El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, acudió este lunes 8 de septiembre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar la asignación de su institución correspondiente al año 2026.
Ante los diputados, el funcionario explicó que la Defensoría del Pueblo ha tenido que recurrir a aportes adicionales para poder cerrar el año fiscal, y recalcó que la cifra recomendada por el Ejecutivo no cubre las necesidades reales de la entidad.
Leblanc detalló que, mientras el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se sitúa en $7.2 millones, la Defensoría solicitó $8.5 millones, lo que representa una diferencia de $1.3 millones.
Según dijo, en años anteriores la institución había sido “mesurada” en sus pedidos, conscientes de las limitaciones de la recaudación de impuestos y de los efectos de la crisis internacional, pero ahora resulta necesario un ajuste para garantizar el funcionamiento de las oficinas.
El debate
Uno de los puntos centrales de su sustentación fue el aumento en la partida de servicios personales, con una diferencia de $155,920 frente al monto recomendado.
Este ajuste corresponde, explicó, a la contratación de 10 nuevas posiciones con salario medio, necesarias para el funcionamiento de las nuevas regionales que la Defensoría planea abrir en Chame, Aguadulce, La Boca y Paso Canoas. Esta última, aclaró, ha sido donada en su totalidad por una agencia internacional, lo que reduce costos para el Estado.
El rubro de materiales y suministros también mostró un incremento. Mientras el MEF recomendó $160,420 dólares, la Defensoría solicitó $309,625.
Según Leblanc, este aumento responde al proceso de expansión regional y a la necesidad de equipar las oficinas con herramientas que garanticen un mejor servicio a la población.
Durante la sesión, la diputada de Vamos, Janine Prado, tomó la palabra para cuestionar algunos aspectos puntuales de la ejecución presupuestaria. Su primera inquietud estuvo dirigida a los gastos de representación. Leblanc respondió que, por ley, estos se asignan únicamente al defensor, la defensora adjunta, la secretaria general y los directores nacionales, tal como lo establece la normativa vigente.
Prado también cuestionó el incremento en la partida de alquileres. Leblanc explicó que la Defensoría busca instalarse en nuevas áreas geográficas donde actualmente no tiene presencia, como Chame y Aguadulce, para cubrir provincias que hoy carecen de atención cercana. Argumentó que, aunque el flujo migratorio en Paso Canoas ha disminuido, esa zona sigue siendo estratégica como microcentro de atención en la frontera.
La digitalización
Otro punto de debate fue el aumento en los servicios de transmisión de datos. Según Leblanc, no se trata de un gasto nuevo, sino de la regularización de pagos que ya venía realizando la institución en el marco de su proceso de digitalización. “Nosotros solicitamos lo que realmente nos hemos gastado; el año pasado solo nos asignaron una parte”, puntualizó.
La diputada también indagó sobre los servicios comerciales y de consultoría. Leblanc aclaró que los pagos incluyen seguridad, limpieza y licencias de software como Office y PDF.
En cuanto a las consultorías, aseguró que no se han contratado con fondos de la Defensoría, sino que las que han existido han sido financiadas por organismos internacionales como ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones.
En la discusión surgió, además, el tema de las transferencias corrientes. La Defensoría solicitó $500,300 frente a los $306,839 asignados en 2025, principalmente para el pago de primas de antigüedad y deudas con organismos internacionales. Leblanc admitió que ha habido dificultades burocráticas para registrar estos compromisos, pero adelantó que esperan resolverlos próximamente.
