmente”, indicó.
Aplaudió, como punto positivo del veto, el pedido que hace el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que incluya al sistema de contrataciones públicas las compras de medicamentos e insumos de la Caja de Seguro Social.
LO BUENO, MALO Y FEO DEL VETO
El proyecto 305, que reforma la Ley 22 de 2006 (de contrataciones públicas), deberá regresar a la Asamblea Nacional, luego de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, lo vetara parcialmente por considerarlo inconveniente.
Un informe del Ejecutivo precisa que fueron vetados por inconvenientes los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de ley 305, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el 29 de abril pasado. Es decir, la decisión del Ejecutivo se concretó casi mes y medio después de que el Legislativo aprobara la iniciativa.
INCLUIR MEDICAMENTOS DE LA CSS
La primera objeción que hizo el Ejecutivo tiene que ver con el artículo 1 del proyecto 305, ya que este excluye de su ámbito de aplicación la compra de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana que realice la Caja de Seguro Social (CSS).
“El texto final presentado a la consideración del Ejecutivo para su sanción, sin embargo, no contiene ni las disposiciones inicialmente propuestas en esta materia ni las introducidas durante el primer debate parlamentario”, indica el informe.
“No se justifica que la CSS se mantenga fuera del alcance de esta normativa, que claramente mejora la regulación previa en sentido de dotar de mayor transparencia y eficacia a la administración pública. Todas las entidades públicas deben adquirir sus medicamentos, insumos y equipos médicos a través de una legislación común”, agrega el informe, divulgado ayer por la Presidencia de la República.
PIDEN AMPLIAR PLAZO
En relación con la publicación de las convocatorias a actos públicos, el Ejecutivo solicitó al Legislativo ampliar los plazos, dependiendo del monto y complejidad de la compra, bienes y servicios a contratar.
En este punto, se vetó por inconveniente el artículo 24 del proyecto 305. “Se trata de uno de los temas que tiene mayor incidencia en los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y obras, y sobre el cual el debate público ha sido importante”.
El Ejecutivo precisó que resulta conveniente modificar la tabla propuesta en el proyecto, de forma que se utilicen como parámetros la adquisición de bienes y servicios que superan los $175 mil, y de obras por más de $7 millones.
ELEVAR LA CUANTÍA
Igualmente, propone elevar el monto para las licitaciones por mejor valor. El proyecto 305 permite esta modalidad cuando el monto es superior a $50 mil. La Presidencia considera que la cantidad debe ser superior, a fin de garantizar que este tipo de licitación “sea utilizado efectivamente para adquisiciones de bienes, servicios u obras con alto nivel de complejidad”.
“Estimamos conveniente abrir a discusión este tema, así como de forma similar en el caso del artículo 35 del proyecto 305, porque puede afectar un importante sector de las adquisiciones del Estado”, señala el informe de la Presidencia, al que tuvo acceso este medio.
CONVENIO MARCO PARA SALUD
También se veta el artículo 36 del proyecto, que modifica el artículo 46 de la Ley 22 de 2006, que establece las reglas que deben seguirse para las licitaciones de convenio marco.
El Gobierno sugiere que se incluya la propuesta introducida en el primer debate por parte de la Asamblea Nacional, relacionada con la facultad que se le atribuye a la Dirección General de Contrataciones Públicas para delegar a las instituciones de salud la celebración de convenios marco y la firma de estos para la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana.
Igualmente, se pide el veto al artículo 50 de la iniciativa, para que se vuelva a adoptar la propuesta presentada en primer debate, consistente en permitir la contratación especial a través de convenio marco para la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros hasta por la suma de $500 mil, en caso de urgencia evidente o desabastecimiento, previa autorización de la máxima autoridad de la entidad licitante.
FIANZAS
En el informe también se pide a la Asamblea objetar los artículos 66 y 77 del proyecto, inherentes, respectivamente, a la constitución de fianzas y al plazo de 30 días para que una institución favorecida decida si paga o sustituye al contratista en caso de incumplimientos.
El Ejecutivo hizo la observación de que el artículo 72 del proyecto 305 señala un plazo de 20 días para las fianzas. En tal sentido, señala que se hace necesario unificar el término, a fin de que exista una mejor comprensión de la norma.
ANÁLISIS DEL VETO
Annett Planells, presidenta del Movimiento Independiente, hizo un análisis sobre lo bueno, malo y feo del veto parcial presidencial al proyecto de reformas a la ley de contrataciones pública.
Apuntó como “lo bueno del veto” la inclusión en la ley de contrataciones públicas del sistema de compras de medicamentos de la CSS, ya que, según su opinión, es en este rubro donde existen más denuncias en la Contraloria General de la República y en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
También señaló como positiva la propuesta de aumentar los días para licitar en proyectos grandes, pues, a su juicio, esto debe garantizar mayor participación de proponentes y cumplir con convenios internacionales de los que el país es signatario.
Además, apreció como buena la petición del Ejecutivo para el aumento del monto de los proyectos que se puedan licitar por mejor valor con evaluación separada. Esto, para que este método solo se utilice en proyectos cuya complejidad lo amerite, indicó.
Entre lo malo, destacó no divulgar el precio de referencia en licitaciones por mejor valor con evaluación separada, ya que ello va en contra de la transparencia y puede fomentar la corrupción, porque le da una ventaja competitiva al que conozca este precio.
Lo feo del veto, a su juicio, fue no incluir la inhabilitación para contratar con el Estado a las empresas condenadas por corrupción en juzgados internacionales, a pesar de la solicitud de gremios y organizaciones, lo que va en contra del mensaje de cero tolerancia a la corrupción que debe mandar el Gobierno local e internacionalmente. “Consideramos que, como está y como quedaría, la ley de contrataciones es insuficiente para combatir la corrupción y el Ejecutivo está perdiendo una oportunidad de oro de dejar un legado en la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de la transparencia”, dijo.
PROCESO
El diputado perredista Quibián Panay explicó que, tras ser vetado parcialmente, el proyecto 305 debe ser devuelto a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, para que esta evalúe el informe presidencial.
Luego de analizar el veto, la comisión debe remitir un informe al pleno de la Asamblea, en el que solicitaría acoger el veto o aprobar el proyecto por insistencia; es decir, como fue remitido al Ejecutivo inicialmente. Para esto último, debe contar con el voto de las dos terceras partes del Legislativo.
La Asamblea Nacional está por estos días en receso y se espera que a partir del 1 de julio, cuando se inicia el tercer período de sesiones ordinarias, comience de nuevo el debate sobre el proyecto de reformas a la Ley 22 de 2006, el cual fue sometido a consideración del Legislativo en febrero de 2016 por el viceministro de Economía y Finanzas, Iván Zarak.
