Durante la mesa de diálogo de Barro Blanco realizada en el día de hoy en Tolé, Chiriquí, representes ngäbe-buglé rechazaron cualquier tipo de compensación a cambio de permitir la construcción de una hidroeléctrica en el río Tabasará.
"No hay nada que negociar", fue una de las frases más repetidas durante la reunión en donde participaron autoridades nacionales, entre ellas los ministros de Gobierno Milton Henríquez y Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez.
Como se recordará a comienzos de febrero de este año, por incumplir aspectos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las autoridades ordenaron la paralización provisional del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se construye en el río Tabasará, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.
En esa fecha, Mirei Endara, la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) -ahora Ministerio del Ambiente-, argumentó que las empresas Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) e Hidráulica San José, S.A. no tenían un plan de manejo de petroglifos y otros hallazgos arqueológicos.
Señaló que tampoco acataron auditorías solicitadas para verificar el manejo de la erosión y la sedimentación en el levantamiento de la presa.
Genisa, S.A., por su lado, informó que, a pesar de que el proyecto tiene un avance de 95%, no había recibido notificación con relación al incumplimiento del EIA.
“La empresa ha cumplido con estos compromisos hasta donde lo han permitido las autoridades comarcales”, indicó Aldo López, vicepresidente y gerente general de Genisa.
Sobre este tema, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que la suspensión temporal del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco "es peligrosa para la inversión".
PATRIMONIO HISTÓRICO
A comienzos de marzo de este año, la mesa del diálogo-conformada por la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), representantes de las comunidades afectadas, una comisión de Alto Nivel del Gobierno y miembros de las Naciones Unidas, llegaron a la conclusión de que los sitios arqueológicos presentes en el río Tabasará son patrimonio histórico de la República de Panamá, como lo establece la Ley 17 del 2002.
Por este motivo, deberán ser debidamente protegidos por el Estado panameño. Además, se acordó que la Secretaría Técnica realizará una presentación para sintetizar los puntos de coincidencia y divergencia sobre los aspectos arqueológicos.
Ministro @AlcibiadesVV participa en la mesa de diálogo de Barro Blanco pic.twitter.com/A4OgjS9DqN
