Un año y cuatro meses han transcurrido desde la sanción de la Ley 82, –la cual tipifica el feminicidio y la violencia contra la mujer–, sin que haya podido reglamentarse.
Liriola Leoteau, directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), expresó que son pocos los avances desde octubre de 2013, al tiempo que admitió que es “una tarea que no puede esperar más”.
La funcionaria destacó que las instituciones no han destinado los recursos para hacer efectiva la ley y garantizar la seguridad a mujeres víctimas de violencia.
Leoteau detalló que en este 2015 ya son 11 las mujeres asesinadas y siete están tipificadas como feminicidio, lo que calificó como intolerable.
Estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, adscrito a la Defensoría del Pueblo, señalan que en el quinquenio 2009-2014 se produjeron 357 muertes violentas de mujeres, la gran mayoría, entre 21 y 40 años.
Herrera, Bocas del Toro, Panamá y Colón son las provincias con mayor riesgo para las mujeres. Este indicador, de acuerdo con las autoridades, tiene un vínculo directo con los patrones culturales machistas y de subordinación de las féminas.
OMISIONES
Joyce Araujo, presidenta de Funda Género, y Juana Cooke, del Espacio Encuentro Mujeres, manifestaron que hay un lento avance de políticas públicas en cuanto a igualdad de género.
Cooke apuntó que entre las tareas pendientes del Estado están la apertura de oficinas y albergues de atención para mujeres víctimas de violencia, dotarlas de herramientas para generar sus ingresos, impulsar la formación del personal especializado para la atención de estos casos y establecer los mecanismos de protección.
Señaló que también deben aplicarse políticas públicas para la promoción de una imagen positiva de las mujeres y la resolución pacífica de conflictos.
En tanto, Araujo expresó que la reglamentación de la Ley 82 “nos ayudará a establecer los parámetros para poder ejecutarla”, por lo cual se ha insistido en cumplir este proceso.
Aunque la activista admitió que los resultados no serán inmediatos, es vital que se aborden otros ejes transversales de forma urgente, como salud, educación, justicia y, en especial, los cambios culturales.
COMPROMISOS
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, el viernes pasado se llevó a cabo el primer encuentro 2015 del Comité Nacional contra la Violencia en las Mujeres (Convimu) en el que se establecieron comisiones de trabajo para dictar las medidas de protección y bienestar a las mujeres.
En el encuentro cada entidad estatal se comprometió a ejecutar sus responsabilidades.
Por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, informó que se tiene un borrador del pliego de condiciones para la licitación de los brazaletes con GPS para personas con medidas cautelares, lo cual ayudará a la protección de la mujer.
Especificó que la licitación será por $2 millones y consiste en la contratación de una compañía que prestará el servicio y administrará el centro con personal de la Policía Nacional.
En tanto, Alcibiades Vásquez, titular de Desarrollo Social, detalló que se negocia con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para que faciliten los fondos necesarios y hacer posible la construcción de los albergues en el país.
Vásquez se comprometió en apoyar al Inamu y al Convimu con todo lo que guarde relación a la prevención y capacitación.
Añadió que estarán vigilantes para que se apliquen las sanciones con rigurosidad a aquellas personas que atentan contra el derecho de la mujer.
Ante la gravedad del tema, el Órgano Judicial aprobó la firma de un convenio para establecer los centros de atención integral de las mujeres en las instalaciones a nivel nacional de esa institución. Sin embargo, falta el equipamiento y los nombramientos.
INICIATIVAS INMEDIATAS
Para hoy, la Defensoría del Pueblo lanzará la campaña “Mujer, conoce tus derechos”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Lilia Herrera, defensora del Pueblo, explicó que se trabajará en temas como: derechos en un proceso de divorcio, derecho a pensión alimenticia, derechos laborales, derechos políticos y la violencia contra la mujer.
